Laurent Gbagbo llegó este miércoles al aeropuerto de Rotterdam, un día después de que las autoridades marfileñas lo entregaran al TPI en cumplimiento de la orden internacional de arresto emitida el pasado 23 de noviembre. El expresidente había sido informado de su traslado a La Haya, en presencia de sus abogados, en el centro de detención de Korhogo (norte de Costa de Marfil), donde estaba encarcelado desde abril, cuando fue detenido por las tropas francesas.
Según informó la Fiscalía del TPI en un comunicado, Gbagbo, de 66 años, ya se encuentra en el cuartel penitenciario del TPI. La primera comparecencia tendrá lugar "próximamente", indicó el Tribunal, sin más precisiones.
Según la Fiscalía, Laurent Gbagbo tiene "responsabilidad penal individual, en tanto que coautor indirecto, en cuatro cargos de crímenes contra la Humanidad, en concreto por homicidios, violaciones y otras agresiones sexuales, actos de persecución y otras acciones inhumanas, que habrían sido perpetradas en el contexto de la violencia postelectoral que ocurrieron en territorio de Costa de Marfil entre el 16 de diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011".
Tras las elecciones presidenciales, Costa de Marfil se sumió en una ola de enfrentamientos entre partidarios de Gbagbo, que se negó a entregar el poder, y de Ouattara, reconocido como legítimo vencedor por la comunidad internacional. Según datos de Naciones Unidas, más de 3.000 personas murieron durante el conlficto.
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Según la Fiscalía, la sala de instrucción número tres ha concluido que hay "motivos razonables" para creer que desde el 28 de noviembre de 2010, día de las elecciones presidenciales, "las fuerzas de Gbagbo atacaron a la población civil en Abiyán (segunda ciudad y capital de hecho de Costa de Marfil) y en el oeste del país". El objetivo de las fuerzas del expresidente eran "los civiles a los que consideraban partidarios del candidato de la oposición", el actual presidente Alassane Ouattara.
Estos ataques fueron "generalizados y sistemáticos, y fueron cometidos durante un largo periodo y en una zona geográficamente amplia, siguiendo un modo operativo general similar". Aparte, "con frecuencia fueron dirigidos contra comunidades étnicas o religiosas específicas, y causaron un gran número de víctimas", agregó la Fiscalía en el comunicado.
La misma sala de instrucción ha concluido que hay "motivos razonables" para creer que Laurent Gbagbo y su entorno inmediato "habían acordado un plan y eran conscientes de que la puesta en marcha de este plan conduciría a la perpetración de los crímenes denunciados". Los acusados "habrían ejercido un control conjunto sobre los crímenes" que se cometían "y aportado una contribición coordinada y esencial para la realización del plan". Por todo ello, Laurent Gbagbo es responsable, en tanto que 'coautor indirecto', "de crímenes contra la Humanidad", destacó la Fiscalía.
CRÍMENES DE LOS DOS BANDOS
La orden de arresto contra Laurent Koudou Gbagbo es la primera que se emite en relación con los hechos de Costa de Marfil, un país que no forma parte del Estatuto de Roma, la norma que rige el TPI, pero que aceptó la competencia del Tribunal de La Haya el 18 de abril de 2003. Más recientemente, el 14 de diciembre de 2010 y el 3 de mayo de 2011, la Presidencia de Costa de Marfil confirmó que aceptaba la competencia del TPI. El pasado mes de septiembre, Ouattara anunció que estaba dispuesto a entregar a su predecesor al TPI si así se le solicitaba.
El pasado 3 de octubre, la sala de instrucción número tres autorizó al fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, la apertura de una investigación, a instancias de éste, sobre los crímenes cometidos en Costa de Marfil a partir del 28 de noviembre de 2010, así como sobre los que se pudieran perpetrar en el futuro en el mismo contexto.
Más concretamente, los jueces autorizaron al fiscal la apertura de investigaciones sobre los crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra supuestamente cometidos tanto por las fuerzas de Gbagbo como por las milicias de Ouattara, entre los que figuran homicidios, violaciones, desapariciones forzosas, encarcelamientos, saqueos, torturas y ataques intencionados contra civiles.
Aparte, la misma sala había pedido al fiscal que le comunicase, en el plazo de un mes, cualquier información relativa a los crímenes cometidos entre 2002 y 2010. Moreno Ocampo respondió a esta solicitud el 3 de noviembre y la sala de instrucción está estudiando en estos momentos si autoriza al fiscal la apertura de una investigación sobre ese periodo.
