La Audiencia Nacional (AN) ha acordado suspender el juicio que iba a arrancar este lunes contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal.
La abogada de Pinto ha informado al inicio de la sesión de que ha sido operada de "un meningioma de fosa posterior, que es un tumor cerebral". "El proceso que estoy sufriendo es impeditivo. Cuando el médico habla de malestar general, es un proceso en el que me falla la capacidad de hablar, tengo temblores, es una cosa que desde luego no es agradable de contar, y menos en una sala grabándose", ha explicado.
El presidente del tribunal, el magistrado Juan Francisco Martell, ha anunciado a las partes que, "dada la peculiaridad, porque es la primera vez" que les ocurre algo similar, suspenderían el procedimiento hasta que la letrada reciba el alta. Con todo, el tribunal ha asegurado que tienen "interés en resolver las cuestiones previas de modo anticipado a la celebración del nuevo juicio". Por eso, ha instado a la abogada a informar de cuando mejore su condición para poder resolver las cuestiones previas por escrito.
"El último juicio señalado es precisamente de una de las piezas de este asunto y hemos hablado de celebrarlo, no sé si en mayo y junio del año 26. Nos da hasta vergüenza. ¿Por qué? Porque nunca se había dado este caso. Mal de muchos, consuelo de tontos. También a otras secciones les pasa exactamente esta situación", ha reconocido el magistrado.
Cabe recordar que la primera fecha programada para la celebración de la vista oral de esta pieza separada número 24 del conocido como 'caso Villarejo' ya se anuló en primera instancia y quedó reprogramada a petición de las partes.
El juez de la Audiencia Nacional propuso enviarles a juicio en marzo del pasado año en contra de lo interesado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres. El magistrado siguió el criterio de la defensa de la doctora, que pide penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.
El Ministerio Público defendía en su informe que el objeto de la pieza era indagar en el cohecho y no en el conflicto entre López Madrid y Pinto. "Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza --centrado en exclusiva en el delito de cohecho-- sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid, no resultando conforme a Derecho que unos mismos hechos sean investigados en dos juzgados diferentes", indicaba.
En su auto, el magistrado recordaba el relato de hechos, y apuntaba que todo arrancó en septiembre de 2013 cuando López Madrid contrató a Villarejo, comisario en activo", para que "le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con María Elisa Pinto. En diciembre de 2013, el empresario acudió a la consulta de la doctora acompañado de Redondo, que acudía en calidad de abogado por orden de Villarejo, y le indicaron a Pinto "que le dejase en paz, que parase, y que la policía iría a verla".
Medios policiales para desacreditarla
Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señalaba que "usó medios policiales" para desacreditarla. "Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte", añadía.
El magistrado daba cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumaba a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto se refería al ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.
"Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015", decía el magistrado Manuel García Castellón. El juez apuntaba además en su auto que en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid "una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado". Y recogía el literal: "Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito pónme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".
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