La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 59 años de prisión para José Manuel Villarejo en el marco de la pieza decimoséptima de la macrocausa Tándem relativa a los encargos a Iberdrola. El Ministerio Público solicita también 50 años y medio de prisión para Rafael Redondo, socio del comisario en sus negocios privados, y 42 para el que fuera director de Seguridad de la eléctrica.
El fiscal solicita pide que se condene a Villarejo por un delito de cohecho, diez delitos de revelación de secretos (cinco años de cárcel por cada uno) y otro de falsedad. Además, les impone a los tres una indemnización conjunta de 285.000 euros. Se trata de una cantidad de la que deberá responder de manera subsidiaria Iberdrola y la Administración General del Estado, ya que ambos están acusados como responsables civiles subsidiarios de los encargos.
Cabe recordar que esta pieza es una de las más importantes dentro de la macrocausa Tándem y, en el marco de la misma, llegó a figurar como imputado el presidente de la compañía vasca, Ignacio Sánchez Galán, el exnúmero dos de la compañía José Luis San Pedro y el exdirector de Administración Juan Carlos Rebollo, entre otros altos cargos. El magistrado instructor del caso, Manuel García Castellón, archivó las actuaciones para el presidente en junio de 2022 tras determinar la Sala de lo Penal que los hechos, para algunos de los imputados, estaban prescritos.
Una decena de encargos
El pasado mes de abril, el instructor dio el primer paso para enviar al banquillo a los tres investigados por todos los encargos que se giraron desde el departamento de Seguridad al Grupo Cenyt, entre los años 2004 y 2011 y por los que le pagaron 1,4 millones de euros. El juez apuntó que Asenjo encargó estos espionajes a Villarejo a sabiendas de que era comisario policial en activo y de que se podía beneficiar de ello.
Ahora la Fiscalía recoge esta misma tesis en su escrito de acusación en el que, además, incluye todos los proyectos que los agentes de Asuntos Internos desentrañaron durante la instrucción de esta pieza. Así, el primero de ellos, el proyecto Arrow, se firmó en mayo de 2004 con la finalidad identificar a los responsables del sabotaje que estaba sufriendo Iberdrola en la construcción de la central de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Para ejecutar el encargo, por el que abonaron cerca de 500.000 euros, Villarejo puso el foco en políticos del consistorio y en grupos ecologistas que se oponían a la actuación de la compañía vasca. Para ello pincharon las llamadas de varios políticos (como la alcadesa de la localidad), activistas y también de un directivo de Endesa. Este encargo dio lugar a una nueva colaboración, ya en 2007, que se siguió dentro del 'proyecto aglow'.
Florentino Pérez y Manuel Pizarro, entre los perjudicado
Del mismo modo, entre 2004 y 2005 se impulsó el proyecto Blackboard, bajo el cual Villarejo espió al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro. El comisario jubilado entregó un dossier sobre el economista a Asenjo, teniendo en cuenta que la compañía era competidora del Grupo Iberdrola y que había interés por conocer sus movimientos. Al igual que en el encargo anterior, se interceptaron llamadas de personas cercanas a Pizarro y se recopilaron datos sensibles para tener información sobre la OPA que en septiembre de 2005 Gas Natural realizó sobre Endesa.
En 2006 se encargó el proyecto Wind. Este espionaje -que le costó la imputación a Iberdrola Renovables- tuvo como fin acreditar el patrimonio que ostentaba el socio de la firma Eólica Dogrobea, después de que se negara a abonar a Iberdrola una deuda que tenía pendiente por una operación conjunta fallida en Rumanía.
En 2009, se desarrollaron dos de los proyectos más mediáticos del procedimiento: el proyecto gipsy y posy. Ambos tenían como objetivo la figura del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. El empresario se habría convertido en objeto de Villarejo dado que su constructora estaría tratando de "intervenir en la designación de los miembros del consejo de administración de Iberdrola en virtud del paquete accionarial que titulaba en la compañía".
Ocultación de los pagos
El descubrimiento de este encargo provocó que Florentino Pérez se personara en las diligencias como perjudicado y derivó en un duro enfrentamiento con la compañía de Sánchez Galán, que terminó con la interposición por parte de este último de una demanda millonaria contra el presidente del Real Madrid por presunta competencia desleal. La compañía, por su parte, siempre ha negado cualquier espionaje al dueño de ACS.
Del mismo modo, Anticorrupción destaca otros trabajos reputacionales como el proyecto Front (2007) o el proyecto Sugus (2010) y recuerda que Asenjo trató de ocultar los abonos de estos espionajes mediante la emisión de facturas sin pedido a la firma del comisario. La Fiscalía advierte de que se impulsó esta maniobra a pesar de que la normativa de la compañía no contemplaba esta modalidad de pago.
De hecho, los primeros proyectos fueron facturados Casesa, tal y como desveló el que fuera el exdirector de Control de la compañía, José Antonio Olmo. Este exalto cargo se convirtió en un testigo clave de la causa puesto que denunció una presunta triangulación de facturas para que la extinta Casesa, entonces firma de seguridad de Iberdrola, abonara estos pagos y no dejara rastro de los mismos.
Por todo ello, Anticorrupción solicita elevadas penas de prisión para los tres investigados y la indemnización conjunta a las víctimas. Finalmente, reclama que se decrete el decomiso de los 1,4 millones abonados por el grupo Iberdrola al grupo Cenyt.
