El Boletín Oficial del Estado ya recoge las 63 páginas del real decreto-ley para activar el “mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista”. Más conocido como ‘el límite al precio del gas’. El plan estrella en el que lleva dos meses trabajando el Gobierno para frenar el descontrol de los precios de la luz hasta junio de 2023. El plan, una semana después de su aprobación, es una gran incógnita tanto para los consumidores como para las empresas afectadas.
El objetivo de los gobiernos de España y Portugal con esta medida es aprovechar el aislamiento eléctrico que tienen con Europa para intervenir el mercado mayorista de la electricidad. Esta intervención se realiza con un precio máximo de venta a la electricidad de las centrales que usan gas o carbón en su producción. El Gobierno cambia las reglas del mercado para limitar los costes de las centrales que producen electricidad quemando gas, que son los responsables de los altos precios de luz que llevamos pagando un año.
El descontrol del mercado de esta materia prima a nivel mundial, que ha aumentado con la invasión de Ucrania, es el principal responsable de la inestabilidad insufrible que vive el mercado eléctrico desde abril de 2021. Y esta ha sido la nueva solución de los técnicos del Estado para frenar esta sangría. Estas centrales son las últimas que entran en el mercado mayorista de la electricidad y marcan el precio del resto de las tecnologías que producen electricidad. Por lo tanto, la receta del equipo que lidera Teresa Ribera ha sido fácil ante un problema complejo: “si capamos el gas, capamos el mercado”.
"La configuración de un mercado marginalista en el sector eléctrico ha traído consigo importantes beneficios para todos los agentes del mercado, pues ha fomentado la entrada de nueva generación renovable, que ha favorecido la sustitución paulatina de parte de la producción convencional", recuerdan los expertos de la firma internacional de abogados Ashurst. "A pesar de ello, el precio de la electricidad se ha seguido manteniendo estrechamente correlacionado con la evolución del precio del gas, cuyo mercado se está viendo sometido en los últimos meses a las mayores tensiones de abastecimiento y precios de las últimas décadas", añaden.
Pocos beneficiados...
Los beneficiados de esta medida son los hogares y consumidores industriales que pagan sus facturas de la luz dependiendo del precio del mercado mayoristas. O, lo que es lo mismo, aquellos consumidores que tienen la tarifa regulada del Gobierno, que es aproximadamente un 35% del total de todos los consumidores.
Pero los técnicos del Gobierno esperan que se incrementen estos beneficiados. Los nuevos contratos a precio fijo o sus renovaciones en este año disfrutarán de la bajada de precios. Sus previsiones reflejan que en los primeros siete meses se bajará la factura en torno al 15% y cerrará su vigencia, que es de un año, en un 30% menos que si no se hubiese aplicado la medida.
... y pagan estos mismos
Los mismos consumidores se benefician de ello serán los que deben afrontar el coste de esta medida. Los consumidores con la tarifa regulada y aquellos que revisen su factura de precio fijo durante estos doce meses deberán asumir que los productores de electricidad con gas vendan su producción a un precio inferior a los costes.
Los cálculos de los consumidores industriales electrointensivos asociados en AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) apuntan a que el coste de esta medida para los consumidores se elevará hasta un total los 4.100 millones euros. Aunque el Gobierno defiende que será más el ahorro para sus facturas.
Fernando Soto, director general de AEGE, comenta con Vozpópuli que todavía "no se conoce con precisión la demanda que pagará la compensación al gas por el ajuste, al no saber qué volumen de los contratos de suministro a precio fijo se renovarán desde junio y cuánto incrementarán la demanda que financiará los ajustes, ni tampoco el impacto en las rentas de congestión de la interconexión eléctrica con Francia".
Este el coste de limitar el megavatio hora de gas a 40 euros en los primeros seis meses. Y, con una subida de esta tope de cinco euros al mes en esa la última fase, este plan cerrará en mayo de 2023 con un precio de 70 euros. El equipo de Ribera cifra en 50 euros megavatio hora el precio medio con el que se cerrará la vigencia de esta medida. Los actuales precios del gas se acercan a los 80 euros y las estimaciones para este invierno pueden rondar los 100 euros si la tensión de Europa con Rusia sigue su curso.
Bruselas revisa el límite al gas
España y Portugal ya han aprobado la medida. Y la letra pequeña se está revisando por los expertos legales de los grandes afectados. No obstante, el decreto ley no ha entrado en vigor. La Comisión Europea no ha luz verde a esta medida y, hasta que no llegue el sello europeo, los consumidores seguirán pagando lo mismo.
El Gobierno da por hecho que el límite al gas aliviará ya la factura del mes de junio, porque la vigencia del plan ya se sitúa en el 31 de mayo de 2023. Los expertos consideran que en estos días los afectados buscarán defender sus derechos.
Antonio Bañon, especialista en energía y director legal de Derecho Público del bufete estadounidense Squire Patton Boggs, señala que “los agentes del sector han realizado sus inversiones con unos cálculos y expectativas de mercado sobre la base de unos históricos que, tras esta medida, quedan distorsionados. En este escenario, cabría esgrimir argumentos para buscar una compensación. Ahora bien, será fundamental analizar caso por caso la solidez de tales argumentos".
La próxima palabra la tiene Bruselas. Aunque no la última. El sector espera que los afectados por esta medida arranquen desde el próximo 1 de junio una batalla judicial contra el Gobierno pero esta medida 'inesperada'. También está por ver que los consumidores logren que el límite del gas les beneficie más del coste que supone para sus bolsillos. El límite al precio del gas marcará la agenda energética, por lo menos, de los próximos doce meses.
Kj26
"El plan, una semana después de su aprobación, es una gran incógnita tanto para los consumidores como para las empresas afectadas." No se habian dado cuenta que el plan es una estafa. Su unico objetivo es facilitar una disculpa a sindicatos y otros organizados para no tener que salir a la calle