Josep Antoni Rosell, el director general de Infraestructuras de Cataluña (antigua Gisa), empresa pública de la Generalitat encargada de las adjudicaciones más jugosas del Govern, se ha quedado sin pasaporte porque el juez le ha dejado en libertad con cargos y prohibición de salir de España, por su implicación en el escándalo de las comisiones del 3% (caso Petrum).
La Fiscalía cree que el 'número dos' de la sociedad pública dependiente del Gobierno de Artur Mas "manipuló" un buen número de expedientes de contratación para favorecer a aquellas empresas que se portaban bien, vía donaciones, con las fundaciones de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Rosell, que aún no ha sido destituido de su cargo público pese a las actuaciones judiciales contra él, trató desesperadamente que el principal donante de las fundaciones del partido, Aguas de Barcelona (Agbar), no dejara de serlo.
Rosell se mostró a favor de anular la adjudicación de ATLL a Acciona al margen de la Mesa de Contratación: su objetivo era influir para que Agbar se quedara con el contrato de 1.000 millones
Hizo todo lo posible para que la Generalitat anulara la mayor privatización de su historia, la de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), que por 1.000 millones de euros fue adjudicada en 2012 al consorcio formado por la empresa madrileña Acciona y la brasileña BTG Pactual. Agbar fue la gran derrotada en este concurso.
Así se pone de manifiesto en los correos electrónicos que Vozpópuli publicó el pasado febrero y que ahora cobran actualidad, tras el estallido del escándalo de las comisiones del 3%.
Rosell obró sin éxito, pero con una medida estrategia. El responsable de infraestructuras era consciente de la necesidad de que la Generalitat cobrara los primeros 300 millones de euros de esa privatización, para poder maquillar las cuentas públicas de 2012 y afrontar el pago de las nóminas de los funcionarios catalanes.
Acciona y BTG Pactual hicieron el pago unos días antes de que terminara el año, pero el mismo día 2 de enero de 2013, primer día hábil del año, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que ya había suspendido la adjudicación de forma cautelar pero la mantuvo para permitir el pago de 300 millones, decide finalmente anular el proceso.
Detrás de esta decisión están, según las investigaciones, las opiniones que Rosell y de otro alto cargo de Infraestructuras de Cataluña, Albert Farreras, director de obras hidráulicas, que fueron realizadas al margen de los procesos oficiales.
Rosell y Farreras mandaron un email de dos folios al director del OARCC destacando las modificaciones del calendario en las que incurrió el adjudicatario
Rosell y Farreras mandaron un email con dos folios al máximo responsable del OARCC, Juan Antonio Gallo, en el que argumentaban por qué había que quitarle la adjudicación a Acciona-BTG y, por ende, dársela a Agbar.
Señalaban los dos altos cargos de la Generalitat que había habido defectos en el proceso, como "la modificación del calendario de obras", lo que tendrían "un efecto directo en la tarifa", según se desprende de la información aportada ante el Tribunal Supremo, que tendrá que decidir sobre el fondo del asunto.
Según las fuentes consultadas, Rosell, con su email, trató a toda costa que el OARCC declarase nula la adjudicación, para que Agbar, como único competidor, se quedara con ATLL. Lo hizo en un momento muy complicado para las relaciones entre la compañía controlada por el grupo estatal francés Suez Environnement y la Generalitat.
Aguas de Barcelona aportó a CatDem, la Fundación de CDC, donaciones por valor de 855.000 euros entre 2008 y 2012. Era el mayor donante del partido que sustenta a Artur Mas, pero dejó de pagar en 2013, después de quedarse sin el gran contrato de 1.000 millones de euros por 50 años.
Agbar, tras quedarse sin ATLL, dejó de hacer donaciones a la Fundación de Convergencia, después de haber aportado 855.000 euros entre 2008 y 2012
Rosell trató de revertir esta situación y el cabreo de Agbar por no ser la adjudicataria. De hecho, las opiniones de Rosell y Farreras se hicieron al margen de la Mesa de Contratación liderada por la propia Generalitat, en la que está presente el primero de ellos como responsable de Infraestructuras de Cataluña.
Ningún otro miembro de esta Mesa recibió el correo de Gallo pidiendo opinión sobre si la adjudicación a Acciona-BTG era correcta. Según el consorcio adjudicatario, lo que hizo el OARCC es acudir al "auxilio clandestino" de estos dos altos cargos, al margen de los cauces judiciales, para justificar su decisión de quitar ATLL a sus nuevo dueños con el objetivo de que la anulación redundara en beneficio de Agbar.
El proceso se empantanó, Agbar dejó de abonar sus donaciones a CatDem, que en los años anteriores fueron aportadas por cinco de sus filiales, el Supremo declinó tomar medidas cautelares y la sentencia llegará el año que viene. Mientras tanto, Acciona y BTG gestionan ATLL, a la espera de la decisión del Alto Tribunal.
