Los dos altos cargos del Gobierno canario imputados en la causa del 'tito Berni' se oponen a que la Policía Judicial inspeccione sus correos corporativos. La defensa del viceconsejero del sector primario de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany, y de la jefa de Servicio de este sector, Estefanía Margarita González Núñez, han trasladado a la juez su negativa a la diligencia avisando de que "saldrían a la luz datos sensibles"

En un escrito remitido a la causa y al que tenido acceso Vozpópuli la defensa de los cargos recientemente imputados en el caso Mediador explica que se opone a facilitar los correos por varios motivos. El primero de ellos es porque no han declarado en el procedimiento. Ambos estaban citados el pasado 29 de junio pero la magistrada suspendió las comparecencias porque su defensa letrada así lo solicitó.

Con todo, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife les volvió a convocar para el próximo jueves 13 de julio. La Fiscalía Anticorrupción solicitó su imputación alegando que se desprenden indicios de prevaricación y revelación de secretos respecto de Álvaro de la Bárcena y Estefanía Margarita González en su condición de responsables públicos que habrían intervenido en el expediente de un empresario de la red de 'tito Berni'.

Fiscalía añade malversación

El segundo de los motivos que esgrime su defensa es que "dada la publicidad de la causa saldrían a la luz datos sensibles" y el tercero es que "no existe proporcionalidad". Al respecto dice que la cédula de imputación se refiere a los delitos arriba mencionados, pero Anticorrupción habla en su último informe de malversación de caudales públicos.

Efectivamente, tras solicitar la Policía Judicial la inspección de sus correos electrónicos, la Fiscalía se pronunció respaldando la diligencia. Al respecto explicó que los dos cargos del Gobierno canario habían sido imputados tras analizar unas comunicaciones y audios transcritos en la causa que amagaban la presunta comisión de prevaricación (por su condición de empleados públicos) "y en su caso" malversación.

"Los indicios tienen su origen de correos remitidos entre los investigados y otras personas a través de los cuáles se deduce un concierto previo dirigido a la reducción de una sanción", reza Anticorrupción. El fiscal se refiere a la posible implicación de los funcionarios en el amaño de un expediente que afectaba a Alberto Montesdeoca, considerado por los investigadores como uno de los principales empresarios de la trama.

Este ganadero -que fue de los que más pagos efectuó a la presunta organización criminal- se habría beneficiado de las influencias de la red de 'tito Berni' en la Administración canaria y, más en concreto, en el área de Agricultura y Ganadería. Según sostiene, consiguió que prescribiera una sanción de 74.000 euros que le incoó el Servicio de reintegro de subvenciones de fondos europeos por no haber justificado su solicitud.

La sanción a un empresario de la red

"Lo cierto es que con carácter previo a la finalización del expediente y a pesar de existir una propuesta inicial que graduaba la sanción como grave, finalmente se acordó la prescripción de las actuaciones", matiza Anticorrupción. Por todo ello, y pese al argumento mantenido por su defensa, la principal acusación entiende que, a tenor de la gravedad del asunto, sí concurre el principio de proporcionalidad para poder acceder a sus correos corporativos.

Se trata de los dos primeros cargos del Gobierno canario imputados en la causa y que siguen al frente de sus cargos. Otro exalto cargo también investigado en las diligencias y que figura como cabecilla de la trama es Taishet Fuentes, sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (tito Berni) y quien había ejercido como director general de Ganadería hasta su destitución meses antes del estallido de la trama.

La Policía Judicial sostiene que la parte política de la red captó a través de Antonio Navarro Tacoronte (el mediador) a empresarios en apuros con la Administración canaria. Los políticos, aprovechando su poder de influencia, les trasladaban que arreglarían los problemas de sus expedientes, sanciones y subvenciones, a cambio de pagos y dádivas.

Así pues, estos empresarios (en su mayoría ganaderos y del sector fotovoltaico) efectuaban un primer pago de 5.000 euros que se transferían a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, detrás de la que se encontraba 'tito Berni'. Según recoge el sumario, Montesdeoca transfirió a la cuenta bancaria de esta asociación los 5.000 euros desde la cuenta asociada a Quesería Montesdeoca el 10 de noviembre de 2020.

El interés de 'tito Berni'

Asimismo, en un reciente informe policial adherido a la causa, los agentes destacan el "interés y quehacer" del exdiputado del PSOE y de Taishet Fuentes por ayudar al empresario canario. Montesdeoca, por su parte, no quedó especialmente contento con la trama hasta el punto que llegó a reprochar al mediador que se sintió traicionado por todos ellos. La Policía sostiene que el ganadero tenía dos expedientes abiertos y que el relativo a la sanción consiguió que se archivara, si bien otro relativo a un reintegro siguió su curso normal.

La presunta manipulación del primero de ellos ha terminado por salpicar al viceconsejero Álvaro de la Bárcena Argany y la jefa de Servicio de su sector, quienes serán interrogados por este asunto el próximo jueves. En paralelo, la Policía Judicial no quiere dejar pasar más tiempo y reclama ahora que se pueda acceder a los correos corporativos de ambos, amén de que podrían arrojar luz sobre su presunta implicación en el asunto.

Se trata de una postura que respalda Anticorrupción, la cual entiende que es una medida "adecuada, necesaria e idónea" para avanzar en la investigación de la red del 'tito Berni'. Los cargos públicos, por su parte, se oponen y piden esperar, al menos, a que puedan pronunciarse sobre este asunto en sede judicial.

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