El Tribunal de Cuentas dicta una nueva sentencia sobre los ERE de Andalucía. Se trata de una sentencia sobre las ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La sentencia declara que se han perjudicado los fondos públicos de la Junta de Andalucía por valor de 498.814 euros. La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia sobre el Procedimiento de reintegro por alcance n.º B-137/16-9, Sector Público Autonómico (Consejería de Empleo -Ayudas sociolaborales a la prejubilación- Saldauto Sevilla, S.A.L.), Andalucía.
En la resolución se condena a pagar la cantidad de 200.000 euros a las herederas de Francisco Guerrero, como responsables contables directos de quien desempeñaba el puesto de director general de trabajo de la Junta de Andalucía durante la primera parte del período al que se refieren los hechos enjuiciados; y, asimismo, por la cantidad de 298.814,93 euros, a Juan Márquez, la persona que sucedió al Francisco Guerrero, en el citado puesto de director general de trabajo de la Junta de Andalucía.
En concreto, la Junta de Andalucía concedió ayudas a Saldauto Sevilla por un montante total de 1.837.229,88 euros, de los que 1.637.229,88 euros se otorgaron para financiar el 100 por cien de las prejubilaciones voluntarias en la empresa, figurando entre los beneficiarios de las prejubilaciones tres personas que no pertenecían a la plantilla de esta empresa, los denominados como "intrusos".
Por otro lado, en relación con el estado de ejecución de las sentencias condenatorias firmes, recaídas en los procedimientos de reintegro por alcance relativos a las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad, que fueron concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2001 a 2010, la Junta de Andalucía ya ha recuperado un importe total de 6.818.000 euros, de los que 5.935.000 euros se han reintegrado a las arcas públicas como consecuencia de las actuaciones ejecutivas desarrolladas desde el 1 de enero de 2022 hasta el momento presente.
Hasta la fecha, se han recuperado 6,8 millones de euros de otras sentencias condenatorias firmes sobre procedimientos por alcance relativos a las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad concedidas por la Junta de Andalucía entre el 2001 y el 2010.
