La abogada y exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, declaró durante tres horas ante el juez de Instrucción número 42 de Madrid que investiga a la formación morada. Según el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la letrada apuntaló la denuncia que presentó su compañero, el también abogado José Manuel Calvente, que dio origen al caso. Carmona dio cuenta de presiones por parte del partido, indicios de delito y riesgo de destrucción de pruebas que afectasen a la Ejecutiva de la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
"Si hubiera visto a las personas dispuestas a colaborar, tanto a la Gerencia como el responsable financiero yo hubiera pedido información. Pero en el momento en el que las circunstancias que me rodean me indican lo contrario es cuando decidimos que esa investigación tiene que hacerse de forma sigilosa porque lo que queríamos era evitar que se destruyeran pruebas", dijo la letrada a preguntas del magistrado Juan José Escalonilla.
Según explicó, Calvente y ella trataron de "evitar que ellos se reunieran para inventarse cualquier tipo de excusa, pero sobre todo porque esa investigación a quien afectaba era al tesorero, Daniel de Frutos, y también a la gerente y que posiblemente pudieran existir otra serie de hechos que pudieran salpicar a otros miembros de la Ejecutiva".
425.000 euros a Neurona
Uno de los puntos fundamentales que investiga el juez son los pagos durante la campaña electoral de los comicios generales de abril de 2019 a una consultora llamada Neurona, con experiencia en asesorar a dirigentes latinoamericanos de izquierdas. El juez sospecha que se hicieron pagos por trabajos que no llegaron a realizarse y este hecho también ha llamado la atención del Tribunal de Cuentas. Recientemente la UDEF de la Policía Nacional ha emitido un informe en el que cifra en más de 425.000 euros el dinero transferido por Podemos a esa firma.
El último pago consta de enero de 2020 desde una cuenta en la figura como apoderado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos y hombre fuerte del partido, Pablo Echenique. Según el relato de Mónica Carmona, la orden de contratar con esta consultora fue de Juan Manuel del Olmo, mano derecha de Pablo Iglesias. Del Olmo, citado a declarar en el marco de este caso como investigado es el secretario de Comunicación de Podemos y director de Comunicación y Estrategia en la Vicepresidencia del Gobierno.
"Lo que nos llamaba la atención es que el administrador de Neurona era Elías Castejón que aparecía en los papeles de Panamá y que esos mismos socios de Neurona Comunidad S.L. eran los mismos socios de Neurona Consulting, que es una sociedad que está siendo investigada en Bolivia por presunta corrupción y a la que está vinculada el señor (Juan Carlos) Monedero porque así lo publicita la propia Neurona Consulting”, declaró Carmona desde Barcelona a través de videoconferencia el pasado 28 de octubre.
Tres preguntas de Fiscalía
El juez extendió su interrogatorio durante casi 50 minutos -sin contar un par de interrupciones por problemas técnicos-. Cuando le tocó el turno a la Fiscalía, apenas lo despachó con tres preguntas y cuatro minutos. El Ministerio Público ya ha trasladado al juez su impresión de que la causa debe circunscribirse únicamente a lo relacionado con los pagos a Neurona, pero descarta la posible existencia de financiación ilegal en Podemos. A su juicio, podría darse el caso de un delito de falsedad o delito electoral, pero recuerda que no es algo achacable al partido como tal sino "a los administradores generales”. Con todo, defiende que la formación siga en condición de imputada porque considera que es más garantista.
Pese a lo escueto del interrogatorio, la representante de la Fiscalía tuvo tiempo de hacer una pregunta a Carmona cuya respuesta compromete de manera directa a Juanma del Olmo: "Quien manejaba el dinero de campaña era el señor Juanma del Olmo. Este es el que decidió contratar con Neurona". Añadió que la información que ella tiene es que la consultora no llegó a prestar ningún servicio para el partido, que eran “contratos simulados” y citó las sospechas que en ese sentido comparte el Tribunal de Cuentas.
En esa respuesta, Carmona aprovechó para añadir que según su información -"y no son rumores es una persona que tiene el conocimiento directo de esos hechos"- la persona que decidió contratar con otra empresa portuguesa llamada ABD "es el señor (Rafael) Mayoral". Se trata de otro de los pesos pesados del partido y una de las personas que se ha mantenido fiel a Iglesias durante todos estos años.
Los sueldos y la sede
Las relaciones entre el partido y esta otra empresa formaban parte de la denuncia inicial presentada por Calvente, pero recientemente el juez decidió dejarla al margen del caso al no hallar evidencias de irregularidad. De hecho, el magistrado impidió a otras partes preguntar por esta cuestión. En la causa, ejercen la acusación popular, el partido VOX y el abogado Aitor Guisasola, presidente de la Asociación MRPE.
Otro de los puntos de la denuncia que confirmó Carmona fue que tanto la gerente como el responsable de Finanzas, Daniel de Frutos, se subieron el sueldo así como a la abogada del partido Marta Flor Núñez. Según dijo la denunciante, fueron unos complementos que no estaban contemplados y además lo hicieron de forma unilateral sin que se aplicase al resto de trabajadores y en un momento en el que ni siquiera se habían aprobado unos presupuestos: "Tendrían que haberlo recogido en la Ejecutiva. Nadie de forma unilateral podía subirse el sueldo".
Asume la denuncia
También denunció las obras de la sede del partido, licitadas por 649.000 euros y que acabaron costando 1,3 millones de euros. Según declaró, las obras empezaron cuando ni siquiera se habían adjudicado oficialmente y nadie y no fue hasta tiempo después cuando se otorgó el contrato a la misma empresa que comenzó los trabajos. Carmona apuntó a que se licitó por un precio muy reducido, imposible de igualar por ningún candidato cuando en realidad se iba a pagar el doble.
“La denuncia fue presentada por José Manuel Calvente que es el que la firmó pero fue circunstancial porque en ese momento me encontraba de baja laboral y no estaba en facultades para poder redactar la denuncia, pero se presentó y se redactó bajo mi responsabilidad porque yo era la responsable de Cumplimiento Normativo”, quiso aclarar la abogada.
Tanto Calvente como ella fueron despedidos del partido a finales de 2019. A su compañero le acusaron de acoso sexual a la abogada a la que le subieron el sueldo. Esos hechos fueron archivados por la Justicia y recientemente el partido admitió que fue un despido improcedente y asumió el pago de 35.000 euros de indemnización. Carmona también está pendiente de un juicio por motivos laborales. En su caso, denuncia que cuando supieron de su investigación interna, le acusaron de querer frustrar las elecciones en Cataluña.
"Era nuestra obligación presentar la denuncia, pero también se interpuso bajo nuestro criterio particular porque considerábamos que existían sospechas fundadas de que existían hechos que podían ser constitutivos de infracción penal. Pero es que más a más queríamos evitar que se trasladara cualquier tipo de responsabilidad hacia nosotros", zanjó.
