El caso Plus Ultra coge impulso. Frente a las pretensiones de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado de archivar la causa, la magistrada Esperanza Collazos ha acordado la primera gran diligencia en sede judicial: un careo entre los peritos. La instructora, que investiga si hubo prevaricación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, quiere confrontar la versión del perito que firmó los informes de la SEPI favorables a la ayuda frente al que encargó el juzgado y que cuestionó la solvencia de la mercantil.
De este modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid deja en "suspenso" la solicitud del pasado mes de octubre de la Fiscalía de que se archiven estas diligencias que se siguen contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo gestor del holding que dio luz verde a la ayuda. Así lo explica en una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que señala para el próximo 18 de enero el careo entre los diferentes expertos que han analizado el estado financiero de la compañía vinculada a la esfera del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La finalidad es confrontar las diferencias de las periciales en relación a si Plus Ultra cumplía o no con los requisitos para recibir la ayuda del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas. La diligencia se acuerda después de incorporar a la causa el peritaje independiente que encargó el juzgado el pasado mes de julio y tras las alegaciones presentadas tanto por la propia compañía como por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que defiende a los querellados.
De hecho, incluso también se opusieron a la práctica de esta pericial defendiendo que los informes financieros y económicos requeridos por la SEPI para decidir si autorizaba o no el millonario rescate, serían más que suficientes. Se trata de trabajos que forman parte de todo el material que entregó al juzgado Plus Ultra y entre el que se encuentra un informe de Deloitte en calidad de asesor jurídico de la SEPI y del asesor financiero DC Advisory 2020.
La Abogacía, con Plus Ultra
Tanto los servicios jurídicos del Gobierno como la aerolínea han cargado con dureza contra el peritaje del juzgado elaborado por el despacho Martín Molina Abogados, apuntando incluso a que sus conclusiones se podrían invalidar porque se extralimitó en sus funciones. Precisamente han sido esta valoraciones y la reivindicación de los informes de la SEPI los que han llevado a la magistrada a acordar el careo entre los dos peritos.
Aunque los dos informes concluyen que Plus Ultra cumplía las condiciones para recibir el rescate aprobado en marzo por el Consejo de Ministros, el del juzgado era especialmente crítico con algunos aspectos determinantes para la concesión de la ayuda. En primer lugar, el peritaje del juzgado plasmó que el plan de viabilidad que Plus Ultra trazó sobre las condiciones a cumplir tras recibir el rescate, era "demasiado optimista". El experto dedujo este extremo tras advertir de una posible incorrección en las cuentas de 2019 de 6,3 millones de euros.
El trabajo que firma el despacho experto en derecho penal y económico puso el foco en las cuentas previas al rescate por cómo contabilizó la firma la venta de un avión en propiedad para saldar una deuda con sus inversores de 8,9 millones de euros. Este movimiento le reportó una ganancia de 6,3 millones de euros, teniendo en cuenta que el valor del avión era de 2,66 millones. Para el perito, esta ganancia en cuestión no debería haberse contabilizado puesto que parecía un arrendamiento financiero y no operativo como había informado la SEPI.
¿Empresa en crisis?
Sobre este punto, los asesores del holding público no pusieron tacha insistiendo en que la empresa, en el ejercicio de 2019, no se encontraba en crisis ni al borde de la resolución. No obstante, Deloitte, en su dictamen jurídico, sí advirtió a la SEPI de que Plus Ultra resistía gracias a un préstamo participativo de 6,3 millones de euros del banco panameño Panacorp. Esta línea de crédito fue clave para que la compañía pudiera acogerse al rescate del Gobierno dedicado a empresas afectadas por la crisis ya que tenía que demostrar que, a cierre de 2019, era solvente.
En el escrito que presentó la Abogacía contra el peritaje del juzgado, adelantado por este diario, se hizo eco de la valoración plasmada por Deloitte y DC Advisory en relación a este préstamo participativo. Al respecto recuerda que no cuestionaron "en modo alguno" la validez del mismo y que tampoco se habían identificado cláusulas que pudieran previsiblemente tener un impacto en el proyecto. No obstante, no se pronunciaron en relación a que estos fondos se gestionaron en el paraíso fiscal de Dominica, en el Caribe. Un hecho que llamó especialmente la atención al perito del juzgado.
De forma que el asunto relativo al préstamo será una de las 'patatas calientes' en este careo, máxime después de que los servicios jurídicos del Gobierno apuntaran que este aspecto no es relevante en lo que respecta a si Plus Ultra cumplía o no los requisitos para recibir ayuda. Con todo, también saldrá a relucir lo relativo a las provisiones de la aerolínea y de su deuda con los bonistas. Deloitte señaló en su informe que todas las cuantías que Plus Ultra podía llegar a pagar como consecuencia de sus procedimientos pendientes "estaban debidamente provisionadas".
El asesor financiero de la SEPI, no obstante, avisó en los informes empleados para dar luz verde al rescate que el plan de viabilidad de la aerolínea, a medio y largo plazo, era demasiado optimista. Conclusión que, curiosamente, comparte con el peritaje del juzgado. Las acusaciones populares -que ejercitan Vox y Partido Popular- insistieron en que la compañía estaba maquillando los resultados y que, su propio plan de viabilidad mostraba que las pérdidas se seguirían sucediendo hasta pasado 2023.
