El grupo parlamentario Vox en el Parlamento andaluz ha presentado ante la sala de lo penal de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una querella contra la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, y contra el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Manuel Gómez Balsera, como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa y contra la dignidad de los trabajadores en el conocido como caso de los 'toreros cómicos'.
La formación ha solicitado ante la autoridad judicial que se practiquen una serie de diligencias como el interrogatorio de ambos responsables políticos del Gobierno andaluz en calidad de investigados, que sean citados como testigos el alcalde de la localidad granadina de Baza, Manuel Gavilán García y el promotor y director del espectáculo 'Diversión en el ruedo y sus enanitos toreros', Daniel Calderón, así como una fianza no inferior a los 6.000 euros en base a la pena que fija el Código Penal para los querellados por el presunto delito cometido.
En la relación circunstanciada de los hechos, Vox detalla la resolución administrativa remitida por el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta al Ayuntamiento de Baza, con registro de entrada el 9 de agosto, por la que insta a ese consistorio a que retiren su apoyo a la celebración de un espectáculo cómico taurino donde intervienen artistas taurinos con acondroplasia. En la citada resolución se amenazaba al consistorio con abrirle expediente sancionador si no retiraba su apoyo al espectáculo y advertía “en caso de recibir denuncia, nuestra delegación territorial se vería obligada a iniciar el correspondiente expediente sancionador”. Como consecuencia de esa amenaza, se suspendió el espectáculo que el municipio tenía previsto celebrar en su plaza de toros el 15 de agosto de 2021.
Protesta de los artistas
El partido de Santiago Abascal recuerda en el texto de la querella que los artistas cómicos taurinos que iban a intervenir en el mismo han hecho pública su protesta en redes sociales y medios de comunicación reivindicando su derecho al trabajo y anunciando acciones penales. Del mismo modo, el director y promotor del espectáculo, Daniel Calderón, ha manifestado que el espectáculo se creó en 2015 y que tienen una plantilla de 15 trabajadores, de los que 8 son personas con acondroplasia, aunque prefiere referirse a ellos como toreros y que son profesionales libres con un carné expedido por el Ministerio de Cultura y que cotizan a la Seguridad Social.
A pesar de la protesta de los artistas que forman parte de un espectáculo legal y contemplado en varias normativas, Vox se ha referido a las declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, el 17 de agosto de 2021, en la que celebraba la decisión del Ayuntamiento de Baza de suspender el espectáculo en cuestión aseverando que no se trataba de un espectáculo taurino. Al día siguiente, el portavoz del partido en Andalucía, Manuel Gavira, remitió una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en donde le instaba a dejar sin efecto el contenido de la citada resolución, el cese en sus cargos a los querellados y la adopción de las medidas necesarias para proteger el espectáculo cómico taurino donde intervengan personas con acondroplasia.
En la relación de hechos contemplados en la querella, Vox recuerda que hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del presidente y la querellada ha anunciado en los medios de comunicación que enviará resoluciones como la remitida al Ayuntamiento de Baza instando a que no se celebren dichos espectáculos cómicos taurinos so pena de abrir expediente sancionador a las corporaciones que los apoyen.
Vox concluye que tanto los trabajadores cómicos taurinos como la organización y desarrollo de este tipo de festejos gozan de una amplia normativa que ampara el derecho de dichas personas a ejercer su derecho al trabajo sin que puedan ser discriminados por tener acondroplasia desde su nacimiento, como la Constitución Española, el Código Penal, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo Nacional Taurino y el Reglamento Taurino de Andalucía recogen. También, rememora en la querella presentada ante el alto tribunal andaluz, que los querellados y el Consejo de Gobierno de la Junta están obligados a proteger a estos toreros cómicos frente al acoso que están sufriendo por parte de esa administración ya que así lo dispone el Estatuto de los Trabajadores que obliga, respecto a estos, al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso y discriminación por su discapacidad.
