Juan Miguel Villar Mir ha logrado que una juez de Madrid investigue las diferentes quejas que ha planteado contra la investigación del caso Lezo, según consta en un escrito de 12 de marzo dirigido al juez Manuel García-Castellón en el que el empresario reclama numerosa documentación del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.
En el mencionado escrito, el letrado asegura que su cliente está personado en concepto de acusación particular en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que está tramitando las Diligencias Previas 1266/2019. Y por eso reclama que se le entreguen copias de las resoluciones y de las notificaciones que considera que perjudicaron a Villar Mir.
Entre las numerosas resoluciones que reclama el empresario, que quiere aportar al juzgado de Madrid, destaca una Diligencia de Ordenación de 11 de enero de 2018, en la que el instructor de la Audiencia Nacional había acordado la toma de las huellas dactilares de Villar Mir. También ha pedido que se le entregue una providencia de 10 de enero de 2018 en la que se cita al empresario a una declaración ante la Guardia Civil, según consta el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Acusación particular
Fuentes del juzgado madrileño confirman la existencia de las pesquisas, aunque aseguran todavía están al inicio de las mismas, por lo que todavía no hay imputados. La juez, antes de decidir a quién llama a declarar, ha reclamado varios documentos a la Audiencia Nacional, que todavía no ha recibido. Lo que está descartado es que las pesquisas puedan referirse a la actuación del juez, que está aforado ante el Tribunal Supremo.
Precisamente, la Sala Segunda del Alto Tribunal ya inadmitió una querella que los abogados de Villar Mir y del yerno de este Francisco Javier López Madrid presentaron contra García-Castellón. Los magistrados no apreciaron que el instructor de los casos Lezo y Púnica hubiera cometido ninguna infracción penal al acordar unas intervenciones telefónicas en las que se grabaron conversaciones del dueño de la constructora OHL con su abogado.
Prevaricación judicial
La querella la interpuso el abogado contra el magistrado por los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. Fue rechazada de plano.
De forma reciente, y ante las continuas críticas y reclamaciones de Villar Mir, la fiscal de anticorrupción Ana Cuenca, que investiga en la Audiencia Nacional el caso Lezo, ha respaldado la legalidad de la instrucción realizada por el juez.
La defensa de Villar Mir lamenta que su cliente fuera imputado "porque unas fuentes ignotas le atribuyeron haber entregado un cheque a determinado investigado". Y según destaca este letrado, dichas "fuentes aportaron a la UCO datos y documentos de origen y medio de obtención de dudosa licitud". Tanto la Fiscalía como el juez han rechazado dar la información de los testigos que alertaron de las actividades presuntamente irregular del empresario.
