Cristina Cifuentes ya es pasado, aunque siga acudiendo a diario a su despacho de la Puerta del Sol. No hay día sin nuevos detalles del desgraciado episodio del máster evaporado. Detalles que sugieren la existencia de un engrasado mecanismo, que tiene nombre y apellidos, consistente en hacer favores a personajes influyentes sin atenerse a las normas de ecuanimidad y honestidad que deben presidir la conducta de las autoridades académicas.
Poco importa ya si Cifuentes es simple beneficiaria o también cómplice de las irregularidades que parecen haberse cometido. Su destino ya está escrito, y haría muy bien en abandonar su cargo para facilitar la nada fácil gestión de la crisis abierta que tienen por delante los máximos responsables de su partido, y aminorar de paso su propio calvario.
El de Cifuentes ya es un problema de fondo; siempre lo fue. Un fondo en el que aún desconocemos el espesor del fango en él depositado. Pero también podría haber sido un problema de formas, aunque dejó de serlo en el preciso instante en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid tomó la decisión de enrocarse y negar la evidencia. La agonía política de Cifuentes empezó con una estrategia de comunicación errónea, en los tiempos y en los modos.
Cierto que, sabiendo hoy lo que sabemos, ni el mejor estratega podría haberla salvado, pero una mayor celeridad en la respuesta y una inequívoca voluntad de transparencia hubieran podido limitar los daños y habrían desacelerado el proceso de descomposición que a estas alturas ya se antoja imparable.
No obstante, que a Casado le convalidaran 18 de las 22 asignaturas del máster o se le permitiera no asistir a las aulas, son hechos que, en su caso, no cierran del todo la compuerta de la duda
Caso distinto parece ser el de Pablo Casado. Con la lección aparentemente bien aprendida, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha reaccionado de inmediato a las dudas sobre la legalidad del máster que cursó en 2008 (idéntico al de Cifuentes) en la misma universidad. Y dejando al margen las oportunas explicaciones dadas por el dirigente popular sobre las diferencias formales y normativas que regían en aquel año, en contraste con las de 2011, que fue cuando Cifuentes se matriculó, lo esencial es que Casado ha puesto a disposición de los medios, una década después, y en horas veinticuatro, toda la documentación acreditativa de haber realizado las pruebas exigidas para la concesión del título, incluidos los cuatro trabajos que hubo de elaborar por cada una de las asignaturas que cursó.
Sin embargo, es precisamente este hecho, el que la Rey Juan Carlos le convalidara 18 de las 22 asignaturas del máster o el que permitiera la no asistencia del político a las aulas, lo que no cierra del todo la compuerta de la duda, de la lógica sospecha de que alguien había inspirado y autorizado la práctica sistemática de un favoritismo de doble dirección del que se han beneficiado ciertos políticos. De ahí que, aunque sea la universidad la responsable principal de este hábito despreciable, la obligación de Casado y el resto de dirigentes populares, tanto de la Comunidad de Madrid como nacionales, es impulsar la investigación, judicial y política, de lo sucedido, y exigir el máximo castigo para aquellos que han puesto en serio riesgo la continuidad de un proyecto académico en el que muchos confiaron y la legitimidad y solvencia de los estudios de miles de estudiantes.
