La investigación en la Audiencia Nacional al BBVA por sus encargos a Villarejo va a sumar información que, hasta ahora, estaba protegida en una pieza secreta. El juez que investiga los espionajes del comisario ha desbloqueado documental relativa a la salida del banco del expresidente Francisco González y de otros cinco exdirectivos, aunque ha decidido mantener bajo secreto datos como el sueldo y bonus de FG, alegando que es una información "íntima y sensible".
El magistrado Manuel García Castellón actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual entiende que, una vez cotejados los documentos estudiados de manera secreta, procede unirlos a esta línea de investigación del caso Villarejo. Eso sí, el juez fija unos límites para proteger la información privada sobre González y otros cinco exdirectivos, entre los que se encuentra el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano.
Precisamente, los detalles relativos a la salida de este último del banco dieron pie a investigar las condiciones en las que el resto de 'espadas' abandonaron la entidad; máxime teniendo en cuenta que se produjo en pleno estallido del caso Villarejo en 2018. Por ese motivo se abrió una subpieza separada bajo el nombre 'procesos de salida del BBVA' y se declaró el secreto de la investigación.
¿Bonus millonario para FG?
Ahora, en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez explica que procede incorporar el material a la causa, toda vez que se han practicado las diligencias que consideraban oportunas. El asunto afecta, además de Francisco González y Julio Corrochano, a los exdirectivos Ricardo Gómez Barredo (exmiembro del Comité de Dirección); Ignacio Pérez Caballero (exdirector de Banca Comercial); Javier Malagón (exdirector de Finanzas) y Eduardo Arbizu (exjefe de los Servicios Jurídicos).
En lo que respecta a FG, el magistrado autoriza unir a la pieza principal lo relativo a la carta de dimisión que envió a su sucesor y actual presidente, Carlos Torres, con la que se despedía de la presidencia de honor de la Fundación y del BBVA. "En dicha misiva no se contienen datos reservados, por lo que se acuerda su unión", argumenta el auto. Del mismo modo une las cuentas anuales del BBVA del ejercicio 2018, al tratase de una información pública.
Tanto el BBVA como el propio FG se negaron a informar de su salida del banco, que se produjo en pleno escándalo del caso Villarejo, por tratarse de un asunto "privado y sensible" que afecta a su "intimidad"
Sin embargo, el juez descarta dar acceso a las partes del certificado de retenciones e ingresos del IRPF de Francisco González del 2018. "Dicha información resulta sensible, personal, íntima y reservada, por lo que no ha de ser unida y dicho documento ha de ser devuelto a su titular", indica. Lo mismo ocurre con las retribuciones variables de González.
Al respecto, la abrupta salida de FG ha sido uno de los mejores secretos guardados en la investigación. Tanto el banco como su expresidente (ambos imputados por los encargos al comisario Villarejo) se negaron a informar a la Audiencia Nacional sobre este asunto, alegando que era información "privada y sensible" que nada aportaba a la causa. Al respecto se apunta que su salida abrupta de la entidad habría dejado en el aire el cobro de bonus por importe millonario. En concreto, de 7 millones de euros hasta 2023, según informó El Independiente.
En lo que respecta a Ricardo Gómez, Pérez Caballero, Arbizu y Malagón, se aportaron dos documentos: uno que constata sus salidas del BBVA entre 2019 y 2020 y otro sobre los finiquitos pactados a puerta cerrada. En relación a esto último, el juez mantendrá oculto a las partes la cuantías que percibieron por no ser de interés para la causa.
Los despidos por el caso Villarejo
"De lo que antecede se desprende que nos hallamos ante información relevante, ya que se explicitan los motivos de la salida de los exdirectivos y las razones a que obedecieron, si bien ello ha de ser tamizado por el principio de respeto a la privacidad e intimidad personales", reza el magistrado Manuel García Castellón.
Cabe recordar que estos seis exaltos cargos abandonaron el BBVA tras verse salpicados en esta línea de investigación del caso Villarejo, en el marco de la cual se indaga más de una decena de espionajes que la entidad encargó al grupo empresarial de Villarejo entre 2004 y 2017. Los investigadores sostienen que el banco se convirtió en uno de los principales clientes VIP al llegarle a abonar en su conjunto un total de 10,23 millones de euros durante ese tiempo.
En lo que respecta al proceso de salida del banco, el asunto se remonta a enero de 2023, cuando el juez ofició al BBVA para que aportara al juzgado "toda la documentación" relativa a "despidos, jubilaciones, prejubilaciones e indemnizaciones" efectuadas antes del 1 de marzo de 2018. El motivo inicial de esta solicitud reside en un correo electrónico anónimo recibido el 21 de diciembre del año pasado, apenas días después de la declaración voluntaria de FG en el juzgado.
La indemnización de Corrochano
El correo cuestionaba el motivo por el cual Anticorrupción no preguntó al banquero por la salida de Corrochano (señalado por todos como el artífice de los contratos con Villarejo) y apuntaba que detrás de todo había un acuerdo entre el exjefe de Seguridad y el banco para cobrar una indemnización de 900.000 euros.
Ello abrió la veda para que los investigadores pusieran el foco en las salidas de los directivos, por su vínculo directo con el caso Villarejo, aunque todos ellos se han negado a informar de la letra pequeña de su desvinculación del banco. El propio BBVA -imputado como persona jurídica- expuso que esta información afectaba al secreto del banco; unos argumentos que le valieron una reprimenda de Anticorrupción.
El objetivo de la Fiscalía y el juez es esclarecer quien está detrás de los contratos con el grupo empresarial de Villarejo. Desde BBVA se ha señalado al propio Corrochano y al exdirectivo de Riesgos, Antonio Béjar, el cual se desligó del resto de imputados y se ofreció a 'tirar de la manta' desde el estallido del caso.
El banco, por su parte, ha marcado distancias con FG, si bien éste aprovechó su segunda comparecencia en diciembre, para reivindicar que fue él y no Torres quien ordenó depurar responsabilidades tras enterarse de los contratos con Villarejo, entonces funcionario en activo.
