Tras meses de investigación, la Guardia Civil ha obtenido abundante documentación y un importante registro de llamadas en el marco de la operación Voloh, un nuevo caso de supuesta corrupción en el PDeCat a través de subvenciones de entidades deportivas.

Según los autos del juez Joaquín Aguirre, la Guardia Civil ha aportado abundantes conversaciones grabadas que revelan algunas presuntas irregularidades en las subvenciones a entidades deportivas o fundaciones próximas al PDeCat. El juez de este caso apunta también al tráfico de influencias por el nombramiento de Maite Fandos como asesora en la Diputación de Barcelona con el fin de comprar su silencio y evitar perjudicar a miembros del partido.

Hasta el momento, la operación se ha desarrollado con cinco registros y cuatro detenciones, entre las que se encuentra Fandos; el secretario general del Deporte, Gerard Figueras; el apoderado del Canal Olímpico de Castelldefels, Alex Gallo; y el subdirector general de Gestión y Recursos Humanos del Consejo Catalán del Deporte, Lluís Pallisera. La operación es una continuación de las pesquisas realizadas desde mayo del pasado año.

Guardia Civil sitúa a Fandos como una pieza clave en el caso. Los agentes creen que la asesora del PDeCat ha guardado documentación sobre presuntos casos de malversación. La exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona en la última etapa de Xavier Trias, entre 2011 y 2015. Hasta las pasadas elecciones municipales del 26-M, Fandos había ejercido en distintos cargos de la Diputación de Barcelona, como miembro de la Junta de Gobierno de la institución, diputada delegada de Bienestar Social y vocal de las comisiones de Cultura, Educación y Deportes y de Atención a las personas. 

Según las grabaciones, Fandos pidió ayuda al secretario general del Deporte, Gerard Figueras, debido al  situación de desempleo en la que se encontraba desde los pasados comicios. En concreto, pidió la ayuda para obtener un salario de 70.000 euros anuales y "con una categoría funcionarial de más de setenta".

Los máximos responsables del PDeCat en Barcelona aparecen en el auto

A partir del 1 de septiembre, Núria Marín (PSC), presidenta de la Diputación, designa a Fandos como "personal eventual en calidad de asesora técnica del Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, con un salario bruto de 69.153,56‬ euros anuales. Según el juez, Figueras habría ejercido influencia sobre varios cargos públicos, en especial sobre Meritxell Masó, para conseguir el nombramiento de Fandos en esa institución. 

Aguirre también ha destacado el papel de Neus Munté, exconsejera de Presidencia y actual concejala en el Ayuntamiento de Barcelona por el PDeCat y miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación, que habría influido en otros cargos de la Diputación para nombrar a Fandos como asesora. Eso se habría consensuado presuntamente con David Bonvehí, presidente del PDeCAT, y Elsa Artadi, también exconsejera de Presidencia y actual presidenta municipal de JxCat en Barcelona.

"Lo importante era tener controlada a Fandos, para que no se desbocase y que no explicase lo que no toca", señalaba en una conversación telefónica, intervenida por la Guardia Civil, el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC), Ricard Font, sobre la exconcejal.

Para el juez Aguirre, no se trataba de encontrar un puesto a una amiga, "en caso de que no se
materializase podría descontrolarse y explicar cosas que podrían afectar negativamente a las personas que ostentan cargos públicos" y pertenecientes al ámbito político. 

La propia investigación pone al descubierto las dificultades que tuvieron para encontrar un puesto a Fandos. Como ejemplos, la secretaria general del Departamento de Presidencia, Meritxell Masó, había asegurado que "no había plazas de confianza disponibles y que tenían problemas para encontrar un sitio" a otra persona. La Guardia Civil identifica hasta cinco llamadas en este sentido.

La Diputación, la empresa de colocación ante la pérdida de la Generalitat

Según el auto, se ha constatado también la "enorme preocupación" mostrada por los investigados ante la pérdida de la Generalitat. Por esta razón, JxCat pactó con el PSC controlar la institución. "Sería la Diputación de Barcelona la institución que pretenderían utilizar para colocar a personas de su confianza", ha reseñado el juez Aguirre. 

"Elocuente resultó la aseveración de F. cuando afirmó que estaban colocando a tíos por un puto sueldo que no saben lo que harán y que a la gente con talento la habían dejado tirada", ha señalado el juez, que destaca hasta cuatro conversaciones grabadas.

Las gestiones de Fandos para arrojar luz sobre su futuro laboral llegaron a tal punto que el presidente de FGC habló con "personas con influencia política notoria",  "conversaciones que pusieron de manifiesto las enormes dificultades que estaban teniendo para colocar a regidores". Llegan a decir algunos de los interlocutores que están "histéricos" y propusieron fórmulas para colocar a concejales.

Entre ellas, se señala que Fandos podría llegar a cobrar "a través de alguna fundación subvencionada con dinero público", mientras otros políticos indicaban que estaban ayudando a su "gente de confianza". De hecho, para el juez, las funciones que desempeñará Fandos "estarán lejos de las inherentes a su cargo en la Diputación" pues estarían ligadas a la la candidatura olímpica de los Juegos Pirineus-Barcelona 2030. Hasta en once llamadas se apunta a esta posibilidad.

Los ahora investigados y detenidos hablaban de la candidatura olímpica y su financiación con posibles aportaciones públicas, mientras que el dinero se traspasaría a través de una fundación, un tema en negociación con Gerard Esteva.

Según el juez, el Consell Català de l'Esport (CCE) pagaba publicidad y artículos que se publicaban a las revistas de la Fundación CATmón e Igman, mediante contratos "arbitrarios". Ambas entidades percibían subvenciones de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, incluso por el mismo concepto y justificadas con las mismas facturas. Dos personas y facturas presentadas por FGC y Equacat, la empresa de la Generalitat que gestiona el Canal Olímpico de Castelldefels.

También se investigan las subvenciones que daba el CCE, que las intervenciones telefónicas indican que se concedían con "arbitrariedad y partidismo", junto con las subvenciones en la UFEC, e irregularidades en la devolución de subvenciones asignadas al Consejo del Deporte desde la Conselleria de Presidencia.

Sin control de las subvenciones

Una de ellas afecta a un medallista olímpico español. En otro auto, el Presidente de la Federación Catalana de Gimnasia, le pregunta a G. si referente al tema de un exgimnasta dado que una vez realizada la liquidación de todos los gastos, "ha costado menos de lo que había presupuestado y que el Consell de l’Esport se lo había subvencionado a través de la compra de material. La cantidad asciende entre 5.000 y 7.000 euros menos, si los tiene que devolver, G. le dice que aproveche porque otro da las cosas no irán tan bien". "Ello da idea de la arbitrariedad con la que deciden sobre el destino del dinero público", afirma Aguirre.

También la investigación atribuye a Figueras la decisión de pagar con dinero de Equacat, de la cual es el presidente del Consejo de Administración, publicidad institucional en las revistas de CATmón e Igman, de manera "arbitraria y sin justificación".

En las órdenes de cacheo, el juez Aguirre manda a la Guardia Civil decomisar los expedientes completos de subvenciones de la Secretaría General del Deporte y del CCE en la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas (2015-2019), la UFEC (2015-2019), la Federación Catalana de Gimnasia (2018-2019) y Equacat SA (2014-2019).