El sindicato afín al PSOE percibió en abril de 2008, entre otras asignaciones, 50.500 euros para desplazamientos y manutención, 72.000 para reparaciones de sedes y 250.000 para comunicaciones. Los expedientes que habían recibido "reparos" de la Intervención General revelan que faltaba la "acreditación de los importes recibidos por estos conceptos". El Gobierno de Díaz se resiste a personarse en la causa que instruye la juez Alaya.