No pretendemos en Vozpópuli arreglar un contencioso geopolítico como el de Gibraltar, que dura ya casi 300 años y sobre el que no han alcanzado un punto de acuerdo eminentes políticos y estadistas internacionales en el pasado. El asunto es complejo y de difícil solución, si es que la tiene. Sin embargo, lo que es totalmente denunciable es el hecho de la contaminación de aguas con hormigón y hierro, sean de quien sean, en un atentado impulsado sin precedentes, ordenado desde las altas esferas políticas, que no ha generado reacción entre las altas instituciones; timoratas ante el calado político de la cuestión.
Resulta que cualquier ciudadano puede sufrir penas hasta de cárcel por lanzar una colilla en el campo; puede sufrir una enorme multa si arranca una planta considerada protegida, y le ocurre lo mismo si caza o pesca determinados ejemplares en determinadas zonas o determinadas fechas.
El conductor debe velar por los escapes de su vehículo y el turista pagar tasas ecológicas. El dueño de una casa no puede llenar su piscina con agua corriente, sino que debe acoplarse a las nuevas disposiciones, incorporando nuevas técnicas de conservación, con cargo a su bolsillo, por supuesto. Las empresas deben tener cuidado con sus emisiones a la atmósfera y sus vertidos al agua. Y así, ad infinitum.
La burocracia relativa a la conservación del entorno aplasta a la sociedad con un marasmo de leyes y normas y aun así, es de las pocas cosas en las que hay una coincidencia casi total: es preciso cuidar de nuestro mundo, entre otras cosas porque es quien cuida de nosotros, dándonos luz, agua, aire, alimento y cobijo.
Que un Gobierno lance decenas de bloques de hormigón con hierro al mar es, por encima de todo, una cafrería impresentable. Han sido más de 70 moles, con puntas de hierro y ferralla, con un peso superior a los cuatro mil kilos en total. Oficialmente se ha sostenido que con ello se contribuye a renovar el fondo marino, pero afortunadamente ya ha aparecido una querella criminal ante semejante atentado, acusando, entre otros, al primer ministro de Gibraltar, el polémico abogado Fabián Picardo, por parte de una entidad tan poco susceptible de ser considerada eco-populista o demagógicamente verde como el ‘Club de la Constitución’. Como se puede ver en la demanda de la que informa este diario, el arrojamiento de los bloques de cemento ha causado ya enormes daños ecológicos.
La actitud de las autoridades del Peñón es la de los que saben que tienen detrás un hermano mayor que le va a respaldar en cualquier ocasión, haga lo que haga. Eso lleva al matonismo y a la injusticia más arbitraria. Exigimos cordura internacional, no por cuestiones políticas sino por las puramente ecológicas. Dice un dicho célebre que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Agredirla tendrá consecuencias malas para todos. Apelamos a la cordura, no a la política. Es preciso remediar la salvajada ecológica cometida, a pesar de que Picardo ya ha dicho que prefiere “helarse en el Infierno” antes que dar marcha atrás. La historia ha demostrado suficientemente hacia dónde llevan esas actitudes.
