La operación Lezo estalló el pasado miércoles con una decena de detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y la práctica de una veintena de entradas y registros. La dimensión política, mediática y empresarial de este caso de corrupción apunta a que superará en número de imputados y en relevancia a la trama Púnica y el caso Gürtel. Ha nacido, sin lugar a dudas, una nueva macrocausa en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, en un primer momento la dimensión de este procedimiento pudo ser menor si no hubiera sido porque la Sala de lo Penal de la Audiencia ordenó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Eloy Velasco, investigar en la misma operación Lezo la gestión que se hizo de la empresa pública de aguas el Canal de Isabel II cuando la Comunidad de Madrid estaba presidida por Alberto Ruiz-Gallardón.
Los hechos se remontan a noviembre de 2016, cuando el primer instructor de esta causa, el magistrado Alejandro Abascal –juez de apoyo de Velasco en el Juzgado Central de Instrucción 6- decidió abrir una causa nueva con las pesquisas del pelotazo dado en el Canal de Isabel II en el año 2001. El instructor entendió que no eran hechos conexos y que, por lo tanto, se debía investigar, por un lado, el presunto saqueo producido en torno a la empresa de aguas bajo la etapa de González y, por otro, la época en que el Canal dependió directamente de la gestión del equipo del exministro Ruiz Gallardón.
Pero aquella decisión fue recurrida en apelación por la Fiscalía Anticorrupción –los fiscales Camen García Cerdá y Carlos Yáñez- y la Sala de lo Penal dio la razón al Ministerio Público. A principios de año, el tribunal dictó un auto –cuando ya había asumido la instrucción el juez Velasco tras la marcha de su magistrado de apoyo- donde explicó que ambos periodos debían investigarse en un mismo sumario porque no era un problema de conexidad entre los hechos sino más de ampliación del número de investigados.
Así las cosas, Velasco mantuvo dentro del sumario de la operación Lezo las pesquisas sobre un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".
Moix quiso frenar los registros
A posteriori, se ha conocido que precisamente el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, trató de frenar los registros en la sede del Canal donde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) iba en la búsqueda de documentación sobre la operación por la que la filial latinoamericana del Canal pagó unos los 100 millones de euros aunque el valor de la mercantil era "muy inferior", concretamente, de unos 30 millones, según cifran los investigadores. Esa maniobra le costó a Moix una rebelión de la plantilla de Anticorrupción que invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y consiguió que los mismos se llevaran a cabo.
En el auto de prisión de Ignacio González, Velasco apuntó a que el expresidente madrileño conocía de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 "a través de determinados informes jurídicos" pero no lo denunció.
Fuentes del caso consultadas explican que esta rama de la investigación de la operación Lezo está aún en estado "muy embrionario" por lo que hay que esperar para saber si terminará salpicando o no directamente a Alberto Ruiz Gallardón. Ello dependerá en gran medida del análisis que la UCO lleve a cabo de toda la documentación de la que se incautó en los registros del pasado miércoles. No obstante, sobre esta parte de la causa, donde se investigan hechos de 2001, planea inevitablemente la sombra de la prescripción de los delitos.
