Pedro Sánchez logró este miércoles en Bruselas el visto bueno de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para que España se endeude en 2021 por valor de 20.000 millones más de lo previsto y pueda adelantar así en los Presupuestos Generales del Estado los primeros proyectos de inversión verde y digital financiados a cargo de los 72.700 millones previstos para España en el Plan de Recuperación europeo.
A día de hoy, ni siquiera está claro que ese dinero europeo acabe llegando en 2021, pero la recuperación en España no puede esperar, admiten fuentes del Ejecutivo comunitario conscientes de las dificultades políticas del Gobierno español para sacar adelante unas cuentas públicas cruciales -si no lo logra la legislatura estará muerta-. Por eso, las autoridades comunitarias están decididas a quitar cualquier estorbo añadido.
Aumento del parque de energías renovables, apoyo a la generalización del coche eléctrico y sus infraestructuras, red 5G de Telefonía, eficiencia energética y rehabilitación de vivienda, digitalización de las administraciones y acceso a la nube ó Big Data, son algunos de los objetivos que se van a ver beneficiado de ese aumento de deuda susceptible de reembolso en el futuro.
El extraño viaje a Bruselas
Tras la suspensión el miércoles de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno por el positivo en Covid-19 de un escolta del presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, causó extrañeza y polémica que Pedro Sánchez mantuviera su viaje solo para reunirse con Von der Leyen y Gentiloni, pero fuentes gubernamentales y de la Comisión Europea explican que esas citas eran tan importantes como la propia cumbre: analizar salidas a la delicada situación financiera de España.
Happy to meet President of Spanish government @sanchezcastejon to discuss current issues. We will work hand in hand to ensure synergies to boost Spain’s recovery efforts with the help of #NextGenerationEU. I also presented our new Migration Package. pic.twitter.com/fmVBGTuJqn
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2020
Porque, antes de llegar al año próximo, el cierre de este ejercicio 2020 va a ser "muy complicado", dada la fuerte caída en la recaudación fiscal derivada del empeoramiento económico por el rebrote de Covid y la incertidumbre social, coinciden fuentes europeas y del Gobierno español consultadas.
Esa circunstancia, unida a que el dinero del Plan de Recuperación de la UE, en el mejor de los escenarios, no llegará antes de la segunda mitad de 2021 -debido al conflicto entre el Parlamento Europeo y el Consejo por la letra pequeña y el consiguiente retraso en los 28 parlamentos nacionales de la autorización-, está dificultando cerrar unl Techo de gasto que el Gobierno desearía presentar antes de "dos semanas".
El sistema que se va a usar es el mismo que el de los 21.000 millones del fondo SURE para sufragar los ERTE en 2020: Este viernes fueron transferidos por la UE, pero España ya se los había gastado en julio
"Son cifras que marean pero cuando las sitúas en el contexto de que el Reino de España ha emitido 300.000 millones de deuda este año y los ha colocado sin ningún problema, otra emisión sindicada por valor de 15.000 o 20.000 más no debe serlo", admite una fuente del Ministerio de Economía que dirige la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
De hecho, el método que se va a usar es el mismo utilizado con los 21.000 millones del fondo SURE para sufragar los ERTE: han sido transferidos por Bruselas al Tesoro este mismo viernes pero España ya se gastó el dinero en los primeros siete meses del año. Y le queda por gastar otra cantidad sensiblemente menor, para mantener a los 700.000 trabajadores quedan en esa especie de limbo laboral; sin contrato extinguido con su empresa pero cobrando del Estado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó el 6 de agosto que el año próximo habrá un Techo de gasto muy superior al vigente, para hacer frente a los efectos de la pandemia. Entonces no se conocía todavía la caída media de un 12% de la recaudación hasta julio; la cual obliga, o a un recorte sobre el gasto -porque el Ejecutivo ya ha aplazado a 2023 subir los impuestos- o a esta fórmula finalmente adoptada: una especie especie de crédito puente vía emisión de deuda, que permitirá llevar a cabo primeros proyectos del Plan de Recuperación en España.
Sánchez advirtió a Von der Leyen como líder del principal partido de la izquierda en el Parlamento Europeo, que se opone a la "condicionalidad" que pretenden el PPE, los 'frugales' y la socialdemocracia nórdica
Ahora ya solo queda que llegue el dinero comprometido en la cumbre de junio, los 72.700 millones, que todavía no está claro porque Holanda, Finlandia, Austria y el resto de los llamados países frugales están presionando para que se aumente la "condicionalidad" para que España e Italia, los países más beneficiados del fondo aprobado en la tormentosa cumbre de la UE en julio, acometan reformas: La de las pensiones o ahondar en la flexibilidad del mercado de trabajo que introdujo la reforma laboral del PP de 2012 y bajo ningún concepto derogarla, como pretendía inicialmente el Gobierno de coalición.
Y de eso también habló Pedro Sánchez con la presidenta de la Comisión y el Comisario de Economía, pero no en calidad de presidente de la cuarta economía del euro sino como líder del PSOE, el partido más importante en escaños del Grupo Socialista Europeo. Sánchez y, en general, toda la izquierda europea se opone al planteamiento de la derecha del PPE y de algunos correligionarios, como la primer ministra finlandesa, la frugal socialdemócrata Sanna Marin, a esa condicionalidad en la entrega de los fondos a los países del sur.
El papel de Úrsula Von der Leyen y Paolo Gentiloni va a ser crucial, en este sentido, porque son ellos quienes van a visar los presupuestos españoles, italiano, portugueses o griegos, antes de ser sometidos a la aprobación de los respectivos parlamentos nacionales, y quienes, a posteriori, van a dar el visto bueno a la lista de proyectos verdes y digitales susceptibles de recibir la subvención europea
Por eso, señala una fuente gubernamental española, el interés de La Moncloa en centralizar el reparto del dinero: se trata de no dar a Europa la sensación de que para España es un mero reparto de otra suerte de fondos de cohesión, como hace 30 años, a los cuales España ya no tiene derecho por ser contribuyente neto.
La pelea autonómica
En general, las comunidades autónomas socialistas apoyan esa estrategia de La Moncloa, pero, por ejemplo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, replica a Sánchez que la propia UE estableció en la cumbre de julio que el reparto se hiciera con arreglo a "renta per cápita, población y paro; que aquellos territorios con menor renta, más población y más paro, reciban más dinero". Y de ahí no se va a bajar, aseguran a este periódico fuentes de la Junta de Andalucía.
El presidente de la pujante en términos industriales y de servicios Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, matiza esta visión con el argumento de que "al final, los proyectos aterrizan en los territorios. Se trata de crear grandes proyectos de digitalización, sostenibilidad y resiliencia con cogobernanza y cooperación público-privada".
Algo que matiza su compañero de filas y presidente de la rural y menos industrializada Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando señala que esa centralización en La Moncloa de la gestión de los proyectos "estará bien si se hace para cohesionar el país y se escucha a las comunidades autónomas".
