El magistrado Luis Aláez imputa a los tres últimos presidentes de Adif por “la desconexión del ERMTS”, un cambio “que conllevaba una evidente pérdida de seguridad”. “Hubo un vacío de previsión y de respuesta ante el error humano”.
El tercer auto del juez que instruye el trágico accidente ferroviario de Santiago de Compostela (79 muertos el pasado 24 de julio) es tan demoledor como sus dos anteriores. El escrito llama a declarar a 22 personas en calidad de imputados, entre los que se encuentran los tres últimos presidentes de Adif (el actual, Gonzalo Ferre, y sus dos predecesores, Enrique Verdeguer y Antonio González Marín) y otros directivos. También al exdirector de Seguridad, “por la desconexión del sistema ERTMS” en el Alvia S-730 y la circulación con ASFA digital y señalización lateral”, un cambio que “conllevaba una evidente pérdida de seguridad en la circulación”.
Los párrafos del magistrado Luis Aláez no tienen desperdicio. “Dicho cambio”, agrega, se hizo efectivo “sin exigir adicionamiento alguno que reforzase la seguridad, como podría ser la instalación de balizas”. A los pocos días del fatídico descarrilamiento en la curva de A Grandeira, fueron acopladas decenas de balizas en varias zonas similares a la de la catástrofe sobre las que circularan trenes con sistemas de freno idénticos.
“Los responsables de la seguridad en la circulación de Adif autorizaron el paso de un proyecto –el cambio de ERTMS a ASFA, ordenado en junio de 2012- con un sistema de seguridad que parte de la alta probabilidad del error humano”; se trata de “un sistema vacío de previsión y de respuesta ante el fallo humano”.
“Eso es lo que es objeto de reproche, ya que sobre aquellas personas de Adif pesa el deber normativo de garantizar la seguridad en la circulación sobre cualquier otro objetivo del sistema ferroviario; y sin embargo “en este caso se han dejado primar otros intereses otros intereses no clarificados, como acortar el tiempo de viaje entre Ourense y Santiago”. El magistrado termina hablando del “déficit en la seguridad” con “grave riesgo para la vida e integridad de las personas” que se mantuvo hasta el día del accidente.
