Más barato y más rápido... para disgusto de la Policía. La amnistía fiscal aprobada por Hacienda que entró en vigor ayer permite a los propietarios de dinero negro regularizarlo simplemente con abonar a Hacienda el 10% de su importe. Una medida criticada duramente por todos los expertos policiales en la lucha contra el crimen organizado consultados ayer por Vozpópuli, que consideran que la nueva norma ha abierto de par en par una puerta para que los delincuentes puedan lavar los beneficios de sus actividades criminales "de un modo sencillo, casi anónimo e, incluso, menos costoso para ellos". De hecho, estas mismas fuentes recalcan que las bandas especializadas en blanqueo están cobrando en la actualidad a estos grupos criminales que reclaman sus servicios porcentajes muy superiores a los que exige la nueva ley por hacer legal ante el fisco los beneficios de sus actividades delictivas.
El ejemplo más reciente es la red desmantelada el pasado mes de octubre en la comarca de Arousa (Pontevedra) por el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria. La red, integrada por cuatro personas, está acusada de lavar más de 100 millones de dólares a través de una tupida red de empresas inactivas domiciliadas en paraísos fiscales y una multitud de cuentas corrientes a través de las cuales movían el dinero muy rápidamente para borrar su rastro. Según la investigación, los 'blanqueadores' cobraban comisiones de hasta el 20% de las cantidades que les entregaban los narcos para blanquear.
El año pasado, las Fuerzas de Seguridad del Estado detectaron 171 casos de blanqueo de dinero. En 2000, fueron sólo 46
No obstante, los expertos en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales consultados coinciden en señalar que no todas las organizaciones criminales especializadas de lavado del dinero cobran lo mismo por sus servicios. "Depende tanto del delito del que proceda el dinero como del sistema empleado. A mayor complejidad, y por tanto mayor dificultad para la Policía de detectarlo, mayor porcentaje se llevan", señalan fuentes policiales que hablan de porcentajes entre el 10% y el 12% en la mayoría de los casos y, en algunos casos, inferiores. "En estos grupos también hay ofertas y regateos", destaca otro agente.
De hecho, una de las mayores redes desmanteladas en los últimos años en España ofertaba precios tan competitivos que sus servicios eran reclamados por numerosos carteles del narcotráfico colombiano que operaban en nuestro país. Según recoge el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el auto dictado el pasado mes de febrero para confirmar el procesamiento de los 52 detenidos en aquella operación, la red dirigida desde Madrid por una mujer ecuatoriana, Jenny Alexandra Fasce Schumacker, cobraba entre un 3 y un 6% del dinero que le entregaban para blanquear. Su sistema, eso sí, era muy burdo: contrataba a diferentes personas para hacer transferencias de menos de 1.000 euros cada una a Colombia y Ecuador para así hacerlas pasar como remesas de divisas enviadas a sus países de origen por inmigrantes. Jenny cobraba también un fijo de 600 euros por gastos si tenía que acudir fuera de la capital a recoger el dinero en efectivo.
Más de 100 organizaciones de 'blanqueo'
Sólo en 2010, último dato de los que hay estadísticas, Policía y Guardia Civil detectaron la presencia en nuestro país de 119 organizaciones criminales que realizaban actividades de blanqueo de capitales. El 58% de ellas estaban ligadas a grupos que se dedicaban la tráfico de droga, especialmente la venta de cocaína. Ahora, sin embargo, los expertos policiales temen que muchos delincuentes no se verán obligados a utilizar los servicios de estos grupos porque les va a ser "más fácil y rápido" acogerse a la amnistía fiscal. "Tal y cómo ha dispuesto el Gobierno que se haga el blanqueo del dinero en efectivo, los narcos pueden asegurarse el anonimato", denuncia uno de estos agentes que ha participado en numerosas operaciones contra redes de blanqueo. Un compañero suyo alerta que la medida también puede "favorecer la llegada en los próximos meses de grupos mafiosos extranjeros dispuestos a lavar su dinero como pasó en los años del boom inmobiliario con la costa".
El delito de blanqueo de dinero es, de hecho, un actividad en alza en nuestro país en los últimos años, según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Sólo durante el pasado año, se investigaron 171 casos, casi uno nuevo cada dos días. El año anterior había marcado el record, 182. Cifras muy elevadas sobre todo si se tiene en cuenta que en el año 2000 sólo se iniciaron 46 pesquisas policiales por este motivo. Otros grupos, sin embargo, prefieren guardar literalmente un buen pellizco de las ganancias que generan sus actividades delictivas debajo de la cama. Es el caso de los hermanos López Tardón, Álvaro y Artemio, dos presuntos narcos detenidos el pasado verano en la Operación Edén, que tenían cerca de 25 millones de euros en billetes de 50, 100 y 200 euros ocultos en dos zulos. "Si no hubieran caído entonces, ahora podían ir perfectamente a blanquear esta tesoro al banco tranquilamente", recordaba ayer con sarcasmo uno de los agentes que participó en aquel dispositivo.
Las críticas policiales a la polémica medida de Hacienda es compartida por expertos fiscales y juristas de prestigio, que ya han denunciado públicamente en las últimas semanas que la amnistía fiscal no sólo favorece supuestamente a los defraudadores fiscales, sino también a narcotraficantes gracias a la promesa de confidencialidad. El propio vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, el jurista que ha sacado a la luz el caso Dívar, llegó a asegurar recientemente en un artículo publicado en un diario que la amnistía fiscal convertía a la Agencia Tributaria en "una lavadora modélica de dinero sucio". Policías y guardias civiles asienten y añaden que, además,"muy barata".
