El Sabadell es la única entidad que ha presentado una oferta vinculante por la CAM de toda la nómina de aspirantes que han reconocido las cuentas de la caja alicantina. Eso no significa que el Sabadell sea ya el nuevo propietario de la CAM, puesto que el Banco de España debe analizar en detalle la propuesta de la entidad catalana. La difícil digestión que supondrá la CAM puede haber llevado al banco presidido por Josep Oliu a presentar una oferta demasiado cara. En el caso de que el Banco de España decidiera desestimar la oferta del Sabadell, una de las opciones podría ser que la entidad acabase troceada en varias partes. Fuentes del Sabadell declinaron hacer ningún tipo de declaración al respecto.
En ese proceso sí entraría CaixaBank, que aunque ha descartado presentar una oferta vinculante por la CAM, según fuentes financieras, sí ha enviado un escrito al supervisor en el que manifiesta su disponibilidad a la compra de activos. En defnitiva, CaixaBank sí estaría dipuesto a entrar en la pugna en el caso de que la CAM fuese troceada. Una posibilidad a la que también se podrían apuntar algún que otro pujante, como el Santander, BBVA, Ibercaja o incluso el fondo JC Flowers.
Mientras, Barclays ha comunicado al Banco de España su falta de apetito por la CAM. No participará ni en el proceso de ofertas vinculantes ni en cualquier otro proceso que suponga la venta de la entidad por activos.
Hoy concluía el plazo dado por el Banco de España a las entidades que habían participado en el proceso inicial de subasta de la entidad. La negativa de las cinco entidades a participar en la parte formal de la subastas de la CAM se produce después de que el Banco de España ampliara recientemente el Esquema de Protección de Activos (EPA) con el que cubría las necesidades de liquidez de la entidad y las posibles minusvalías que generen sus activos tóxicos inmobiliarios. La cantidad cubierta por el Estado podría ascender hasta los 16.000 millones de euros.
El Banco de España mantiene un hermetismo absoluto en cuanto al número de ofertas vinculantes por la caja alicantina amparándose en la "confidencialidad del proceso".
