Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han anunciado movilizaciones por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Los representantes mantienen estos días una ronda de reuniones con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con motivo de las modificaciones sobre el texto legislativo. Consideran que se quedan "vendidos" con los nuevos cambios y que su capacidad de actuación se verá mermada en casos de protestas violentas o detenciones.
Los primeros en dar una fecha para las movilizaciones son los miembros del sindicato Jupol de la Policía Nacional y de la asociación Jucil de la Guardia Civil, quienes reunidos bajo la plataforma Jusapol convocan una manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre en Madrid. Lo harán bajo el lema "No a la inseguridad ciudadana", y espera contar con la representación de miembros de otros cuerpos autonómicos y locales.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha mantenido una reunión esta tarde con Fernando Grande-Marlaska en la que le ha manifestado "la oposición frontal y absoluta" de su sindicato al proyecto legislativo del Gobierno: "Le eliminación de esta ley no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes", indican desde Jupol.
La reacción de AUGC y SUP
Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) anuncian en un comunicado conjunto un calendario de "movilizaciones conjuntas" que arrancarán con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España, aunque de momento no especifican fechas para las protestas. Los representantes de ambas organizaciones piden a los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que "reflexionen y renuncien a llevar a cabo estos cambios, que únicamente llevarían a una mayor indefensión de los trabajadores que deben velar por la seguridad de todos los ciudadanos".
En el comunicado, SUP y AUGC lamentan la "grave situación en la que nos ha colocado el Gobierno y sus socios", por lo que hacen un llamamiento a todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles a manifestar una "unidad sin fisuras" en sus reclamaciones contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Las reuniones por la 'Ley Mordaza'
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado que no participará en la ronda de contactos con Interior para abordar el futuro del proyecto legislativo, dando plantón al ministro Fernando Grande-Marlaska. Lamentan que la gestión de la ley se haya llevado a cabo "de espaldas a los policías", sin contar con sus alegaciones o aportaciones, lo que ha provocado un "profundo malestar" entre los representantes sindicales: "Esta iniciativa perjudicará el trabajo policial de una manera considerable".
Así, en CEP consideran que "la aparición de fenómenos sociales vinculados al ocio, como el botellón, en los que claramente se emplea mayor violencia por algunos de sus protagonistas" o "la reiteración en la agresividad desplegada en algunas concentraciones y manifestaciones" y la existencia de unas cifras de ataques a policías "muy por encima de lo aconsejable en una democracia" son "claras señales de alarma que este Gobierno no solo no ha entendido sino que, en el mejor de los casos, ha malinterpretado u obviado por la conveniencia de la aritmética parlamentaria".
Asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional coinciden en una batería de puntos que consideran polémicos sobre la propuesta de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Entre ellos, que se derogue la prohibición de difundir imágenes que identifiquen a los agentes en los operativos. También que se permita la posibilidad de establecer manifestaciones sin previo aviso, siempre que haya un compromiso de que no desemboque en altercados, entre otros.
