Se acumulan los problemas para el Partido Popular Valenciano. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha enviado al banquillo de los acusados a varios ex altos cargos de la formación de Mariano Rajoy así como a empresarios por la presunta financiación ilegal del PP en el marco de la trama Gürtel.
Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa -ex secretario General del PPCV- y Vicente Rambla. El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.
De la Mata sostiene en su auto que el PP se financió de forma dual con fondos en A y fondos en B "ajenos al circuito económico financiero oficial"
En un auto, de 63 folios, el magistrado se centra en la financiación del partido popular de Valencia entre 2007 y 2008 y, concretamente, acota el delito electoral a las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales del año siguiente para señalar que "cabe concluir en la posible existencia respecto de diversos actos de una forma de pago por parte del Partido Popular de carácter dual abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte, presuntamente, en dinero con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades presuntamente engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del Grupo)".
Contratos fantasmas
Además, De la Mata afirma que estamos ante "la posible existencia de pagos que siendo de cuenta del Partido Popular presuntamente abonarían determinadas sociedades (que en general se informa obtienen distintas adjudicaciones de las Administraciones públicas valencianas y singularmente de la Generalitat Valenciana) mediante contratos que presuntamente no tendrían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios que aparentemente documentan sino que servirían para rebajar el montante de débito que la referida formación política tenía con Orange Market SL que, con especial protagonismo de su gestor efectivo en Valencia Álvaro Pérez, era la persona encargada de organizar los actos y campañas del Partido".
Por otro lado, en el auto, el instructor otorga un papel preponderante al desarrollado por Costa. "La actividad económico-contable se desarrolló con intervención del Secretario General del PPCV (gestión ordinaria, ingresos/pagos) bajo supervisión de los órganos centrales del Partido, y tal función correspondía, en la organización regional, en los años 2007 y 2008, a Ricardo Costa, primero como Vicesecretario General con funciones delegadas por la Secretaría General y a partir de junio de 2007 ya como Secretario General del PPCV".
El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales
El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros. Por ejemplo, en el caso de Costa lo acusa de tres delitos electorales y otro de falsedad documental y le impone una fianza civil de 55.200 euros mientras que a Vicente Cotino -sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas- el juez le atribuye un delito electoral y otro de falsedad documental así como una multa de 40.133 euros.
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico, para el exvicepresidente de la Generalitat y ex diputado autonómico Vicente Rambla, para el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra; y para su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez. Para la entonces gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, solicita seis meses de prisión y 650 euros de multa.
