“Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país”, dijo Pedro Sánchez en Valencia el 17 de octubre de 2021. “El Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición para hacer de la abolición de la prostitución una realidad”, reiteró Pedro Sánchez en Bilbao el 9 de marzo último. Lo que finalmente ha registrado el PSOE en el Congreso ha sido la reforma de un artículo del Código Penal “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas”, no para abolir la compraventa de sexo. La diferencia entre lo prometido y lo realizado es, aparte de un incumplimiento de palabra, una muestra de la penuria del feminismo orgánico del PSOE y de su lejanía del debate europeo sobre la cuestión, al que no ha sido ajena la London School of Economics (LSE).

Después de pregonar desde el partido gobernante y desde el Ejecutivo la decisión de erradicar la prostitución, lo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista es una proposición de ley calcada de otra de 2022 que amplía la tipificación de proxenetismo y endurece el castigo, extendiendo el reproche penal a los clientes de ese servicio y a los propietarios de los locales donde se preste. Los intentos para terminar con el putiferio son tan antiguos como el oficio más antiguo del mundo, de ahí que ni el feminismo clásico haga un planteamiento tan simplista como el del presidente del Gobierno. De hecho, el nuevo texto legal no considera punible la actividad de las prostitutas por cuenta propia sino que persigue a quienes obliguen, promuevan o faciliten la “obtención de lucro de la prostitución ajena”.

Los anuncios hechos por Sánchez con cierta grandilocuencia quedan en una brevísima ley orgánica que modifica el artículo 187 del Código Penal. La exposición de motivos de esa proposición de ley que carece de referencias socioeconómicas, jurídicas o estadísticas, contempla las actividades delictivas en las que incurren los proxenetas, sus colaboradores y los clientes, sin aparecer en el texto el término abolición ni tampoco el de prostituta que es sustituido por “persona prostituida” o “mujer en situación de prostitución”, de acuerdo con la `normativa´ lingüística que ideó el Ayuntamiento madrileño de Manuela Carmena.

El endurecimiento de penas contra los chulos o proxenetas se inspira, según sus promotores, incluida la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una resolución del último congreso del PSOE en la que se define como “partido abolicionista de la prostitución (…) Los y las socialistas queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acabe con la prostitución”, a la vez que identifica plenamente el mercado del sexo con la trata de seres humanos y propone “ordenanzas municipales que tengan como objeto acabar con la prostitución”, siendo la persecución penal del proxenetismo una vía para conseguirlo. Tanto en las conclusiones de su 40º congreso como en la reforma legislativa ahora presentada, el partido de Pedro Sánchez ignora la atención parlamentaria que ha merecido este asunto en legislaturas pasadas.

Trabajadoras sexuales intervinientes en el coloquio celebrado en la Universidad de Almería

En 2002, gobernando José Mª Aznar, se constituyó en el Senado una comisión especial sobre este tema. Disuelta en 2004 sin emitir recomendaciones, escuchó varias comparecencias como la del sociólogo Pons i Antón, quien señaló a la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) como un lobby con afán monopolístico que explica su discurso abolicionista limitado al sexo de pago callejero. Posteriormente, con Rodríguez Zapatero en la Moncloa, en 2007 una Comisión del Congreso sí emitió conclusiones y recomendaciones centradas en erradicar la explotación más que en un objetivo abolicionista, tras escuchar a feministas como Amelia Valcárcel, Alicia Miyares o Elena Valenciano.

Ninguna de las anteriores ha intervenido en la propuesta presentada por un PSOE que se nutre del limitado acervo jurídico/feminista de la ex ministra y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Siendo la misma persona, Ana Redondo, titular del Ministerio de Igualdad y de ese área en la Ejecutiva socialista, como responsable del feminismodel partido sanchista y del Gobierno tampoco alude en sus intervenciones a las experiencias de los dos sistemas vigentes en Europa para afrontar este problema social, el regulatorio y el abolicionista. Extendido el primero desde Alemania a Países Bajos, Austria, Suiza y Grecia, y el segundo desde Suecia a Finlandia, Reino Unido y Francia, ninguno puede considerarse modelo de éxito a la vista de los resultados obtenidos y de sus efectos colaterales en materias de criminalidad o inmigración, pero sobre ellos pivotan los debates en el Viejo Continente.

Las feministas españolas clásicas y más académicas advirtieron hace años contra la regulación ideada en Alemania con requisitos y garantías laborales y sanitarios para las prostitutas, que pretenden aportar honorabilidad a traficantes y empresarios del sexo. En España, no obstante, una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023 obliga a los clubes de alterne a dar de alta a sus empleadas en la Seguridad Social aunque sean prostitutas por cuenta propia. Del modelo abolicionista originario de Suecia, que ahora imita parcialmente el PSOE, se ha ocupado un policy paper de la London School of Economics, que partiendo de la experiencia sobre los efectos nocivos de la criminalización del comercio sexual en los países nórdicos, recomienda hacer lo contrario: facilitar formación y empleo fuera del mercado del sexo, reconocer el trabajo sexual como actividad económica sometida a la normativa fiscal, etc.

Dos días después de que Patxi López registrara la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, el Salón de Grados de la Universidad de Almería acogió un coloquio sobre migración, trabajo y prostitución a cargo de cuatro “trabajadoras sexuales activistas” identificadas como Vera, Sharon Raw, Dana Pereyra y Judith Fortine, dentro de la campaña de la plataforma StopAbolición contra la reciente iniciativa del PSOE. Las intervinientes en ese acto presidido por el lema académico In Lumine Sapientia, con patrocinio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y del Laboratorio de Antropología Social y Cultural, desgranaron sus reivindicaciones desde posiciones contrarias a la explotación y la trata, pero también a la persecución de la actividad mercantil de los llamados servicios sexuales..

StopAbolición pretende intensificar su campaña contra la reforma en marcha calificándola de “acto de hostilidad que profundiza el estigma de las trabajadoras sexuales, interfiere nuestra libertad y nos condena a la clandestinidad”. Aparte de los empresarios del comercio sexual que estén detrás de esa plataforma, destaca en ese frente el sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), legalizado plenamente desde 2021 y dotado, incluso, de un Ideario con valores como la horizontalidad, la transparencia y el antirracismo. OTRAS se definen como “profesionales del sector económico del sexo y contribuimos al beneficio contable del país (…) Somos personas con diversidades ideológicas y sexuales, adscritas a la corriente del feminismo interseccional y anticapitalista”.

Ese sindicato hace tiempo hizo llegar a los grupos parlamentarios una propuesta de modificación del Código Penal que castigue a los proxenetas y la trata, pero no a los empresarios del sector, ofreciéndose a colaborar con la Seguridad Social en la detección de falsas autónomas prostitutas. No entran, sin embargo, en la dimensión económica, social y laboral del mercado del sexo, que por su clandestinidad u oscurantismo es objeto de especulaciones y cálculos aproximados. La ponencia sobre prostitución de la Comisión del Congreso de los Diputados de 2007 recogió datos bastante aproximados de aquella época (ver cuadro adjunto), cuantificando lo que mueve ese sector de economía sumergida entre un 2 y un 4% del PIB, con 15 millones de usuarios atendidos por 400.000 `prestadoras´, cifra que desde OTRAS reducen a la mitad.

Los datos que ofrecen el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial están centrados en la criminalidad alrededor del putiferio, como tráfico de drogas, explotación de menores e inmigración ilegal y en menor medida sobre el proxenetismo. Estos son los más escasos dentro de los delitos contra la libertad sexual registrados en 2021, que fueron 229, correspondiendo también a ese tipo de delincuencia las penas de prisión más cortas. Paradójicamente, el Instituto de las Mujeres no menciona la prostitución ni el proxenetismo en las 148 páginas de su macro informe Mujeres en cifras (1983-2023) publicado el año pasado por el Ministerio de Igualdad, ni cuando se ocupa de los delitos contra la libertad sexual. De igual modo en la Fundación Mujeres, ligada al PSOE y con abundante financiación pública, ninguno de sus 48 programas de empoderamiento de la mujer desarrollados desde 2022 se dedica a las atrapadas en la inmigración irregular y la explotación sexual.

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