Golpe de efecto en el caso Villarejo. La Abogacía General del Estado ha comunicado al magistrado Manuel García Castellón que desisten de seguir acusando en la pieza abierta contra Iberdrola por sus encargos a José Manuel Villarejo. Los servicios jurídicos del Gobierno se retiran de esta pieza al considerar que no tienen la legitimación necesaria para seguir acusando en esta parte concreta de la macrocausa abierta por los espionajes del comisario jubilado.
Su retirada, comunicada a la Audiencia Nacional en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, se produce después de que se adhiriera a esta pieza decimoséptima el informe sobre la compatibilidad empresarial de Villarejo (que solicitó el exdirector de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo) así como las cartas que tres exDAO de la Policía Nacional firmaron defendiendo los negocios privados del comisario. La decisión se produce en un momento en que la Sala sigue resolviendo los recursos contra la imputación de Iberdrola Renovables y del presidente de la matriz, Ignacio Sánchez Galán.
De hecho, ambos tienen pendiente declarar ante el magistrado Manuel García Castellón en relación a los contratos que efectuaron al Grupo Cenyt. Grandes clientes de Villarejo que también rinden cuentas ante la Justicia por estos hechos han apuntado siempre que no podían cometer delito de cohecho en tanto desconocían que el comisario jubilado estaba en activo cuando contrataron los servicios de su entramado empresarial.
El propio policía (que volvió a defender su inocencia este miércoles en la Audiencia Nacional) ha insistido en reiteradas ocasiones que clientes como BBVA, Repsol, CaixaBank o Mutua no cometieron ninguna irregularidad contratando sus empresas. De hecho, también ha recordado que la existencia de este informe elaborado por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago (implicado en la pieza Kitchen) demostraba que el Ministerio del Interior le dio luz verde para operar en la esfera privada mientras seguía en activo en la Policía Nacional.
Frente a esta tesis se sitúan los investigadores del caso Tándem. La Fiscalía Anticorrupción siempre ha defendido que los clientes del comisario se beneficiaron de su condición en activo dentro del cuerpo y de sus contactos en el DAO y en la Comisaría General de Información. Anticorrupción sostiene al respecto que, gracias a ello, pudo acceder a bases de datos restringidas y de informaciones confidenciales que le permitieron sacar adelante los servicios contratados.
En lo que a esta pieza concreta se refiere, tanto Sánchez Galán como Iberdrola se han desligado por completo de las prácticas que empleó el comisario jubilado. En un momento clave para la causa (y a menos de un mes de que arranque el primer macrojuicio por sus negocios privados), la Abogacía General del Estado anuncia ahora en un escueto escrito que declina seguir acusando por "falta de legitimación activa".
Cruzada contra el Estado
"Analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación en la presente pieza, esta representación aprecia la falta de legitimación activa respecto de los delitos de que provisionalmente y sin perjuicio de la calificación definitiva que pueda formularse, pudieran ser constitutivos, por lo que mediante el presente escrito nos apartamos de la presente pieza. Ello sin perjuicio de que si en el curso de la investigación se advirtiera un perjuicio para la Administración del Estado, pudiera apreciarse por tal motivo nuestra legitimación como perjudicados", reza la abogada del Estado Rosa María Seoane.
Su salida de la pieza se produce también tras los archivos acordados por el juez para Repsol y CaixaBank así como contra sus 'espadas' Antonio Brufau e Isidro Fainé. El magistrado García Castellón acordó sacarles del procedimiento al considerar -en el caso de las personas jurídicas- que no fallaron sus sistemas de cumplimiento normativo- y en el caso de los expresidentes que no tenían por qué controlar la contratación de un proveedor. Al hilo detalló que de esto se encargaban los departamentos de Seguridad de cada ente, cuyos responsables siguen investigados en las diligencias.
Las cartas de los ex DAO
A falta de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre la decisión del juez, cabe recordar que Repsol amagó incluso con que emprendería acciones legales entre varios de los responsables de esta derivada jurídica, entre ellos el Estado. Muchos de los clientes VIP del agente encubierto insistieron en señalar el Estado como responsable de lo ocurrido basándose en la luz verde que Villarejo recibió de Interior para operar con sus empresas. La misma, de validarse, les libraría del delito de cohecho.
A ello se añade también que la pieza relativa a Iberdrola acaba de incorporar las misivas redactadas por los ex DAO Eugenio Pino (procesado en la pieza de Kitchen), Pedro Díaz Pintado Moraleda y Agustín Linares Molina. Todos ellos plasmaron por escrito que la Policía Nacional era conocedora del entramado con el que Villarejo amasó una fortuna llegando incluso a apuntar que se beneficiaron de estas empresas en algunos casos concretos. La relevancia de estos papeles propició que se les llamara a declarar en otras piezas de la macrocausa que también adhirieron las misivas.
