Tras la polvareda política que ha suscitado en España el caso de Canet, el señalamiento de un niño y su familia por parte de los independentistas por pedir el 25% de las clases en castellano, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, de Ciudadanos, ha decidido dar un paso más. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, capitaneada por el irlandés Michael O'Flaherty, examinará lo que ha ocurrido en Cataluña. Pagazaurtundúa ha pedido a esta institución europea que asesore de forma independiente al Gobierno para evitar la "estigmatización" institucional en la comunidad autónoma.
La eurodiputada ha enviado una carta a O'Flaherty en la que señala que la Unión Europea debe reaccionar ante la "estigmatización del disidente" por parte de las instituciones, en referencia a la actitud que mantuvo la Generalitat respecto al caso. "El adoctrinamiento y la vulneración de derechos fundamentales de los niños por parte de los secesionistas catalanes deben generar una reacción europea", ha reivindicado la dirigente de la formación en la misiva remitida a la institución europea.
En este sentido, ha recordado que el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) prohíbe toda discriminación por razón de lengua y, a su juicio, este precepto se incumple de manera "sistemática" en Cataluña, "en especial en la escuela y la universidad".
La también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior ha explicado en la citada misiva que la Justicia ha reconocido que debe ofrecerse al menos el 25% de español en las aulas y que, sin embargo, la Administración catalana "no lo cumple y se ha declarado en rebeldía, sin que el Gobierno central haga nada para evitarlo".
Acoso amparado por el Govern
En esta línea, le ha trasladado que la familia de la localidad barcelonesa que reclamó el cumplimiento de la sentencia para su hijo de cinco años está siendo objeto de "un movimiento de acoso, aislamiento y ataques por parte de otros padres de la escuela, bajo el amparo de una parte de la clase política y de las autoridades regionales".
Asimismo, Maite Pagaza ha censurado que la Administración regional competente no solo "se niega a acatar" las resoluciones de los tribunales, "sino que también está protegiendo y alentando una campaña de acoso e intimidaciones de índole nacionalista excluyente contra las familias" que quieren que sus hijos puedan recibir clase en las dos lenguas cooficiales constitucionalmente.
En esta clave, la europarlamentaria ha asegurado que los sucesivos gobiernos de Cataluña "llevan décadas desarrollando una estrategia política en detrimento del español", al tiempo que ha señalado que la lengua se utiliza como "elemento de construcción identitaria de tipo excluyente".
En sus palabras, "imponen" el catalán como única lengua en la que realizar trámites con la Administración, "eliminando" el castellano de los medios públicos y estableciendo el conocimiento del catalán como "requisito excluyente para el acceso al empleo público".
En el ámbito educativo, ha criticado que "impedir" la educación en castellano en las escuelas es "uno de los eslabones de la cadena que neutraliza, de facto, los derechos fundamentales de miles de familias", pero especialmente "grave por tocar a los derechos de los menores", ha enfatizado.
Por último, ha concluido insistiendo en que la Agencia proceda a recoger y analizar información relativa a la situación descrita porque "es evidente" es evidente la vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).
