En la larga instrucción judicial que se sigue en Mallorca en torno a los negocios del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, ayer se produjo la imputación de la hija del Monarca, la infanta Cristina, que une a esa condición familiar la de sucesora al Trono de España en el lugar que le corresponde. La decisión del juez, esperada por unos, deseada por otros e increíble para algunos, exige, en nuestra opinión, que los asuntos que afectan a la Jefatura del Estado, y éste lo es, no se sigan despachando como si fueran ajenos a la responsabilidad, a la transparencia y a la dignidad obligadas de las instituciones y poderes públicos o, lo que es peor, que queden circunscritos al circo de la telebasura o de patio de vecindad que enseñorean nuestra realidad mediática. Creemos que lo acordado ayer, sumado a todo lo anterior, en lo que cabe incluir la noticia reciente sobre la herencia y las cuentas suizas, justifica que el Gobierno, en uso de sus facultades, ponga orden y arbitre soluciones a lo que parece un estado de aguda descomposición de la Corona española.
Mientras no se establezca lo contrario, el régimen político español es el de la Monarquía parlamentaria, cuyo titular, el Rey, está sometido a las reglas y exigencias que se derivan del funcionamiento de la democracia y el buen gobierno del país; y los responsables de que eso sea así, aparte del propio interesado, son el Gobierno y, en su caso, las Cortes. Por eso, siempre nos ha parecido un discurso preconstitucional dar por sentado que los asuntos que afectan a la Casa Real son de la exclusiva incumbencia del Rey, en los que los gobiernos de turno no tienen ni voz ni voto, ni arte ni parte. Lo malo de esa discriminación impropia y antidemocrática es que, ante una cascada de acontecimientos como los que motivan éste comentario, los españoles puedan pensar que sigue existiendo un gueto de impunidad insoportable. El juez de Mallorca, en el ámbito de su competencia, ha invalidado ese pensamiento ante la incredulidad de no pocos españoles.
Problema en la línea de sucesión al Trono
Como es lógico, seguiremos atentos la evolución del proceso judicial de Mallorca y procuraremos huir de la tentación de los juicios paralelos. Sabemos lo que significa procesalmente la imputación de la Infanta y a ello nos atenemos. Si sólo fuera por su condición familiar, probablemente no habría más que añadir, de momento. Pero no es eso, claro está, o no es sólo eso: se trata de una sucesora al Trono, aparentemente involucrada en una trama de corrupción y apropiación de fondos públicos que tiene escandalizada a la sociedad española. Y, además, parece que la Casa Real, o algunos miembros de la misma, han servido de soporte o asistencia de dicha trama. En su día, la justicia resolverá lo que proceda, pero ahora corresponde decidir, política y constitucionalmente, qué ha de hacerse. No vale decir que se respeta la justicia y demás cantinelas al uso, salvo que se entienda que España se puede permitir el lujo de que su Primera Magistratura continúe ensombrecida por los casos de presuntas corrupciones familiares y de sus amistades peligrosas.
Los sucesivos Gobiernos de la nación han abdicado de su responsabilidad en relación con las cuestiones de la Corona. Y a este Gobierno, que trata de ordenar como puede y con escaso éxito la gran crisis española, le toca enfrentarse con los problemas de la Casa Real. Mala suerte. No sabemos qué hará, aunque sí afirmamos que, si aplica la política del escapismo y de la irresponsabilidad de sus antecesores en esta materia, contribuirá a ahondar la brecha de desconfianza entre gobernantes y gobernados, convirtiendo en papel mojado lo poco que va quedando de la Constitución de 1978.
