No hubo mención explícita, pero si palabras suficientes para buen entendedor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido avanzar si su ejecutivo indultará a los condenados por el procés independentistas en Cataluña, aunque sí ha avanzado cuáles son los fines últimos de su gobierno en este aspecto: "Desde el principio, este Gobierno no ha ocultado sus intenciones" y mantiene su "clara puesta" por la "reconciliación en Cataluña" y por "superar episodios aciagos".
"Tenemos que pasar página", ha incidido ante los medios en la rueda de prensa de balance de la gestión de su gobierno tras el Consejo de Ministros de este martes. Sánchez ha evitado adelantar su opinión sobre la aplicación de la medida de gracia, alegando que se trata de un procedimiento reglado y que el Ejecutivo sólo debe pronunciarse al final del mismo.
Pero sí ha aprovechado para incidir en que el Ejecutivo apuesta "por la reconciliación y la convivencia" en Cataluña, haciendo hincapié en que, para ello, "es muy importante superar episodios aciagos que sonrojan al conjunto del país".
Ha reconocido que ante lo que ocurrió en Cataluña durante el proceso soberanista "nadie está libre de culpa", de modo que ha sugerido "aprender" de los errores y mirar "hacia adelante" para encontrar un espacio de encuentro. Eso es, en su opinión, por lo que "van a apostar" los ciudadanos catalanes en las próximas elecciones autonómicas del 14 de febrero.
Otros miembros del ejecutivo, como la vicepresidenta Carmen Calvo o el ministro José Luis Ábalos insinuaron que los indultos que solicitan para los líderes del independentismo pueden "recuperar la convivencia" en Cataluña. Según Calvo, el indulto "es un derecho que tienen todos los hombres y mujeres de este país si están cumpliendo condena". "Está en la absoluta normalidad y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de los informes", recalcó.
La reforma de la sedición puede esperar
El último Consejo de Ministros de 2020 no ha abordado la reforma para reducir las penas por el delito de sedición, según ha avanzado Vozpópuli. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido a impulsar antes de fin de año esta polémica iniciativa de la que se verían beneficiados los dirigentes independentistas del procés condenados por este delito en el Tribunal Supremo.
El Gobierno había incluido esta propuesta en su Plan Anual Normativo 2020, según el cual, el Ministerio de Justicia se comprometía a tramitar una ley orgánica para la modificación del Código Penal. El programa -que se puede consultar en el Portal de Transparencia- explicaba que “la propuesta de reforma se centra en las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlas en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas”.
La revisión del delito de sedición supondrá una rebaja de las condenas que establece actualmente el Código Penal. Hoy la pena máxima es de 15 años de prisión. Los líderes del procés fueron condenados en 2019 a un máximo de 13 años, aunque a varios de ellos también se les aplicó un delito de malversación. Llevan tres años en la cárcel y se verían beneficiados retroactivamente. Al ver reducidas sus condenas en uno de los dos delitos, adelantarían su salida de prisión y la opción de acceder a beneficios penitenciarios. Pero por el momento tendrán que esperar.
Fuentes de Justicia admiten ahora a Vozpópuli que impulsar esta reforma antes de final de año era la intención de Campo, pero no ha podido ser. No detallan las razones del retraso, pero la propuesta ni siquiera se barajó a finales de la semana pasada en la reunión de secretarios de Estado en la que discuten los asuntos que serán aprobados en el Consejo de Ministros. Otras iniciativas recientes del Ministerio como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sí que estuvieron varias semanas en cola esperando a saltar al Consejo de Ministros.
