España

El Tribunal Superior de Canarias suspende el protocolo de Clavijo para la acogida de menores inmigrantes

El TSJC accede a la petición de suspensión de la Fiscalía Superior de Canarias al entender que "concurren circunstancias de especial urgencia"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, mantienen una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo EP

El Tribunal Superior de Canarias ha acordado suspender de manera cautelarísima el Protocolo recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados aprobado por el Ejecutivo de Clavijo hace unos semanas. El tribunal accede así a la petición registrada por la Fiscalía Superior de Canarias al entender que "concurren circunstancias de especial urgencia que legitiman la adopción de la medida interesada".

En su recurso, el Ministerio Público defendía que se "vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño". En consecuencia, solicitaba la suspensión de dicho protocolo de actuación al entender que su ejecución "supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la Comunidad Autónoma".

Sin entrar en el fondo sobre la legalidad del protocolo aprobado por el Gobierno canario, a Sala de lo Contencioso Administrativo advierte que "no se incluyen entre las disposiciones incorporadas el protocolo territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio" de las actuaciones aprobadas por el Gobierno de Canarias. "Por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibildad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del protocolo", recoge el auto.

Sánchez lanza al Consejo de Estado y al TC contra Clavijo

El protocolo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias pasa por no aceptar en sus centros de acogida a más menores si no han sido correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega. Para el Gobierno central este protocolo se extralimita a la hora de imponer obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vulnera el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Por su parte, Clavijo plantea abrir un debate jurídico y exige al Estado que ofrezca centros de asistencia inmediata donde poder hospedar a los niños hasta que termine su proceso de identificación. El presidente de Canarias pide colaboración por parte del Gobierno de Sánchez y ha criticado que, lejos de ayudar y cooperar, lo que ha hecho es "amenazar" con recurrir al Tribunal Constitucional o dar instrucciones a la Fiscalía.

Y es que, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha activado la maquinaria para recurrir al Tribunal Constitucional si Clavijo y los suyos no cumplen con los protocolos establecidos con anterioridad. El Consejo de Ministros ha solicitado al Consejo de Estado un informe con carácter urgente ante un posible ''conflicto de competencias'', este sería el primer paso para plantear un recurso ante el órgano de garantías presidido por Cándido Conde Pumpido.

Negociaciones para un pacto migratorio

Este mismo miércoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la próxima semana se reunirá con el PP y el Gobierno de Clavijo para intentar dar una solución a la crisis migratoria que viven las islas y a la acogida de menores no acompañados. En los últimos días parecía que las negociaciones para el pacto migratorio se habían paralizado, sin embargo, los de Feijóo han informada de un cambio de postura del Gobierno que iría encaminado a sacar adelante el pacto.

El ministro Torres, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y Clavijo mantuvieron una reunión en Madrid el pasado 12 de agosto en la que alcanzaron un "principio de acuerdo". Este consistía en que cuando los centros superaran el 100% de su capacidad y hasta el 150%, las comunidades autónomas atenderían a esos menores "haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado".

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