La crisis chipriota también provoca sudores fríos en algunas celdas de cárceles españolas. En concreto, en la que ocupa en la prisión de Soto del Real (Madrid) Ángel de Cabo, el empresario encarcelado por su presunta implicación en el saqueo del Grupo Marsans destapado en la Operación Crucero. El motivo: el liquidador del buque-insignia empresarial del que fuera expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tiene supuestamente domiciliados en la isla del Mediterráneo buena parte de sus bienes. Allí está, en concreto, la sede de Plyntari Limited, una empresa fantasma a cuyo nombre están la mayor parte de las propiedades de De Cabo, entre ellas la lujosa vivienda donde residía en España.
Un testaferro arrepentido desveló que el 'liquidador' posee en la isla mediterránea la mercantil Plyntari Limited como parte de su entramado para ocultar sus bienes
La pista chipriota de la Operación Crucero que llevó a De Cabo a la cárcel surgió gracias a las declaraciones de uno de los dos testaferros del empresario que decidieron colaborar con la Justicia. Jorge García Téllez detalló que el empresario había constituido un entramado de empresas en paraísos fiscales para "sacar el dinero de España". Entre esos países mencionó Malta, Liechtenstein, Hong Kong y, por supuesto, Chipre. En concreto, de la isla mediterránea detalló que tenía una empresa, Plyntari Limited, domiciliada en un centro de negocios de la ciudad de Limassol.
Téllez declaró ante el juez el pasado 8 de diciembre que De Cabo "era reacio a mandar dinero fuera porque le gusta tenerlo cerca y enseñarlo", pero que tras estallar el escándalo de Nueva Rumasa, en la que también participaba como liquidador, aparentemente cambió de opinión y que la persona que entonces se ocupaba de las cuentas, el fiscalista Rafael Tormo Aguilar, presuntamente montó todo un entramado empresarial para poner a salvo sus bienes en el extranjero. El testaferro arrepentido mencionó expresamente la mercantil chipriota.
Empresa 'acreedora' de sus bienes
A nombre de la misma se elaboraron dos contratos de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria que fueron elevados a públicos en julio de 2012. Por ellos, Plyntari Limited se convertía en la acreedora de dos sociedades patrimoniales de De Cabo, Esser y Real Xatur, las cuales pusieron como aval de la supuesta obligación económica "los bienes de naturaleza personal e industrial" del empresario, entre ellos la lujosa vivienda unifamiliar en la que residía en Valencia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que dirige la investigación por el saqueo de Marsans, sospecha que todo ello fue una maniobra para evitar el embargo de sus bienes por parte de la Justicia.
El juez pidió en noviembre a las autoridades de Nicosia información sobre activos financieros e inmobiliarios en Chipre de De Cabo, Díaz Ferrán y otras cuatro personas
De hecho, el magistrado considera probado que detrás de la empresa Plyntari Limited está uno de los supuestos testaferros utilizados por De Cabo en sus operaciones financieras. Se trata de Carmelo José Estellés Giménez, fiduciario tanto de la empresa chipriota como de otra domiciliada en Liechtenstein llamada Drelac Anstalt. Estellés fue la persona encargada de participar en nombre de Plyntari Limited en la firma de los contratos que le hacían propietaria de facto de los bienes del empresario.
Por todo ello, el pasado 30 de noviembre, el juez Velasco remitió a las autoridades de Nicosia una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal con el fin de pedir su ayuda para localizar en la isla del Mediterráneo las cuentas, depósitos y activos financieros e inmobiliarios que pudieran tener en el país tanto De Cabo, como el expresidente de la CEOE y otros cuatro presuntos integrantes de la trama que saqueó el Grupo Marsans. En concreto, centró sus pesquisas en Estellés, la mujer de De Cabo, María Consuelo Garrido; la secretaria, Susana Mora, y su mano derecha, Iván Manuel Losada.
El magistrado también facilitó los datos de cinco empresas fantasmas de De Cabo asentadas en el extranjero, entre ellas Plyntari Limited. El juez pretende saber si las autoridades chipriotas tienen en marcha alguna "investigación policial o judicial" sobre estas seis personas o alguna de las mercantiles, y solicitaba que de detectar algún bien inmobiliario y financiero "proceda al bloqueo o embargo preventivo" de los mismos. A pesar de que ya han pasado cerca de cuatro meses de la solicitud, las autoridades judiciales de Nicosia aún no han dado respuesta a la Audiencia Nacional.
