La universidad española está preocupada por el afloramiento de abusos y agresiones sexuales, que se producen en especial entre los estudiantes de más reciente incorporación a los campus y fuera del horario y del recinto académico.
El que se conozcan más agresiones obedece a que hay más denuncias y también al avance "muy preocupante de la pornografía, cada vez más violenta, que genera modelos de conductas sexuales rayanas en el abuso", explica a EFE la rectora de la Universidad de Huelva y nueva delegada de Igualdad de Crue Universidades Españolas, María Antonia Peña.
"Se puede intuir que este tipo de comportamientos existían antes, pero no había la misma conciencia de que había que denunciarlos", subraya Peña.
La unidad de Igualdad de la Complutense, la universidad presencial más grande de España con 80.000 alumnos, ha abierto 70 expedientes por acoso desde 2017, a los que se suman entre 30 y 40 casos por violencia machista y varias agresiones sexuales, explican a EFE su directora, Magdalena Suárez, y la delegada del rector para la Igualdad, Isabel Tajahuerce.
Sin embargo hay que tener en cuenta que la Complutense "no representa la media" del sistema universitario español, ya que las cifras que arroja están muy condicionadas por su enorme dimensión y las "complejidades" del territorio en el que se ubica. "La mayor parte de las universidades contabilizan entre tres y cinco casos", explica María Antonia Peña.
Temor a represalias
Todas las universidades, salvo cinco que ya están dando pasos en esa dirección, tienen unidades de igualdad. Reflejan situaciones muy heterogéneas, aunque la mayoría de los casos que atienden tienen un "componente jerárquico", del profesorado sobre el alumnado, agrega Peña.
Se abren muchas consultas y vienen a asesorarse a las unidades pero luego no se formaliza en una denuncia. Estamos intentando que se rompa con ese clima de temor a la denuncia".
Una de las cuestiones que más preocupa a estas unidades, la mayoría de la cuales tienen sus protocolos para la prevención, detección y actuación ante situaciones de acoso, es que -como en el resto de la sociedad- la falta sensibilización. "Hay muchas personas que no se atreven a denunciar".
"Se abren muchas consultas y vienen a asesorarse a las unidades pero luego no se formaliza en una denuncia. Estamos intentando que se rompa con ese clima de temor a la denuncia. Hay una parte que aflora pero otra queda ahí, a veces por vergüenza mal entendida o por temor a represalias".
A la hora de aplicar los protocolos "tenemos muchas limitaciones porque en general la persona que llega con un problema grave también lo lleva al juzgado. En el momento en el que el tema se judicializa nosotros adoptamos medidas cautelares para que la cosa no vaya a más", recalca la nueva delegada de Igualdad de la Crue.
Acoso sexual en la vida privada
Otro problema al que estas unidades se enfrentan a diario es hasta dónde pueden llegar cuando conductas como el acoso sexual se producen en el espacio de la vida privada.
En general, según el último informe elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), las personas denunciantes prefieren alguna actuación informal para que cesen los comportamientos y no abrir un procedimiento que pueda conducir a una sanción.
Los casos de violencia machista, de acuerdo con la Red, no se suelen cerrar con la gestión burocrática de los mismos, sino que con frecuencia requieren mantener en el tiempo apoyo psicológico, jurídico o de gestión académica.
Durante la pandemia, la unidad de Igualdad de la Complutense creó un dispositivo de ayuda psicológica y otro de asistencia social, al que han recurrido no solo alumnado, profesorado y resto de plantilla universitaria, sino también personas de fuera, afirman a EFE su directora, Magdalena Suárez, y la delegada del rector para la Igualdad de la UCM, Isabel Tajahuerce.
El dispositivo de atención social, que en todo momento asegura la confidencialidad, da respuesta a situaciones de violencia machista, conciliación, dependencias y dificultades económicas, entre otras muchas.
Sanciones
Una vez que se activa el protocolo se traslada la situación a la Inspección de Servicios para que abra, en su caso, un procedimiento sancionador.
Estas situaciones frenan los ascensos profesionales. "¿Quién pide más horarios reducidos?. Ellas. Lo que explica, por ejemplo, por qué hay solo un 25 % de mujeres catedráticas".
Desde el 1 de enero de 2017 se han registrado 70 casos de acoso y se han resuelto todos", explican Suárez y Tajahuerce, cuya unidad recibe un promedio semanal de cinco a siete consultas.
En ocasiones es necesario informar de los hechos a la Fiscalía o se aconseja a la víctima de una agresión sexual presentar denuncia ante la policía o juzgado, ya que es la única que tiene la potestad de hacerlo.
En todo caso, la unidad de Igualdad le prestará la atención psicológica o social que requiera (gratuidad de tasas, ayudas para pagar la vivienda...).
El acoso, advierten las dos responsables, no se produce solo de profesor a estudiante sino también de alumno a alumna y entre los propios profesores.
Por otro lado, Suárez constata que el acoso laboral es cada vez más "refinado" y "curiosamente" se dirige siempre contra la mujer, en especial las que tienen una mayor necesidad de conciliación.
Son aquellas que se ocupan del cuidado de los padres u otras personas mayores o con discapacidad, o las familias monomarentales.
Ascenso profesional
Estas situaciones frenan los ascensos profesionales. "¿Quién pide más horarios reducidos?. Ellas. Lo que explica, por ejemplo, por qué hay solo un 25 % de mujeres catedráticas".
Pese a los avances, las cuestiones de paridad y desigualdad, siguen siendo "muy graves" y para cuantificar y analizar en profundidad estos problemas -entre ellos la brecha salarial- se ha realizado una auditoría dentro de la universidad.
Las dos responsables de igualdad de la Complutense coinciden en reivindicar un régimen sancionador específico y único para las universidades públicas porque ahora se aplican los protocolos y se derivan a inspección de servicios.
Según los últimos datos proporcionados a EFE por el Ministerio de Educación, las solicitudes de becas de víctimas o hijos de víctimas de violencia de género ascendieron a 302 en 2020-2021 frente a las 131 del año anterior en los niveles universitarios, mientras que en la etapa no universitaria la cifra pasó de 392 a 485.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
