La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Provincial de Sevilla que haga efectiva la condena de seis años de cárcel impuesta al que fuera presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE. El Ministerio Público se ampara en la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado así como en lo elevado de la pena para concluir que no hay motivos de peso que hagan que la condena se tenga que paralizar.
La Fiscalía da respuesta de esta forma a la petición del tribunal, que solicitó a las partes que se pronunciaran a favor o en contra de suspender su ingreso en prisión mientras se tramitan los indultos solicitados. Fuentes del órgano confirman a Vozpópuli que Anticorrupción no se opone a que se ejecute la condena, lo cual implicaría el ingreso inmediato en prisión del exmandatario socialista.
El movimiento se produce después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas de cárcel para la gran mayoría de los condenados en Sevilla por estos hechos. En el caso de Griñán se confirmó su pena de seis años de prisión por delitos de malversación y prevaricación.
Delitos de corrupción política
El escrito de Anticorrupción responde al recurso de Griñán, así como el de otros ocho condenados a penas de prisión que van de los tres a los seis años. Entre ellos se encuentran el exdiputado José Antonio Viera, el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras; los exconsejeros Juan Antonio Fernández (Empleo), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) o Francisco Vallejo Serrano (Obras Públicas) o el exalcalde de Estepa Jesús María Rodríguez Román.
Todos ellos pidieron a la Audiencia Provincial de Sevilla que se suspendiera su ingreso en prisión hasta que se resolvieran los indultos y los incidentes de nulidad planteados. Sin embargo, la Fiscalía explica que las interposiciones de recursos (incluido de amparo ante el Tribunal Supremo) no suspende los efectos de una sentencia. "Tratándose de sentencia firme, no se tiene previsto una tramitación excepcional de suspensión de la ejecución ante el planteamiento de un incidente de nulidad", dice.
Además, también alude a la gravedad de los delitos por los que han sido condenados. "Sobre la naturaleza de estos delitos, recordemos que el Tribunal Supremo, en su sentencia confirmando estas penas, recoge que estamos ante una forma más de corrupción política, cuando analiza la tipicidad de la malversación. De igual manera al analizar la arbitrariedad de las resoluciones como (reza que) la corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho".
El indulto a Griñán
El Tribunal Supremo concluyó tras revisar todos los recursos contra el fallo inicial que quedaba probado que Griñán intervino en la dotación de fondos "a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión". Los magistrados confirmaron la alta pena apuntando que el expresidente andaluz era conocedor del destino ilícito de los fondos de los ERE.
Al respecto concluyeron que todos los condenados por el gran fraude de las ayudas sociolaborales en Andalucía dispusieron de cerca de 700 millones de euros públicos durante 10 años de forma "libérrima y arbitraria". Griñán, en su condición de máximo responsable del gobierno andaluz "tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión" pese a que no lo hizo.
El duro fallo -que llegó a denunciar que el caso de los ERE eran "singular y extraordinario". desgranó el diseño de un sistema "ilegal" en el marco del cual se dispusieron de estos fondos públicos "como si fueran privado". Con todo, el fallo contó con el voto particular de la magistrada Ana Ferrer (al que se adhirió Susana Polo) en el que se calificó la condena a Griñán de "salto al vacío". Según su tesis, no había pruebas más que suficientes para concluir que estuvo al corriente de este desvío masivo de dinero público.
Pendientes de la Audiencia de Sevilla
Pese a ello, la confirmación de los seis años de cárcel dejaron a Griñán al borde de su entrada en prisión. El tribunal que le juzgó, que es el que tiene que ejecutar su ingreso, preguntó a las partes acerca de si actuar en dicho sentido o bien congelar el trámite a la espera de que el Gobierno resuelva sobre la petición de indulto. La Fiscalía responde ahora que no se opone a su entrada en la cárcel teniendo en cuenta que se trata de una pena elevada.
La familia del político socialista ya anunció en verano, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que pediría su indulto al Gobierno de Pedro Sánchez "por razones de humanidad y equidad". La solicitud, que el Ministerio de Justicia no podía gestionar hasta contar con fallo en firme del alto tribunal, fue secundada por compañeros de formación, así como por los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
Con todo, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, la defensa de Griñán actuó en consonancia para dilatar al máximo su ingreso inmediato en prisión. Así, lo primero que hizo fue interponer incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo previo paso a la interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De hecho, no puede acudir al tribunal de garantías hasta que el Supremo resuelva sobre su incidente. Según confirman fuentes jurídicas a este medio, el alto tribunal tuvo por presentados los incidentes a finales de octubre, por lo que todavía no hay una resolución al respecto.
Palacheca
Mientras España esté en manos de los rojos al molt honorable J Pujol y señora no los sentarán en el banquillo.
Termopidas
Si fuera un ciudadano normal...ya estaría en la cárcel...los jueces también deben hacerse una profunda critica de sus actuaciones..por algo la ciudadanía cada vez cree menos en la justicia...