Nueva resolución en el caso de las subvenciones exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha sido condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros por la Audiencia de Sevilla por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones con los más de 40 millones de euros recibidos de la Junta de Andalucía.  

El objetivo de esas ayudas públicas debería haber sido la realización de cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas, sin embargo, el dinero se desvió a “fines distintos” de los que “debieron destinarse, y de los que ha dispuesto UGT-A para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron”. 

La Sección Tercera de la Audiencia condena en los mismos términos a otros tres excargos del sindicato: un exvicesecretario general de administración, una secretaria de gestión económica y un consejero delegado de la entidad. la condena recae también en menor medida en la responsable del departamento de Compras, como cómplice, con seis meses y dos días de cárcel y una multa de 25 millones de euros. 

Los cinco condenados deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con 40.620.256,43 euros, se trata de un sentencia que no es firme aún y puede por lo tanto ser recurrida en casación al Tribunal Supremo. La resolución afecta especialmente a UGT-A, ya que se le impone responsabilidad civil subsidiaria, es decir, el sindicato deberá responder económicamente si los responsables directos no hacen frente a la indemnización. 

La sentencia confirma un modus operandi fraudulento 

Las irregularidades que recoge la sentencia son  varias, destaca la normalización con la que se emitían facturas falsas que se encargaban a proveedores sin que correspondieran con ninguna prestación de servicios o bienes, o que reflejaban un importe inferior al real. Estas facturas infladas eran las que llegaban al expediente justificativo de la Junta. 

La subcontratación irregular ha sido otro de los componentes de este engranaje, contando con empresa vinculadas a UGT-A, como SORALPE, sin la autorización de la Administración y omitiendo la relación existente. También destaca el desvío de fondos para gastos estructurales del sindicato o el incumplimiento de los requisitos legales, lo que implicó que no se justificaron gastos o incluso el doble cobro de facturas por gastos que ya habían sido retribuidos en otros apartados. 

El síntoma de este engranaje delictivo es Soralpe, la empresa de consultoría y asistencia técnica que fue adquirida en su totalidad por UGT-Andalucía. La Audiencia acusa al sindicato de haber cedido el usufructo de inmuebles a Soralpe para que esta creara una estructura de aulas e instalaciones y las explotara mediante alquiler. Se cuestiona si esta relación comercial era en realidad una forma de desviar fondos públicos hacia el sindicato a través de una empresa controlada por él. 

La sentencia judicial recoge datos precisos que detallan hasta el último euro desviado, incluso los que afectan a empresas que han sido absueltas en esta sentencia, pero que quedan pendientes de los reclamos que pueda hacer la Junta de Andalucía. Los correos internos dan una idea del perfeccionamiento del engranaje delicitivo. 

"Federico F. informaba a la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A, que se reunía semanalmente, los martes. Entre los descuentos, comisiones y rappels abonados”, en alusión a los descuentos acordados con los proveedores que no se reflejaban en las facturas infladas que se enviaban a la Junta, “se trataban de descuentos conocidos, acordados y practicados antes de la emisión de la factura examinada y, por tanto, no se trataba de rappel por volumen de operaciones”, reza la sentencia. 

Albaranes sin factura por hasta 1,2 millones de euros: botes y rappel 

"Los albaranes de entrega sin factura, sobre todo en los años 2011 y 2012, llegaron a alcanzar la suma de 1.200.000 euros" que eran destinadas a los que estructura definía como “bote ORGANISMO”. Ante la dimensión de la trama, los magistrados destacan la “gravedad” de la conducta desarrollada, “el monto de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas” que, además, iban precisamente en menos cabo de trabajadores en paro que no recibieron cursos y oportunidades en el grave contexto de crisis económica. 

Los togados señalan el daño y la “alarma social” que producen estos delitos , "más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados”. 

El tribunal, de hecho, rechaza la atenuante de reparación que solicitaban las defensas de los condenados, que se sustentaba en el acuerdo adoptado por UGT-A y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que permitía el fraccionamiento del pago en 25 años, lo que “no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento”. Para esta resolución la sentencia recuerda que los acusados "no han realizado esfuerzo alguno en reparar el daño causado al erario público”, subraya la sentencia. 

La sentencia detalla incluso el inflado de facturas a través de correos internos, “Estimado compañero, Te comento que vamos a pedir 20.000 carpetas a Lienzo Gráfico”, arranca un email que detalla los precios de un pedido de material gráfico para cuestionar a un superior, “tenemos con Lienzo Gráfico un saldo a nuestro favor de 11.821,42 €, descontamos del saldo o pedimos factura”, cuestiona. La respuesta llega de inmediato en otro correo: “Hola Roberto, mejor descontamos el saldo”. 

Los correos también muestran una especie de tutorial interno sobre la arquitectura para desviar los fondos, manuales donde se explicaba minuciosamente los “movimientos tipo que pueden producirse”, como por ejemplo “anticipos a proveedor: anticipos que se dan al proveedor por la causa que sea” o "Facturas sin entrega de material: Corresponden a Facturas que hemos recibido del proveedor por material que no ha entregado". 

La Sección Tercera de la Audiencia considera probado que el sindicato UGT-A “ha venido recibiendo subvenciones por parte de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la realización de acciones formativas”, entre 2009 y 2013 y concluye que los “procedimientos” de los que se sirvieron para obtener una vía de financiación para sufragar gastos de estructura propios del sindicato a costa de los fondos públicos no puede tener justificación con el hecho de que se llegara a realizar parte de los cursos de formación, “la distracción de fondos, aunque los cursos se hayan realizado, sigue siendo constitutiva de delito si se supera el límite cuantitativo establecido”. 

La sentencia señala igualmente a UGT-A y su cúpula como a sus “proveedores -no sólo las empresas que son objeto de acusación- para poder, éstos, mantener su relación comercial con el sindicato”, como por ejemplo “la obtención de descuentos, comisiones y rappels de los proveedores que no figuraban en las facturas”... básicamente la sentencia abre el abanico de los invitados a la barra libre de facutaras infladas pagadas por la Junta. 

El tribunal, igualmente, alude a “la confección de facturas de proveedores y otros documentos contables conteniendo conceptos genéricos, bien por bienes no vendidos o servicios no realizados, bien por bienes o servicios a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban”. 

En este sentido, la Sección Tercera pone de manifiesto que, con dichas facturas, “justificaron mendazmente ante la Administración Pública gastos imputados a los fondos públicos recibidos para programas de formación”, un mecanismo que “vino a denominarse 'bote', que al igual que el rappel era contabilizado y controlado a través de un programa informático llamado SPYRO, sistema por el que el sindicato se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de las citadas facturas”. 

El rol de Francisco Fernández en la cúpula  

La Audiencia retrata a Francisco Fernándeaz como maestro de orquesta de una trama en la que su firma rubrica contratos y la certificación de gastos. Además se manifiesta su conocimiento del sistema del "bote".”Se encargó personalmente” de establecer las condiciones en la relación del sindicato con los proveedores que permitían “la distracción de los fondos públicos a su favor”, contando con la asistencia del resto de condenados. 

Hay muestras en la sentencia de hasta 14 expedientes de subvenciones percibidas por UGT-A para acciones formativas que precisan la cuantían exacta de los gastos justificados por el sindicato por cada expediente que resultan no subvencionables, son precisamente los 40 millones de euros que quedaron suspendidos en la trama y que UGT y su cúpula engulleron para sí.  

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