El juicio contra José Manuel Villarejo y dos periodistas por el conocido como 'caso Dina' ya tiene fecha. La Audiencia Nacional ha señalado los días 16, 17, 18 y 19 de marzo de 2026 para celebrar la vista oral contra los tres acusados por un presunto delito de revelación de secretos con la filtración en prensa de la tarjeta de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.
La Audiencia Nacional determina en un decreto al que ha tenido acceso Vozpópuli que, tras la admisión de las pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y por las partes, se señalan esos cuatro días para la celebración de la vista oral que tendá lugar en la sede del órgano. El Ministerio Público pide cinco años de cárcel para Villarejo y tres años para los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles.
La pieza décima del caso Villarejo se juzgará cuando se cumplan siete años de la apertura de esta línea de investigación y tres desde que se procesara a los investigados. En el marco de la misma el exlíder de Podemos pasó de figurar como víctima de un presunto robo a terminar señalado por el juez instructor ya jubilado, Manuel García Castellón, por la presunta destrucción de la tarjeta telefónica de su exasesora. Con todo, Iglesias litiga como acusación particular puesto que la Audiencia Nacional terminó devolviéndole su condición de perjudicado.
Las contradicciones de Dina
La investigación arrancó tras el hallazgo por parte de la Policía de un disco duro incautado en el domicilio de Villarejo en el que se almacenaban dos carpetas que llevaban por nombre 'Dina'. En su interior se encontraban varios archivos procedentes de la memoria de la tarjeta de Bousselham, por lo que el juez citó como perjudicados tanto a la exasesora de la formación morada como a su exjefe, Pablo Iglesias.
En su comparecencia judicial, declararon haber sido víctimas del robo del dispositivo de Bousselham. Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2015, mientras se encontraba en unos grandes almacenes y ambos los atribuyeron a una actuación de la policía patriótica para intentar desprestigiar a Podemos a dos meses de las elecciones generales que tuvieron lugar aquel año.
La investigación puso el foco en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica. De esta forma se esclareció que a comienzos de 2016 parte de la información contenida en la tarjeta llegó a manos de Alberto Pozas, entonces director de la revista Interviú. Éste compartió los archivos con el subdirector de la revista Luis Rendueles y se la dio al entonces presidente del grupo editorial de la revista, Antonio Asensio.
Una tarjeta irrecuperable
Los periodistas entregaron el material de la tarjeta al comisario Villarejo porque, tal y como explicaron, contenía "documentación de Podemos" y en aquel momento existía una investigación en curso por una posible financiación irregular del partido. De hecho, no publicaron nada del contenido de la misma, sino que la derivaron a la Policía ante el convencimiento de que se les requería esta información para las investigaciones en curso.
En paralelo, Iglesias recibió de Asensio también a comienzos de 2016 la tarjeta de la que fuera su asesora en el Parlamento Europeo. En aquel momento comprobó lo que había en su interior pero no se la devolvió a su legítima dueña hasta meses después. La propia Dina confesó en una segunda declaración testifical que cuando la recuperó de manos de su exjefe ya no pudo acceder al contenido de la misma.
En dicha comparecencia -que tuvo lugar el 18 de mayo de 2019- se contradijo con lo defendido anteriormente en la Policía y reconoció que había hecho copias de conversaciones con Iglesias que mandó a terceros. No obstante, negó en todo momento haber facilitado los pantallazos, a la prensa, donde salieron publicados.
También declaró en la causa el que fuera coordinador del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, quien, en su condición de testigo, dijo que el partido le ocultó información clave sobre este asunto. Al hilo reveló que todo lo relativo al robo fue un montaje de la cúpula para camuflar que lo publicado en prensa eran los pantallazos que Dina reenvió a otros miembros de Podemos.
Ante ello, el magistrado del caso Villarejo pidió al Tribunal Supremo que investigara al aforado por los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. García Castellón actuó contra el entonces vicepresidente segundo del Gobierno al considerar que pudo haber sido el responsable del destrozo de la tarjeta mientras la tuvo en su poder.
Revelación de secretos
Sin embargo, el alto tribunal devolvió la causal a la Audiencia Nacional para que practicara una serie de diligencias ampliatorias, entre las que se encontraban volver a tomar declaración a Bousselham puesto que la ley exige la denuncia de la persona agraviada para poder actuar contra él. De esta forma, dejaron el futuro de Iglesias sujeto al perdón de su exasisente, que negó haberse sentido perjudicada con su actuación.
Este nuevo giro de guion, unido a la imposibilidad por parte de la Policía Científica de recuperar el contenido de la tarjeta, hizo que Iglesias recuperara su condición de perjudicado y que la causa se centrara en la presunta revelación de secretos cometida por Villarejo y los dos periodistas del caso. De hecho, el juez ya propuso juzgar a los tres investigados en 2020, pero la Sala de lo Penal le obligó a reabrir la investigación para interrogar al exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino, para esclarecer si todo esto respondió a una maniobra de la policía patriótica. Pino lo negó.
Villarejo, por su parte, negó en todo momento que filtrara a la prensa el contenido de la tarjeta, mientras que los periodistas han mantenido que no publicaron nada de su contenido y que les requirió el teléfono Villarejo. Tanto Iglesias como Dina -que llegaron a compartir defensa letrada- piden para el comisario jubilado y los dos periodistas cuatro años de cárcel. Ambos ejercerán la acusación particular en la vista que arranca en marzo de 2026.
