Los periodistas implicados en el caso Villarejo por facilitarle al comisario jubilado el contenido del teléfono de Dina Bousselham han recurrido el procesamiento del juez. Alberto Pozas y Luis Rendueles sostienen que entregaron este material al policía porque contenía "documentación de Podemos" y en aquel momento existía una investigación en curso por una posible financiación irregular del partido.
Así consta en un denso escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que piden que se les archive su causa. Frente al criterio del magistrado, que considera que tanto Villarejo como los periodistas deben ir a juicio por este episodio con la publicación en prensa de la tarjeta de Dina Bousselham, ellos sostienen que no hay delito alguno.
En primer lugar recriminan al magistrado Manuel García Castellón que les atribuya revelación de secretos sin especificar qué se habría revelado. En segundo recuerdan que ellos recibieron la tarjeta de manera anónima y que, tras ser contactados por el propio Villarejo, se la facilitaron al considerar que podía ser de utilidad para una investigación policial en curso. De hecho, recuerdan que Interviú, revista para la que trabajaban entonces, no publicó ninguna información sobre el contenido del dispositivo.
Villarejo les contactó primero
En esta pieza novena del caso Villarejo se ha investigado la filtración en prensa de parte del teléfono de Dina Bousselham. La exasesora de Pablo Iglesias denunció que le robaron el dispositivo en noviembre de 2015 mientras estaba con su expareja, Ricardo Sá Ferreira, en unos grandes almacenes.
La Audiencia Nacional abrió diligencias al descubrir que Villarejo ocultaba en su casa parte del contenido de este teléfono. Rápidamente se le otorgó la condición de perjudicada tanto a ella como a Iglesias, quienes apuntaron que todo esto respondía a un actuación de la policía patriótica para boicotear en las urnas a Podemos.
Todo indicaba que el requerimiento de información del Sr. Villarejo era legítimo y estaba efectuado en el ámbito de una investigación policial
Al respecto Pozas y Rendueles apelan a la instrucción del caso. La misma fue evidenciando contradicciones en el testimonio de Dina que llevaron al magistrado a pedir al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias por tres delitos. En ese sentido recuerdan que ella misma dijo que la tarjeta que le robaron contenía información muy valiosa para ella, si bien luego se negó a repararla cuando la empresa a la que recurrieron le dio un presupuesto ligeramente superior a los 600 euros.
En relación a la entrega del contenido a Villarejo insisten en que ésta se produjo en febrero de 2016 y no antes. Así pues, en enero de ese año, el dueño del grupo al que pertenecía la revista, Antonio Arsenio, contactó con Pablo Iglesias para darle la tarjeta de su antigua subordinada e incluso la visualizaron. Y, un mes después, Villarejo les contactó para pedirle este material. Sobre este episodio mantienen que desconocen cómo se enteró el comisario jubilado de que les había llegado esta tarjeta.
¿Qué había en la tarjeta?
Lo que sí defienden es que se la facilitaron porque había una investigación policial contra Podemos y que ello justificaba su entrega. "Tal como se acredita con los documentos que se aportaron, sí las había –más de una–, habían sido publicadas en diversos medios de comunicación y habían llegado a conocimiento de los Sres. Pozas y Rendueles, quienes por ello estaban en el absoluto convencimiento de que el requerimiento de la información lo era en el ámbito de esas investigaciones", alegan.
Al hilo insisten en que, de la declaración de Eugenio Pino como testigo, así se desprende. La Sala de lo Penal obligó al juez del caso Villarejo a reabrir esta investigación para tomar declaración a Pino, entonces Director Operativo Adjunto (DAO) de la Policía Nacional. Ahora los periodistas apuntan que, de su testimonio, "se desprenden numerosos elementos indicativos de la existencia de una investigación abierta a Podemos" en las fechas en las que ellos entregaron la tarjeta a Villarejo.
En relación a la SD, el escrito que firma el abogado Sergi Mercé, expone que contenía información relevante del partido. El propio Sá Ferrera dijo que su teléfono contenía "información sensible" sobre documentos de trabajo en el Parlamento Europeo y análisis de cuentas de Podemos. También dijo que en su dispositivo y en el Dina había documentos de trabajo, chats de Telegram con dirigentes de la formación morada y documentos de estrategia del partido.
"Investigación dinamitada"
Así pues entienden que cumplieron con el requerimiento y que, una vez entregada la tarjeta a la Policía, se desligan de cualquier irregularidad que se pudiera cometer. "Carece absolutamente de sentido que se mantenga la imputación de unos periodistas, que ninguna información derivada del móvil de la Sra. Bousselham publicaron, y que lo único que hicieron fue devolver en un primer momento la información que habían recibido", recoge el escrito.
Los dos periodistas también se pronuncian sobre la ilegibilidad de la tarjeta de Dina. El juzgado intentó sin éxito alguno acceder al contenido de la SD, la cual cuando recuperó Dina de Pablo Iglesias ya no se podía leer. Sobre este punto su abogado reitera que los daños que presentaba la tarjeta son los que "han dinamitado totalmente la investigación" puesto que impiden averiguar quién, cómo y cuándo se destruyó. "Fueron causados durante el periodo en el que la tarjeta estuvo únicamente en poder del Sr. Iglesias y de la Sra. Bousselham", inciden.
