Telefónica batalla en los tribunales desde 2007 con la Hacienda peruana por un asunto tributario para el que ha provisionado 761 millones de euros, tal y como refleja el informe semestral de resultados del operador español, consultado por Vozpópuli. El objetivo de este montante es tener las espaldas cubiertas de cara a un fallo de la justicia favorable a los intereses del país, presidido por Pedro Castillo.
En 2019, la compañía a cuyo frente se encuentra José María Álvarez-Pallete, aprobó unas provisiones de 439 millones de euros (en 2015 esta provisión era de 431 millones de euros). La cifra va camino de duplicarse. Este reciente y considerable incremento en el gasto coincide con un aumento de la presión mediática en torno al asunto.
Medios de comunicación han publicado estos días que la situación estaría a punto de resolverse. Según estas informaciones, el presidente del país sudamericano habría mantenido una conversación con miembros del operador español de la que se desprende que Telefónica estaría dispuesta a saldar la deuda.
La filial de Telefónica en Perú mantiene abiertos numerosos procesos judiciales relativos a asuntos fiscales por el impuesto sobre sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios de 1998 a 2005. Los más relevantes son los de los ejercicios de 1998 a 2001
Desde el operador, tras consultas de este diario, se alinean con lo que decidan los tribunales, algo que lleva días repitiendo a los medios de comunicación. "Desde hace más de 15 años, Telefónica mantiene una disputa con el Estado Peruano sobre cuestiones tributarias, que se viene tramitando ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales. Telefónica tiene la mejor predisposición para resolver este asunto, y respetará lo que dispongan las instituciones competentes. En esa línea, la empresa reitera que cumplirá con las resoluciones que se emitan en relación con las disputas, y además, continuará con su plan de despliegue de fibra y seguirá prestando los servicios de telecomunicaciones que tiene concedidos en beneficio del desarrollo del país".
El origen del litigio entre Telefónica y Perú
La filial del operador español en Perú mantiene abiertos numerosos procesos judiciales relativos a asuntos fiscales por el impuesto sobre sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios de 1998 a 2005. Los más relevantes son los de los ejercicios de 1998 a 2001.
La compañía explica en información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "en dichos procesos continúan abiertas fundamentalmente tres cuestiones: (i) provisión de dudoso cobro; (ii) efectos de la prescripción del año 1999; (iii) intereses de demora en Tribunal Constitucional (TC), a pesar de las recientes Sentencias sobre esta última cuestión".
A día de hoy todas las liquidaciones efectuadas por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, organismo técnico especializado peruano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas del país) de los ejercicios 2000 y 2001 se encuentran pendientes de resolución judicial.
El pasado mes de noviembre de 2021 el Tribunal Constitucional del país consideró improcedente la demanda
en relación con el segundo de los Amparos judiciales interpuestos por Telefónica. Por otra parte, el 23 de junio de 2021 se emitió una sentencia desfavorable del Tribunal Supremo en relación con el saldo a favor utilizable en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2000. Decisiones judiciales que están detrás de los últimos aprovisionamientos de Telefónica.
"Debido a estas sentencias y resoluciones recibidas en junio y agosto del año 2015 el Grupo decidió registrar una
provisión en sus estados financieros consolidados, provisión que, a 31 de diciembre de 2021, incluyendo los
intereses devengados y los impactos mencionados anteriormente, asciende a 2.954 millones de soles peruanos, equivalente a 654 millones de euros a tipo de cambio de 31 de diciembre de 2021".
