La Audiencia Nacional ha zanjado la polémica sobre la abogada que compartieron en el caso Villarejo el exlíder de Podemos Pablo Iglesias y la que fuera su asesora Dina Bousselham. La Sala de lo Penal ha sentenciado que no pueden compartir defensa letrada en este procedimiento en el que se indaga la sustracción y posterior difusión en prensa de la tarjeta telefónica de Bousselham. De este modo respalda el criterio del magistrado Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que atisbaron conflicto de intereses cuando se interpuso el recurso.
Con todo, la decisión de los magistrados de la Sección Tercera no tiene efectos reales en la pieza ya que, aunque en el momento de los hechos a ambos les defendía Marta Flor, ahora la situación es diferente. Por ello los magistrados concluyen que la exasesora de la formación morada puede seguir siendo defendida por la letrada de Podemos dado que Iglesias cambió de abogado. Ahora bien, aprueban el criterio que adoptó el magistrado el año pasado cuando el avance de la investigación apuntó a una posible responsabilidad del político en el destrozo del dispositivo telefónico.
Así lo explican en auto de este 26 de noviembre al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que desestiman el recurso presentado por la defensa de la exdirigente de Podemos y confirman las resoluciones de junio y julio de 2020 del instructor del caso Villarejo. No obstante, entienden que en la actualidad ya no hay “obstáculo” alguno para que Flor siga defendiendo a Bousselham en esta pieza décima de la macrocausa Tándem.
"La decisión estaba justificada"
“En la presente causa en el momento en que se dictaron las resoluciones recurridas, la decisión combatida estaba justifica en defensa de los intereses de las partes, pues mientras Dina Bousselham era perjudicada y víctima, por auto de 25 de mayo de 2020 se había revocado a Pablo Iglesias la condición de perjudicado y ofendido”, reza la Sala, la cual recuerda que cinco meses después de aquello el instructor del caso Villarejo envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se le investigase ante los indicios que apuntaban a su implicación en los hechos.
Entendía el instructor que de lo actuado se infería la existencia de indicios razonables de la participación de Pablo Iglesias en los hechos delictivos
La Sala de lo Penal se hace eco de algunos fragmentos de la exposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la que precisaba que la "única explicación posible" a partir de los indicios recabados para entender la inoperatividad de la tarjeta, era que los daños se produjeran mientras ésta estuvo bajo el poder de Iglesias. Cabe recordar que, del avance de la investigación se acreditó que el líder de Podemos recogió la SD de manos de los periodistas de Interviú a principios de 2016 y la retuvo en su poder hasta mediados de 2016, cuando retornó a su dueña. Para entonces, la tarjeta no se podía leer.
Con todo, la causa ha vuelto a dar un gran vuelco en los últimos meses. Para empezar, la Sala de lo Penal acabó dando la razón a Pablo Iglesias y le devolvió su condición de perjudicado al considerar que, con los indicios existentes no se podía acreditar que estuviera detrás del destrozo de la tarjeta. Del mismo modo, el Tribunal Supremo tampoco admitió la exposición razonada, sino que reclamó al magistrado que recabara más pruebas que sustentasen su acusación por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos.
A la par que el magistrado envió esta parte de la causa al Supremo (por la entonces condición de aforado de Pablo Iglesias) dio por zanjadas las pesquisas seguidas bajo su juzgado y propuso juzgar al comisario jubilado y a los periodistas implicados por revelación de secretos. Cabe destacar que Villarejo se convirtió desde el primer momento en el principal sospechoso de difundir en prensa los pantallazos que contenía el móvil sustraído a Dina en noviembre de 2015. Máxime teniendo en cuenta que este material se encontraba entre toda la documental que la Policía Judicial se incautó en su domicilio tras su detención en noviembre de 2017.
Sin embargo, el comisario jubilado siempre negó este extremo y dijo que llegó a recabar mucha documental de Podemos en el marco de una investigación por posible financiación irregular del partido la cual, curiosamente, se ha reabierto en este mismo juzgado a tenor de las confesiones de Hugo 'el Pollo' Carvajal. Además, dijo también que la persona que filtró dicho material a prensa fue la propia Dina Bousselham por despecho a su exjefe. Una versión que, en cierta medida, vino a corroborar José Manuel Calvente en calidad de testigo.
Pendientes del informe policial
El abogado purgado del partido y enemistado con Marta Flor sostuvo que nadie le robó el teléfono y que la tesis que se mantuvo fue diseñada por el equipo jurídico para aprovecharla en clave electoral. Por su parte, Bousselham e Iglesias han defendido en todo momento que esta fue una acción de la conocida como policía patriótica entendida dentro del marco de unas actuaciones impulsadas para perjudicar a Podemos y atribuirles falsariamente una financiación irregular.
La Sala de lo Penal ha ido resolviendo recursos en los que ha dado una de cal y otra de arena a los implicados en esta pieza décima del caso Tándem. Por un lado, ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a la propia Bousselham al acordar la reapertura de las diligencias para que se le vuelva a tomar declaración. La que fuera asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo insiste en declarar para exonerar a su antiguo jefe de cualquier culpa. Además, también se recabará el testimonio de su pareja, Ricardo Sá Ferreira, y del exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
Sin embargo, por otro lado, ha respaldado la decisión del magistrado instructor de impulsar un informe policial para esclarecer los motivos por los que la SD dejó de estar operativa y no se pudo recuperar. A esta diligencia se opuso Bousselham al considerar que no era necesaria la implicación de la Policía Científica y que la empresa a la que se envió el dispositivo (Recuperación Express) ya había dejado claro que se rompió por un exceso de lijado. No obstante, el instructor quiere contar con las conclusiones policiales antes de volver a citarle como testigo y reactivar de este modo las pesquisas.
