El Ministerio de la Presidencia, apenas cinco meses después del ataque de Pegasus al móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, amplió de urgencia el número de móviles de altos cargos del Gobierno y de la Administración que debían ser protegidos de un posible espionaje. Así se recoge en el pliego de descripciones técnicas del contrato de urgencia firmado por el Ejecutivo con Indra para ampliar el sistema de seguridad COMSec de 185 a 300 móviles de altos cargos del Gobierno. Indra es precisamente quien desarrolla COMSec, software destinado a proteger las comunicaciones de los equipos en los que se instala a través de la encriptación de las conversaciones.
Pese a que el Gobierno -a través del propio Bolaños y de la ministra portavoz- insiste en que no descubrió ningún pinchazo a móviles del Gobierno hasta la semana pasada, el contrato se cerró en noviembre de 2021, menos de seis meses después de que el teléfono móvil del presidente del Gobierno fuera hackeado el 19 y el 31 de mayo de 2021.
El pliego de descripciones del contrato de urgencia firmado por el Ministerio de la Presidencia, con Félix Bolaños al frente, fijaba la ampliación de licencias de COMSec para asegurar móviles de altos cargos, que pasarían de 185 a 300.
El pliego también refleja exactamente cuál es el cometido de COMSec: "El sistema COMSec permite a la administración disponer de un sistema seguro de comunicaciones sobre redes móviles no seguras proporcionando protocolos de seguridad muy avanzados con el fin de proteger la privacidad de los datos en circulación con encriptado certificado por el Centro Criptográfico Nacional abarcando voz, video, texto, archivos, conferencias y que es compatible con los sistemas centralizados de comunicaciones que gestiona la UTIC [Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones]".
Responsabilidad de Bolaños
El documento deja claro que es el departamento del propio Bolaños quien se encarga de la seguridad de estos móviles. "La Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia del Gobierno (el Ministerio a cuyo frente está Félix Bolaños) tiene asignada la
responsabilidad, entre otras, de suministrar, configurar y mantener los dispositivos y servicios de comunicaciones de los altos cargos de Presidencia del Gobierno y otras entidades".
El documento deja claro que es el departamento del propio Bolaños quien se encarga de la seguridad de estos móviles a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia del Gobierno
Además, certifica que "una de las tareas fundamentales es la atención del Servicio Especial de Comunicaciones para altos cargos de la Administración General del Estado, que implica la configuración y mantenimiento de los dispositivos móviles de estos usuarios. Entre los servicios prestados se encuentra el sistema de comunicaciones seguras COMSec desarrollado a medida para garantizar la confidencialidad de las transmisiones de voz y datos con un sistema de cifrado específico". Es decir, el contrato deja claro que el mantenimiento de los móviles es responsabilidad de Presidencia del Gobierno.
En su punto 4, el contrato detalla en sus especificaciones son los propios altos cargos de la Administración General del Estado los que reclaman "utilizar un sistema de encriptado de las comunicaciones" y que el sistema de Indra "permite a la administración disponer de un sistema seguro de comunicaciones sobre redes móviles no seguras proporcionando protocolos de seguridad muy avanzados con el fin de proteger la privacidad de los datos en circulación con encriptado certificado por el Centro Criptográfico Nacional (dependiente del CNI) abarcando voz, video, texto, archivos y conferencias".
El precio del contrato -negociado sin publicidad- fue de 38.700 euros al año, a razón de unos 337 euros por terminal móvil, con un mantenimiento a un coste de poco más de 29.900 euros. En total, la adjudicación tiene un coste de 106.672 euros desde el 15 de noviembre de 2021 y una duración de dos años.
Indra se compromete a "guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los
que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato" -del mantenimiento de los móviles de los altos cargos- "estando obligados a no hacerlos públicos y no enajenar ninguno de los datos que conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual".
RAFA PEREZ
"No queremos un Gobierno que nos mienta". ¡Pásalo!