La Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión de la juez que investiga a Plus Ultra de encargar un peritaje independiente sobre la compañía. El órgano acaba de dar la razón a la instructora, que en junio del año pasado dio luz verde a esta diligencia determinante de la causa para contar con un criterio externo que dictaminase si la aerolínea era o no merecedora de recibir una inyección de 53 millones de euros de fondos públicos.
Su decisión contó con el férreo rechazo de la Abogacía General del Estado, que entendió que con los informes del asesor financiero y legal de la SEPI era más que suficiente para concluir que cumplía los requisitos exigidos por el Gobierno. Siete meses después, la Audiencia Provincial de Madrid da la razón a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 razonando que esta diligencia, que provocó incluso el careo de todos los peritos implicados en la causa, va a permitir esclarecer si Plus Ultra era viable.
Así lo precisan en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que desestiman el recurso interpuesto por los Servicios Jurídicos del Estado. Aunque el peritaje ya es una realidad y está incorporado a la causa, los magistrados resuelven ahora que no van a anular el auto de la magistrada Esperanza Collazos del pasado 14 de junio porque contenía una motivación suficiente acerca de por qué era necesario que un experto ajeno a la causa estudiase las cuentas de la aerolínea.
"Es el objetivo de la instrucción"
"Justifican la decisión en la necesidad de la práctica de la diligencia de investigación acordada para esclarecer los hechos al considerar imprescindible la elaboración de una pericial técnica ajena a las partes sobre los datos incorporados a la causa a fin de contrastar sus conclusiones con las que obran en los informes aportados por la representación procesal de Plus Ultra, lo que permitirá tomar cabal conocimiento de la situación económica de la empresa y si cumplía con los requisitos exigidos para ser beneficiaria de tales ayudas. Ese es precisamente el principal objeto de la instrucción", reza el auto.
De hecho, los propios magistrados apelan a otro pronunciamiento previo, de diciembre del año pasado, cuando apuntaron que de la información estudiada en la causa había indicios de que Plus Ultra "no cumplía con varias de las condiciones" reguladas en el Real Decreto de 25/2020 para acceder a un rescate de 53 millones de euros. Al hilo expusieron que "existen serios indicios objetivos de que no era empresa solvente y de que se encontraba en crisis con anterioridad a la pandemia". Por ello instaron a continuar con la instrucción de esta causa en la que litigan como acusación popular Manos Limpias, PP y Vox.
Pese a ello, tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado (que representa al Consejo Gestor de la SEPI que respaldó el desembolso de la ayuda) se oponen a continuar con las diligencias. El Ministerio Público, de hecho, sigue pendiente de que la magistrada se pronuncie sobre su última petición de archivo de las diligencias. La solicitud la formuló tras escuchar a los peritos del juzgado y de la aerolínea en el careo celebrado en enero y que tuvo que anularse y repetirse por un fallo en la grabación.
Dudas sobre Plus Ultra
El Ministerio Público considera que en toda la instrucción de la causa no se ha podido acreditar la comisión del delito de prevaricación, ni malversación ni fraude de subvenciones. En relación con las discrepancias entre los peritos de la mercantil y los del juzgado, la Fiscalía entiende que son de índole contable y de criterio interpretativo, de manera que "en modo alguno pueden suponer una contradicción".
La Abogacía General del Estado, por su parte, también solicitó el archivo de las diligencias a la par que se opuso a la práctica del peritaje independiente. El juzgado, por contra, entendió que era "imprescindible" y lo encargó al despacho Martín Molina. Los expertos recogieron sus conclusiones en un informe en el que cuestionaron algunos aspectos que los asesores de la SEPI dieron por buenos a la hora de recibir el rescate.
En concreto, apuntaron a una posible incorrección en las cuentas del 2019 de 6,3 millones de euros; cuantía que Plus Ultra se anotó como beneficio por la venta de un avión. El informe concluyó que le llamaba la tención que se cancelase una deuda con bonistas de 8,9 millones de euros y se anotase un beneficio de 6,34 millones de euros mediante la venta de este avión cuyo valor neto contable es de 2,66 millones de euros.
Del mismo modo los peritos del juzgado mostraron sus sospechas sobre la naturaleza de un préstamo que la aerolínea recibió en 2017 de Panacorp y que canalizó en la isla de Dominica. De nuevo en este punto mostraron sus dudas acerca de esta línea de crédito ya que las condiciones pactadas implicaban que, de los más de 6 millones prestados, no se podrían utilizar 4 millones de euros.
Todas estas dudas llevaron a los peritos a concluir en el careo de enero que la aerolínea a cierre del ejercicio de 2019 estaba en causa de disolución; una tesis que repitieron en el juzgado el 29 de marzo. Frente a esa postura, los representantes de Deloitte y AC Advisory (asesor legal y financiero de la SEPI, respectivamente) insistieron en que, con la información analizada, no vieron causa alguna que les hiciera concluir que Plus Ultra no reunía los requisitos de elegibilidad.
