El déficit sanitario que vive el estado español afecta cada vez a más farmacéuticos, que ven cómo las comunidades autónomas les adeudan cuantiosas cifras en concepto de recetas impagadas.

Especial problema se les plantea a los boticarios de la provincia de Alicante, que ven cómo su dinero se retrasa en exceso debido a la intervención que sufre la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). Baste como ejemplo el breve ‘corralito’ que vivieron los alicantinos con el pago por parte de la Generalitat de la última factura del mes de julio, cuando hubieron de esperar dos días para recibir un dinero que sus compañeros de Valencia y Castellón, gestionados por el Banco de Valencia, sí habían obtenido.

La factura de un mes de todas las oficinas de la Comunidad Valenciana asciende a 120 millones de euros. El pasado 4 de noviembre los farmacéuticos valencianos aprobaban el plan de pagos que les ofrecía la Generalitat, pero alertaban de movilizaciones en cuanto dicho plan se incumpliera. En aquella reunión estaban presentes los presidentes de los colegios oficiales de Valencia, Alicante y Castellón; Teresa Guardiola, Jaime Carbonell y Jesús Bellver, respectivamente.

El pago se efectuaría en dos plazos. El primero, de 60 millones de euros, tuvo lugar el pasado día 8 de noviembre, y fue el que puso en alerta a los farmacéuticos de Alicante. La Generalitat había abonado los 60 millones, y las provincias de Valencia y Castellón habían recibido su parte; 31 millones la primera, 7 la segunda. Sin embargo Alicante seguía esperando, pese a la reiteración del Consell de haber realizado el ingreso. La explicación era la siguiente; la CAM, al estar intervenida desde hace meses por el Banco de España, necesita de trámites más complejos que tienen que realizar los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para liberar el dinero que entra en la entidad, mecanismos que en principio ralentizan el cobro por parte de los farmacéuticos.

Manifestaciones como protesta

La reacción del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, con cuyo presidente ha sido imposible hablar, no se hizo esperar. Mediante comunicados alertando de la retención del pago convocaban a los colegiados a una manifestación el día 11 a las 10,00 de la mañana en la sede de la CAM. Pero era horas después, sobre las 18,00 de la tarde cuando el Colegio remitía un nuevo comunicado en el que de boca de su presidente admitía que habían cobrado y que el dinero estaba retenido porque faltaban las firmas de los administradores. Se suspendía así cualquier actuación programada a modo de protesta.

Poco después era la propia entidad la que se ponía en contacto con los colegiados comunicando que Banco CAM había recibido la mitad de la facturación de julio, y que el retraso se debía a que la amortización era de la mitad de la póliza, lo que conllevaba procesos financieros más complejos para volverla a activar.

El origen del conflicto está en la póliza de crédito de 50 millones de euros que suscribió el colegio alicantino para poder adelantar los pagos a las farmacias hasta que la Consellería de Sanidad comenzara a hacer efectivo el pago. Con los 22 millones transferidos tenían que volver a liberar otra póliza, según matizaba el presidente del Colegio Oficial de Alicante. Era entonces cuando la caja ni les daba acceso a los fondos ni ponía a disponibilidad del colegio la póliza.

Pese a todo, los farmacéuticos alicantinos todavía no pueden respirar tranquilos, al menos hasta el siguiente pago. El plan aprobado fijaba que a finales de noviembre se abonarían los restantes 60 millones de euros para las tres provincias, mientras que en diciembre se harían efectivos otros 120 millones, también en dos plazos, a principios y finales de mes respectivamente. La factura de diciembre, sin embargo, se ingresaría en febrero, quedando pendiente el acuerdo sobre la liquidación de los meses de octubre y noviembre, según fuentes de los colegios farmacéuticos. Será entonces cuando se compruebe si el retraso en Alicante se debe únicamente a los complejos trámites de autorización o a problemas más severos derivados de la intervención de la caja mediterránea.

Por último, y pese a no sufrir problemas con los pagos, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Teresa Guardiola, ya anunció en la Asamblea de principios de noviembre su intención de dimitir el próximo año si el Govern no cumple con el calendario de pagos que fijaron.