Como cada septiembre, los partidos han comenzado a marcar su hora de ruta para el nuevo curso político que viene cargado de retos y marcado por la parálisis legislativa del anterior. Así, Pedro Sánchez ha comparecido hoy ante 150 agentes sociales para abordar puntos como la crisis migratoria, la financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado. Su socio de gobierno, la plataforma Sumar, decidió sin embargo adelantarse y ofrecer una rueda de prensa este lunes en la que marcar el inicio del curso político con un tono muy crítico con el presidente.
Sumar exigió al Ejecutivo del que forma parte que ponga en marcha acciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, admitiendo, por primera vez, que el Gobierno “está paralizado”. Así, la formación reclama al PSOE que saque adelante unas cuentas “que pongan fin a esta parálisis legislativa” fruto de “las distintas citas electorales” y el “inmovilismo de ciertos actores”.
Se trata de la primera vez que Sumar admite esta evidente parálisis normativa que ha caracterizado la legislatura actual del Congreso de los Diputados. Esta situación está afectando seriamente también a la implementación de directivas europeas cruciales para la mejora de las condiciones laborales, un estancamiento particularmente preocupante en el contexto de la Reforma Laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz.
Sumar exigió al Ejecutivo del que forma parte que ponga en marcha acciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, admitiendo, por primera vez, que el Gobierno “está paralizado”
Este estancamiento normativo puede provocar una de cumplimiento con la normativa europea con graves implicaciones para el futuro del mercado laboral en España. Un ejemplo reciente de inacción que pone en riesgo la estabilidad y los derechos de los trabajadores es La Directiva 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, debía ser incorporada a la legislación nacional de los Estados miembros antes del 1 de agosto de 2022. La Comisión Europea, en un esfuerzo por asegurar el cumplimiento de las normativas comunes, envió a España un emplazamiento en septiembre de 2022. Posteriormente, en junio de 2023, emitió un dictamen motivado que otorgaba a España un plazo de dos meses para transponer la directiva. A pesar de estas claras advertencias, el Gobierno español no cumplió con el plazo establecido, lo que resultó en un expediente y una amonestación formal por parte de la Comisión Europea.
Finalmente, el 6 de febrero de 2024, el Gobierno español aprobó el anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva 2019/1152. La tardanza en la aprobación de este anteproyecto, que introdujo cambios significativos en el Estatuto de los Trabajadores, destaca la falta de agilidad y eficacia del Gobierno en materia legislativa. Este retraso no solo tiene implicaciones legales, sino que también afecta la confianza de los trabajadores y empleadores en el sistema regulador laboral español.
Los cambios introducidos redundan en beneficio de los trabajadores al exigir el registro de jornada laboral de los trabajadores a tiempo parcial para evitar abusos y garantizar el adecuado pago de las horas trabajadas, establecer un preaviso mínimo de tres días para los cambios de horario en la jornada laboral o introducir sanciones para garantizar el cumplimiento de la Ley. Asimismo, se incorpora el Derecho a las condiciones de trabajo previsibles con la intención de reducir la incertidumbre y aumentar la seguridad laboral y se establece la obligación de informar por escrito de cualquier modificación en los elementos esenciales de la relación laboral, entre otras modificaciones.
Consecuencias de la inacción
Los grupos parlamentarios atribuyen esta paralización al choque que lleva meses produciéndose entre el área económica del Gobierno, gestionada por el PSOE, y el grupo de SUMAR. A lo que se añade el intento de restaurar el diálogo social con empresarios y sindicatos, que promueve el Ministerio de Trabajo, en contraposición con los acuerdos que se han suscrito en materia de Seguridad Social.
La tardanza en la implementación de la Directiva 2019/1152 se convierte así en un ejemplo claro de esta inacción, que no solo expone a España a sanciones económicas, sino que también afecta negativamente la confianza en el sistema regulador laboral.
La aprobación tardía del anteproyecto de ley para transponer esta directiva ha introducido cambios necesarios en el Estatuto de los Trabajadores y su implementación oportuna es crucial para garantizar que los trabajadores españoles puedan beneficiarse de estas mejoras. Sin embargo, la Comisión de Trabajo y Economía Social, encargada de velar por estas cuestiones y que está presidida por SUMAR -un partido que presume de promover la mejora de las condiciones laborales- no ha sido capaz de avanzar con mayor agilidad en la legislación necesaria para cumplir con las directivas europeas y proteger los derechos de los trabajadores y la competitividad del mercado laboral español en el contexto europeo.
