El Partido Popular se ha quedado con cara de sorpresa al conocer la cuantía del fondo de transporte incluido en el polémico real decreto del Gobierno con el que se han rebelado un buen número de municipios, al pedirles que ingresen a Hacienda 'de forma voluntaria' sus ahorros con la promesa de devolverles el dinero en diez años.
Los ayuntamientos del PP fueron los primeros durante la pandemia en reclamar que dicho fondo, con el que se quiere paliar las pérdidas sufridas en el servicio público por culpa de la covid-19, estuviera dotado con 500 millones de euros. Sin embargo, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, les instó a doblar la apuesta para presionar al Ejecutivo de Sánchez.
De esta forma, la FEMP planteó al Gobierno que el fondo ascendiese a 1.000 millones de euros, para luego subir la apuesta hasta los 1.725 millones. "Fue Caballero el que presionó a los ayuntamientos del PP para que la cifra inicial que habíamos pedido en el seno de la FEMP, unos 500 millones, la incrementásemos notablemente", subrayan fuentes populares a Vozpópuli.
Las negociaciones de las últimas semanas no sirvieron de mucho pues el Ejecutivo de Sánchez acabó rebajando la cuantía de dicho fondo a 250 millones, una cifra "irrisoria" a ojos del PP tras conocer en el BOE las condiciones del préstamo voluntario de los remanentes que se acordó con la FEMP.
Esta asunción por parte del Gobierno del pago de los intereses, que las entidades locales tienen que abonar a las entidades financieras por tener depositados sus remanentes, también es considerado como el "chocolate del loro" pues apenas alcanza al 0,5% de los 5.000 millones de euros que incluye dicho fondo.
La "rebelión" de los alcaldes
El Ejecutivo transformó este martes el polémico acuerdo con la FEMP en un decreto ley que tendrá que ser derogado o convalidado en el Congreso de los Diputados. Según defiende el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, esta fórmula permite que las entidades locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir déficit público, cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Constitución.
Pero en el PP advierten de que este último compromiso de Hacienda ya estaba incluido en el pacto con la FEMP y que lo único que pretende es desviar la atención ante la "rebelión" de los alcaldes de todas las tendencias políticas, desde consistorios vinculados a Podemos como los de Barcelona o Cádiz, a los de Madrid y otras capitales de provincia controlados por el PP. También han mostrado su oposición ediles de ERC, PNV y hasta socialistas como el alcalde madrileño de San Sebastián de los Reyes o la presidenta de la Diputación de Teruel.
"Se han pasado de frenada, se encuentran en un callejón de salida ante una rebelión que les ha sorprendido. El PSOE se ha quedado solo", enfatizan las citadas fuentes, quienes recuerdan que el principal partido de la oposición exige a La Moncloa que retire el real decreto, so pena de que lo tumben en el Congreso durante la tramitación parlamentaria.
En este sentido, el PP considera discriminatorio que más de 3.000 ayuntamientos, el 40 por ciento del total, se vayan a quedar fuera del fondo de 5.000 millones por tener remanentes negativos, creándose de esta forma consistorios "de primera y de segunda". "El PP quiere que puedan entrar al fondo de reconstrucción municipal tanto ayuntamientos con deudas como los saneados. Y que se recupere todo el mundo", subrayan.
"Los fondos son finalistas"
Además, la formación de Pablo Casado lamenta que el Gobierno diga a los ayuntamientos en qué se pueden gastar el fondo. Desde la lucha contra el cambio climático y la movilidad sostenible a la compra de vehículos eléctricos, políticas contra la violencia de género o actividades culturales.
"Hay ayuntamientos con ahorro que a lo mejor quieren construir escuelas infantiles. O ayudas para educación. Todo eso queda descartado en el real decreto. Los fondos son finalistas, no son de libre disposición", concluyen desde Génova.
