La portavoz de la Junta de Andalucía ha salido al paso de las denuncias vertidas de nuevo por los nueve rectores de las universidades públicas de Andalucía. La popular Carolina España ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que “nunca antes” se había invertido tanto dinero en las universidades públicas.
Además, España asegura que, cuando Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta hace ahora seis años, encontró una “deuda pendiente de 800 millones de euros” dejados por la anterior administración socialistas. “No solo hemos abonado esa deuda, sino que hemos creado un nuevo marco financiero”, afirma la portavoz.
Con todo, España redunda en las declaraciones que ya hizo la semana pasada el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Ambos dirigentes de la Junta y del PP no entienden las reivindicaciones de los rectores de la pública.
Carolina España asegura, de hecho, que las denuncias de las 9 universidades son “injustas”. Sin embargo, los números que señalan desde la academia están ahí. La Junta adelantó la semana pasada un plan de choque de 21 millones de euros. Pero las 9 universidades calculan que necesitan unos 50 millones.
Está en peligro “la sostenibilidad financiera”
Los rectores de las universidades públicas de Andalucía han advertido en un comunicado conjunto este martes que los acuerdos que alcanzaron con la Junta de Andalucía el pasado mes de junio no se están cumpliendo. Villamandos asumió la semana pasada retrasos en partidas presupuestarias.
Por su parte, los rectores denuncian mayores incumplimientos y piden al presidente Moreno Bonilla su "implicación personal” para resolver el agujero de 50 millones de euros que, siempre según los rectores, debe la Junta en materia de complementos para el Personal Docente e Investigador en Andalucía y para el Personal de Gestión y Administración.
Los rectores no descartan "ningún tipo de acción” ya que no están dispuesta a asumir un recorte unilateral de la financiación de la universidad pública “de casi 25 millones de euros al año en conceptos de financiación estructural para las universidades", ha anunciado el rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, el rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva.
La semana pasada, los rectores se mostraron esperanzados por el gesto de la Junta, pero este martes, en el Rectorado de Sevilla, califican de "insuficientes" los 21 millones. Además, "esta transferencia que se nos ofrece no es consolidable”, abunda Oliva que deseche una solución coyuntural para este año. Las universidades públicas no podrían pagar los complementos retributivos el próximo curso. Con todo, Oliva ha llegado a afirmar que está “en peligro la propia sostenibilidad financiera de las universidades".
Desde el PSOE-A han respaldado las denuncias de la AUPA a través de la portavoz parlamentaria Ángeles Férriz, que denuncia la “traición” del consejero Villamandos a la Universidad Pública. El actual consejero andaluz fue anteriormente rector de la Universidad de Córdoba hasta mayo de 2022, además de presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
El agujero malagueño
Desde la Junta señalan al obligado rescate de la Universidad de Málaga (UMA) como motivo del desbarajuste presupuestario. La Junta de Andalucía anunció hace dos semanas el desglose millonario para la UMA, que compromete el presupuesto de las otras 8 entidades andaluzas.
La Junta entregó de urgencia 46 millones de euros como "prioridad de gestión, tanto para nosotros, como para Hacienda", definió Villamandos. La Universidad pública hace frente a un futuro exigente marcado por el aumento de la competitividad educativa, agravada por el descenso de natalidad a largo plazo.
Hace un lustro, cuando el PP llegó al gobierno, Andalucía solo tenía una universidad privada, la jesuita Loyola. Ahora hay 6 centros privados aprobados merced a la mayoría del PP en el Parlamento. La AUPA ha denuncia en reiteradas ocasiones que estas nuevas ofertas universitarias privadas incumplen los requisitos legales y de calidad educativa.
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