La Audiencia Nacional ha establecido que los presuntos delitos cometidos antes de 2004 por los integrantes de la trama de corrupción Púnica, liderada por Francisco Granados, no están prescritos. Así consta en el auto dictado este miércoles por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que ha decidido estimar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto del juez Manuel García Castellón que denegó la práctica de determinadas diligencias en relación con el posible enriquecimiento de algunos investigados a raíz de la modificación del PGOU del municipio de Valdemoro.
El juzgado había rechazado la práctica de las diligencias argumentando que, de existir delitos, estarían prescritos. La Sala considera pertinentes las diligencias solicitadas por la Fiscalía y entiende que no pueden considerarse prescritas, según consta en un auto de 11 de marzo difundido a los medios de comunicación.
El ministerio público consideraba que Granados y otros de los implicados habían tejido un "plan preconcebido" para lograr que algunos empresarios, que habían adquirido terrenos en el término municipal de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, se beneficiaran de pelotazos urbanísticos gracias a la recalificación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el expolítico del PP.
"Plan organizado"
Según explica el tribunal, los hechos objeto de investigación responderían a la existencia de un "plan organizado en cuya cabeza se encontraría el investigado Francisco Granados que una vez alcalde de Valdemoro antes de 2004, participaría en la venta de determinadas parcelas de dominio público a los impulsores deI nuevo PGOU de 2004, con el enriquecimiento consiguiente en detrimento de las arcas públicas", destaca el auto.
Además, la Sala entiende que las diligencias que quiere llevar a cabo Anticorrupción "deben considerarse pertinentes" porque, por un lado, los datos que ya obran en la macrocausa "hacen referencia a la existencia de una presunta actividad delictiva que se inicia y concreta en los años 1999 y 2000", por lo que las nuevas pesquisas sólo tendrían por objeto "profundizar en los datos incriminatorios ya existentes".
