En mayo de 2009, el Tribunal Supremo le impuso una condena de dos años, once meses y 29 días de prisión por un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta), pena de la que le quedaban sólo meses por cumplir. El condenado debía haber regresado al centro penitenciario de Alicante II (Villena) el pasado fin de semana después de un permiso, aunque no ha llegado a reincorporarse.
Las fuerzas de seguridad han abierto un dispositivo de búsqueda, sin resultados positivos hasta el momento.
La quiebra fraudulenta de la Caja de Alcoy afectó a más de 1.500 clientes por un montante de 3,7 millones de euros, y se consideró probado que los órganos de administración de la entidad, creada en 1987, hicieron actos que dieron lugar a la crisis y la insolvencia, que condujeron a la suspensión de pagos en 1993.
