El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de "Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno" que recogerá, entre otras novedades, la consideración de delito penal castigado con la inhabilitación para aquellos gestores públicos que oculten facturas en el cajón con las que disfrazar la situación real contable de su administración. La propuesta, adelantada por Vozpópuli, fue defendida hace semanas por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no sin gran polémica, cuyo departamento ha trasladado la iniciativa a vicepresidencia del Gobierno, responsable última de la Ley.
Otras cuestiones como superar los techos de déficit o abordar gastos sin planes presupuestarios que los avalen, también pueden ser objeto de castigo penal. Se trata de una propuesta revolucionaria que exige una reforma del Código Penal, que, según fuentes de Justicia, ya estaría ultimada. Es precisamente al Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón al que le corresponde hacer el trabajo de detalle para que esto no se quede en una mera declaración de intenciones sin contenido. En un principio se hablaba más de vía administrativa que penal, pero, finalmente, se ha decidido lanzar un mensaje inequívoco a la responsabilidad de los cargos políticos en el manejo de los fondos públicos.
En la declaración de objetivos del Anteproyecto se manifiesta que "por primera vez se van a traducir recomendaciones éticas y códigos morales en obligaciones jurídicas con exigencia legal, conductas tasadas y límites claros con un régimen sancionador tanto en el orden administrativo como penal". La futura Ley pretende establecer "las obligaciones de buen gobierno que tienen que cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento".Y es que de haber existido ya esta reforma no hubieran sido pocos los que se encontrarían ahora ante la Justicia. Los déficit disparados por despilfarro o las miles de facturas en el cajón de Comunidades Autónomas por un lado, y de entes locales por otro, habrían acabado con buena parte de la clase política inhabilitada. Se trata de lanzar una nueva señal fuera de nuestras fronteras sobre el grado de compromiso que nuestro país adquiere en el cumplimiento de los criterios de gasto y ahorro, mensaje que preocupa mucho al titular de Hacienda.
También para el poder legislativo y judicial
España es uno de los pocos países europeos que carece de este tipo de normativa. Se pretende que los ciudadanos puedan tener acceso a las contrataciones y subvenciones de la administración, así como conocer el sueldo de los cargos públicos, pero no sólo del poder ejecutivo sino también del legislativo y judicial. Además, la norma será de aplicación a todos los niveles administrativos, esto es, Administración General del Estado, Comunidades autónomas ayuntamientos. Otros objetivos declarados son "ampliar y reforzar la transparencia en la actividad administrativa; reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública y ampliar el sometimiento de la acción de Gobierno a escrutinio público", reformando, llegado el caso las normas que sean necesarias, como el Código Penal.
Ayer mismo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aludió a la Ley de Transparencia durante un acto electoral en Asturias. Dijo que con esta nueva iniciativa buscan "gobernar mejor y que la gente sepa en qué se gasta su dinero o que, si se enchufa a alguien, salga su nombre y apellidos", abriendo la puerta a la exigencia de responsabilidades "a quien haga mal uso" de los fondos públicos. Recordó que el dinero que gastan el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos "no cae del cielo, sino que lo pagan todos los contribuyentes, cuando consumen y pagan el IVA, pagan la renta o compran gasolina" y que por eso quieren que la gente conozca en qué se gasta, informa Efe.
