La causa contra Tsunami Democràtic sigue su curso pese a los ecos de una ley de amnistía que prevé anular todo lo relacionado con el procés. Tras la imputación de una docena de personas por delito de terrorismo (entre ellas Carles Puigdemont y Marta Rovira) el juzgado pone el foco ahora en Quim Torra, a quien la Audiencia Nacional valora citar como investigado.

Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli las cuáles explican que, aunque no es el momento procesal oportuno, se estudia su posible citación a futuro. El motivo reside en su implicación con los violentos cortes de la AP-7 impulsados por Tsunami en noviembre de 2019 y que provocaron colapsos kilométricos y terminaron en barricadas con fuegos.

Según relata el magistrado Manuel García Castellón en el auto en el que imputa a Carles Puigdemont y otra decena de personas, los hechos ocasionaron grandes daños a la vía, a la economía nacional y a diferentes empresas, las cuáles certificaron los daños en pérdidas de 15 millones de euros diarias. "También originaron un grave riesgo para la circulación y las personas. Si bien no se llegó a materializar este riesgo, no elimina el peligro que supone el uso de bigas, líquidos inflamables u otros obstáculos de análoga naturaleza", contiene el auto.

"Sintonía estratégica"

Al respecto recuerda que Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, acudió en persona a los cortes del día 12 de noviembre de ese 2019 y avaló la actuación de la plataforma radical. El magistrado habla de una "sintonía estratégica" entre los entonces dirigentes catalanes y las acciones violentas que ahora se investigan por delito de terrorismo.

"Ese día el presidente de la Comunidad en ese momento, Joaquim Torra, visitó el lugar de los hechos, tal y como de forma notoria recogen los medios de comunicación. La más alta representación del Estado en el territorio justificó la acción afirmando que no habría cargas de los Mossos contra los manifestantes, pese al perjuicio económico que se estaba causando, afectando de los derechos fundamentales de los usuarios de esta vía y el riesgo potencial para la vida de las personas que esta acción supuso", reza el auto.

Joaquim Torra visitó los cortes de la AP-7. La más alta representación del Estado en el territorio justificó la acción afirmando que no habría cargas de los Mossos contra los manifestantes

Con este caldo de cultivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional abre la puerta en su auto a una futura citación de Torra la cual, según las fuentes consultadas, se produciría en condición de investigado, no de testigo. "Este comportamiento cohonesta con la presunta asistencia del Sr. Torra a la reunión de Ginebra en la que se gestó la organización de Tsunami Democràtic, por lo que, con el avance de la investigación, debería valorarse su citación”, indica.

Torra y los cortes de la AP-7

Sea como fuere, el informe de la Guardia Civil que ha propiciado la cascada de imputaciones en estas diligencias también alude a Quim Torra. En concreto, se recogen conversaciones de imputados en las que se hace alusión a su conexión directa con su equipo de gobierno y a la facultad de influir en sus decisiones.

Al respecto, destaca una conversación entre el empresario Oriol Soler (encargado de la estrategia de comunicación de Tsunami) y Oleguer Serra (que se ocultaba detrás del alias 'Parecarbasse'). En la misma aluden a otra de las principales acciones que acometió Tsunami, relativa a la ocupación del aeropuerto El Prat el 14 de octubre de ese año, que se saldó con un perjuicio de 2,1 millones de euros.

Los interlocutores hablan de la necesidad de "bloquear el aeropuerto" y de que "todo el mundo" acuda a la marcha. De hecho, recurren a la entidad soberanista Òmnium Cultural para que "famosos y políticos" fueran al Prat. "Hemos dicho a Torra que rompemos relaciones con el Gobierno si no paran las cargas", reza uno de los mensajes. Al respecto cabe recordar que esta advertencia se produjo un mes antes de que Torra avalara en persona los cortes de la autopista.

Precisamente el informe de la Guardia Civil ha dado un impulso de calado a esta causa que se investiga en la Audiencia Nacional desde hace de cuatro años. Apenas días después de su presentación, el magistrado actuó de oficio e imputó a los cabecillas de este movimiento que desde su mismo nacimiento en agosto de 2019 ha actuado bajo la vigilancia continua de líderes de ERC y de Junts.

De hecho, el magistrado sostiene que se está ante un grupo muy jerarquizado y estructurado cuya finalidad principal fue la de "subvertir el orden constitucional" bajo el pretexto de luchar por la independencia de Cataluña. Por ello el instructor imputó a una decena de implicados en el movimiento, además de Puigdemont y Marta Rovira, a quien los agentes le atribuyen un rol de coordinación.

La causa apunta a la UE

Al hilo, encargó una batería de diligencias a la Guardia Civil, entre las que se encuentra la de investigar si el fallecimiento de un turista francés en El Prat el día que se produjeron las protestas en el aeropuerto, en aras a esclarecer si guarda relación con el deceso del ciudadano. Del mismo modo se da orden de identificar a un agente de la Policía Nacional que resultó herido en uno de los altercados impulsados por Tsunami.

Este movimiento del juzgado –que incluye además la citación como testigo de Arnaldo Otegi por los encuentros en Ginebra- abre la puerta a que la Unión Europea (UE) terminen pronunciándose sobre este asunto. Ello es así porque se prevé que la Audiencia Nacional curse el suplicatorio para pedir al Parlamento Europeo que autorice a Puigdemont a declarar en las diligencias.

El expresidente catalán, pieza clave en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez y fugado de la Justicia tras el inicio del procés, está aforado por su condición de parlamentario europeo. Por ello, el magistrado le ofreció comparecer voluntariamente, aunque se trata un escenario especialmente improbable; máxime teniendo en cuenta que sobre él pesa una orden de detención nacional. De ahí que el siguiente caso sea cursar el suplicatorio al Parlamento Europeo con la consiguiente información del contenido de las diligencias.

Polémica con la Fiscalía

Además, García Castellón avisa en su auto que la directiva del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2017 sobre la lucha contra el terrorismo sienta las bases para que los Estados miembros persigan este tipo de delito. La norma recoge en su punto tercero que los Estados miembro deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que actos como el que se investigan en estas diligencias "se tipifiquen como delito de terrorismo".

Se trata de un criterio que no comparte el Ministerio Fiscal, el cual lleva meses barajando pedir la inhibición a juzgados ordinarios al no contemplar el delito de terrorismo. Su criterio se ha visto envuelto en polémica en las últimas horas ya que se ha conocido la existencia de un escrito del 19 de julio, firmado por un fiscal ajeno al procedimiento que sustituyó a su titular, y en el cual se apreciaba la comisión de este delito ante la "gravedad" de los hechos investigados.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, corrigió su criterio a los pocos días dejando claro que se excedió en su informe y que se apresuró en su dictamen, el cual debía aguardar la presentación del informe final de la Guardia Civil. Se espera que el Ministerio Público, que ya ha anunciado que recurrirá la imputación de Puigdemont, actúe en consonancia y pida el traslado del caso a Cataluña.

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