Publicado: 03/08/2024 04:45
El sector privado de la dependencia pasa de puntillas sobre la actividad asistencial a la inmigración. De hecho, este es un asunto singularmente sensible Canarias: en tres décadas de actividad han sido las ONG y las fundaciones las encargadas de subcontratar muchos de estos servicios, mientras el sector se ha venido manteniendo al margen. También prevé hacerlo respecto a los centros habilitados para atender los contingentes de menores no acompañados (menas) que se concentran en las islas.
Este mes de agosto se cumplen 30 años de la llegada de la primera patera a Canarias: dos saharauis con una bandera del Frente Polisario. En estas tres décadas han llegado a las islas cientos de miles de migrantes pero, desde el punto de vista administrativo y legal, el calendario sigue estando en el 29 de agosto de 1994 (fecha exacta de la arribada): los contratos de servicios se formalizan sin apenas controles al estar vinculados a situaciones de emergencia, como son las llegadas pateras.
En Canarias, el Estado aborda estas emergencias en materia de infraestructuras con la sociedad pública Tragsa, mientras que la atención social es responsabilidad de la Cruz Roja con cargo al Fondo Social Europeo.
Mientras la Cruz Roja trata de paliar la faz más acuciante del drama inmigratorio, no aborda otras urgencias en las islas. "Ojalá que algún día podamos dedicarnos a nuestra vocación, que para eso estamos aquí, como ayudar a personas mayores o atender ahora los problemas de los jóvenes con los suicidios", dice un integrante de la entidad.
Un negocio tabú
En estas tres décadas apenas han surgido ONG locales dedicadas a atender a los inmigrantes: siempre son peninsulares. Se trata de un tema tabú en el archipiélago solo roto cuando, por ejemplo, se produce una denuncia de la Fiscalía sobre el mantenimiento de centros como recientemente en Lanzarote, gestionada por una fundación en preconcurso de acreedores.
Las ONG no siempre cuentan con una capacidad técnica a la altura, lo que lleva a estas entidades a subcontratar los servicios, salvo a las grandes del sector porque estas no quieren implicarse para no ver comprometida su reputación. Solamente en la atención de menas, las entidades no lucrativas facturan 17 millones de euros al mes, sin contar con los gastos de escolarización, que esos van a cuenta directa de la Administración autonómica. Pero aquí el meollo no solo está en los menas, sino también en los inmigrantes adultos.
"Nos matarían en las redes"
¿Cómo llega a gestionar en Canarias la atención a migrantes una fundación sin web y opaca? Cosas de funcionarios. ¿Por qué no entran las empresas privadas para que las ONG se dediquen a atender otras muchas necesidades? "Para evitar daños reputacionales", confirma la directiva de una empresa peninsular del sector, que insiste: "Si pedimos entrar para reducir el gasto de la intermediación, los activistas nos matarían en las redes y una empresa cotizada como la nuestra no se puede permitir eso".
Hay un precedente en las antípodas: en 2017, Ferrovial compró la australiana Broadpectrum para gestionanar centros de inmigrantes en las islas de Manus y Nauru. Allí, la empresa adquirida mediante una opa prestaba servicios de atención social, seguridad y mantenimiento, con los mayores estándares de calidad y centrados en mejorar las condiciones de vida de estos solicitantes de asilo o refugiados. Pero las ONG se les echaron encima. Y desistieron.
Efecto en cadena
Y es que el problema de las ONG es que tienen activistas evangelizados con su credo de solidaridad y cuando llegan los letrados de los Colegios de Abogados a los centros de migrantes se encuentran que éstos recién llegados piden ser tratados como asilados. Esto último genera en cadena otro efecto: el inmigrante que ha pedido asilo no puede salir del Reino de España porque se está tramitando su derecho legal a ser refugiado, un mínimo de cuatro años periodo de tiempo dada la saturación del sistema judicial español frente a los siete meses de Alemania, por ejemplo. "Si estos centros estuviesen en manos de empresas directamente, los inmigrantes sufrirían menos" puesto que "realmente, debería ser al revés: la gestión de los centros debería ser competencia de las empresas de los centros y la subcontratación social, de las ONG". Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) se señala que no pueden opinar de un servicio que desconocen porque solamente atienden centros de mayores.
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Aunque el artículo está bien, no nombra otros muchos problemas con los qe tendrán qe lidiar las organizaciones o licitadores. Presupuesto y financiación pública insuficientes, problemas laborales con sus trabajadores, inseguridad jurídica sin precedentes. Resumen, que lo gestionen los comunistas d sumar, podemos, socialistas y todos estos, que a los demás nos da la risa y los ciudadanos q se lo traguen con papatas por haberlos votado
Qué poco "solidarios" que son....Sin pasta ,igual se acaba la peste.
Las milenarias leyes del mar exigen ayudar a los náufragos. Acuarius, mantas, brújula y proa al sur. Lo demás son cuentos chinos.
Lo siento pero el artículo debería ser sobre el ENORME NEGOCIO que la asistencia a estos miles de inmigrantes ILEGALES suponen para cientos de empresas que nos cuestan MILES DE MILLONES.
No entiendo porqué la prensa no aire esta REALIDAD en lugar de hacer articulitos contándonos cosas que realmente NOS LA PELAN.
Que los metan en un campo de concentración custodiado por el ejercito previo a su expulsión.
Efectivamente, y con jornadas laborales de DIEZ HORAS limpiando montes, desbrozando caminos, haciendo algo útil para PAGAR SU MANUTENCIÓN. Y el que quiera que vivan sin pegar ni palo, como hacen hasta ahora, QUE LOS MANTENGA ÉL. Esto no es "solidaridad", esto es LADROCINIO.