El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a las autoridades españolas por permitir varias minas de carbón a cielo abierto en León que infringen las normas medioambientales comunitarias, ya que se implantaron en zonas en las que habitan especies protegidas como el urogallo y el oso pardo.
La Comisión Europea denunció la situación ante el tribunal hace dos años, tras recibir las quejas del colectivo conservacionista "Filón Verde" y el particular Antonio Arias Tronco, según ha señalado su representante legal, Carlos González Antón, quien ha valorado la sentencia y ha criticado la permisividad de la Junta de Castilla y León, que "tiene mucho que decir" al respecto.
El dictamen de los jueces europeos considera que las autoridades no respetaron la protección debida en la región del Alto Sil, propuesta como lugar de interés comunitario (LIC) y posteriormente declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En concreto, se refiere al "carácter inadecuado" de las evaluaciones de impacto ambiental en las explotaciones "Nueva Julia" y "Los Ladrones", en cuyos casos no se tuvo en cuenta que las minas afectaban a áreas pobladas por urogallos y osos pardos. También cita las del "Feixolín", "Fonfría", "Salguero-Prégame-Valdesegadas", "Ampliación de Feixolín" y "Nueva Julia" por incumplir las normativas comunitarias sobre hábitats.
En el caso de "Fonfría" y la "Ampliación del Feixolín" se destruyeron, además, hábitats protegidos en zonas de interés comunitario y, junto con el "Feixolín", causaron perturbaciones "significativas" a la conservación del oso pardo, que se aleja entre 3,5 y 5 kilómetros de los ruidos y vibraciones de las minas -añade-.
La Junta estudia la sentencia
Tras conocer la sentencia, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que el Gobierno autonómico ha cumplido con sus obligaciones medioambientales y que estudiarán la sentencia, que ha calificado de "compleja".
Pese a expresar su respeto a la decisión judicial, ha defendido la actuación de la Junta porque, según ha dicho, "no se ha vulnerado" la ley y la protección de las especies a las que alude el tribunal no se ha visto perjudicada por la actividad de las explotaciones.
Lo contrario opinan la asociación ecologista SEO/Birdlife, que ha reclamado el cierre de todas las minas a cielo abierto ubicadas en espacios de la red de conservación de biodiversidad Natura 2000, así como el movimiento 15M, que el pasado verano acampó en Laciana para pedir el fin de estas explotaciones y que hoy ha exigido la "dimisión inmediata" de todos quienes autorizaron los yacimientos.
El representante legal de los denunciantes iniciales, Carlos González Antón, ha comentado que la sentencia exige a la Junta el cumplimiento de la normativa comunitaria y que, de no hacerlo así, esta podría recibir una "importante sanción" o incluso ver retiradas ayudas europeas a la minería en forma de compensación. En su opinión, el Gobierno regional ha permitido, durante los últimos diez años, que las explotaciones a cielo abierto de Coto Minero Cantábrico (CMC) en la zona funcionaran de manera "ilegal".
El jurista ha insistido en que la Junta debe reclamar a la empresa que complete la restauración del entorno y medidas compensatorias de carácter ambiental, que podrían ascender a "varias decenas de millones de euros", para crear "empleo verde" y reforestar las comarcas de Babia y Laciana.
