Los peritos del Banco de España encargados de valorar las tasaciones del Banco Popular han determinado que estos activos debieron presentar una valoración contable estimada en 135 millones de euros menos que la que reportaron en las cuentas de diciembre de 2016. De esta forma los expertos no solo analizan la repercusión en las cuentas de estas valoraciones, sino que también determinan que en el 88% de todo el muestro estudiado se utilizaron tasaciones no admisibles; bien porque no estaban homologadas o bien porque no son las adecuadas para el mercado hipotecario.
Así lo plasman en un informe remitido a la Audiencia Nacional y con el que dan respuesta a la petición formulada en septiembre de 2020 por el magistrado José Luis Calama Teixeira. En su pericial, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, explican que la finalidad no era hacer una tasación alternativa de los adjudicados, sino indicar si dan por válido o no su valor. Para ello han analizado un centenar de inmuebles adjudicados partiendo de la base de que el Banco Santander, en calidad de heredero del Popular, no habría remitido toda la documentación solicitada para realizar este trabajo.
Aunque los expertos reiteran que identificaron un déficit de provisiones de 471 millones de euros ante la revalorización de estos activos, también explican que con este trabajo no pueden dar respuesta a si en los ejercicios de 2016 y 2017 se manipuló la contabilidad con las tasaciones. Según razonan, es "imposible de determinar en esta pericia" en parte también porque no disponen del expediente completo que afecta a los 80.750 inmuebles adjudicados a 31 de diciembre de 2016.
El 26% de las muestras, sin tasar
Así pues, se han centrado en un centenar de inmuebles con valor superior a los 300.000 euros. Para un 56% de todos ellos el valor adjudicado no está respaldado por la normativa ECO, mientras que en 88 casos de todos los analizados el Popular utilizó tasaciones no admisibles. Tampoco dan por válidas aquellas tasaciones que, aunque se han realizado de acuerdo a la normativa nacional, no se han actualizado en el plazo legal establecido de tres años. Aunque lo que consideran "más grave" es que 26 del total estudiado no contaban con tasación alternativa. Ello les impide encontrar una estimación que pueda justificar su valor en libros.
"El hecho de que un informe de valoración de una sociedad no homologada sea superior al de una tasación que siga la metodología ECO no implica que dicho informe sea erróneo, pues es una valoración que puede considerar mejores expectativas de mercado. Lo que este informe pericial discute es el uso contable que se pudiera hacer de esta valoración por Banco Popular", precisan los peritos. Por ese motivo abren la puerta a admitir las valoraciones realizadas con metodología RICS, aunque abroncan a los gestores del Popular que no explicaran cómo influyó en sus resultados el uso de una metodología diferente.
Máxime porque este cambio se tradujo en algunas ocasiones en un incremento ficticio del valor de los inmuebles. "Tras el análisis se han observado multitud de errores, defectos y deficiencias, tanto cualitativas como cuantitativas, en el reconocimiento y valoración de los adjudicados en las cuentas anuales de 2016", concluyen. Además, tildan de "confuso y contradictorio" el lenguaje empleado en las cuentas anuales de ese ejercicio. Esto es así porque, aunque declaran en varias ocasiones el cumplimiento de la CBE, simultáneamente contemplan excepciones que no se ajustan a la normativa vigente.
El resultado fue, según concluyen, una revalorización de activos adjudicados por liberación de provisiones erróneamente registradas. "Las cuentas de 2016 no permiten concluir que el Popular aplicó de forma completa la Circular Contable del Banco de España, pues contemplan casos particulares, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de las tasaciones, que no se ajustan a la Circular, aunque sí sean admisibles dentro del marco NIIF-UE", dicen en referencia a las normas internacionales de contabilidad.
Cerco a las tasaciones
En contraprestación, los peritos del Banco de España aplauden que el Popular aceleró el proceso de retasaciones el primer semestre de 2017. La Circular 3/2016 exigía a todas las entidades completar la actualización de las valoraciones a más tardar a cierre de ese ejercicio, sin embargo la entidad aceleró el proceso. Eso se tradujo en una disminución del valor neto contable a 30 de junio de 2017 en la valoración de terrenos por un importe de 1.528 millones en comparación con el ejercicio anterior.
El objeto de estudio se ha centrado en los años 2016 y 2017 por ser los últimos del banco antes de su resolución que redujo su valor a cero euros. Los investigadores indagan desde el arranque de esta investigación penal en octubre de 2017 posible irregularidades cometidas en esos años que habrían precipitado la caída del entonces sexto grupo bancario de España.
Así pues, la ampliación de capital de 2016 o el capítulo de las tasaciones centraron las pesquisas hasta el punto de que en noviembre del año pasado el instructor imputó a tres directivos de segunda línea de la entidad por el conocimiento que tuvieron de la "presunta sobrevaloración de las tasaciones" y su impacto en la provisión de la cartera de créditos del Popular. Además, pidió de urgencia al Banco Central Europeo (BCE) el resultado de las inspecciones que realizó sobre estos activos inmobiliarios del Popular en aras a acreditar si se inflaron o no.
En contraposición a todo ello un informe de PwC contempla que no se alteraron estas valoraciones. La consultora analizó 10.000 tasaciones concluyendo que solo identificaron diferencias por 30 millones de euros (un 0,3 % del importe del valor neto contable de los activos adjudicados), según informó Efe. Además, expuso que un 95% de las tasaciones se realizaron por sociedades homologadas por el Banco de España. Una cifra que dista mucho de las conclusiones alcanzadas ahora por los peritos del supervisor en un este nuevo estudio remitido a la Audiencia Nacional.
